La absolución a los imputados sospechados del abuso sexual y el femicidio de Lucía Pérez ha generado un repudio absoluto por las redes sociales, volviendo a ponerse en debate la situación de los derechos de las mujeres en Argentina, y el rol que ha cumplido en los últimos años la casta política gobernante a la hora de cajonearlos, obstaculizarlos y negarlos.
Por Johana Gómez – Referente provincial del PTS – Frente de Izquierda
En los últimos días, se conoció la noticia de que los acusados por el abuso sexual y el femicidio de Lucía Pérez fueron absueltos por la Justicia bonaerense en un fallo polémico, marcado de una enorme impunidad.
El repudio absoluto por la decisión del Tribunal no se hizo esperar, explotando las redes sociales y poniendo nuevamente en debate la situación de los derechos de las mujeres en nuestro país, cajoneados, obstaculizados y negados por los distintos gobiernos, sean cambiemitas o peronistas.
La discusión nacional en torno a la legalización del aborto libre, seguro y gratuito, que culminó con la no aprobación de la ley por parte del eclesiástico y anti-democrático Senado de la Nación, generó grandes divisiones por arriba en los partidos del régimen (PJ en todas sus variantes, UCR y PRO) entre quienes portaban el pañuelo verde -hipócrita y demagógicamente, claro está- y quienes vestían con el pañuelo celeste y se mostraban con el Papa Francisco.
Sin embargo, tales divisiones discursivas, no fueron ni son tales cuando si comenzamos a poner bajo la lupa las políticas de sus gobiernos en lo que hace, por ejemplo, a la NO adhesión al Protocolo Nacional del Aborto No punible o, en el caso del kirchnerismo, al haberse negado a tratar y sancionar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) siendo que la misma Presidenta de la Nación era Cristina Kirchner (una mujer) y como si fuera poco, teniendo mayoría propia en el Congreso Nacional.
Tampoco existieron ni existen tales diferencias (entre cambiemitas y peronistas) si comenzamos a ver los magros presupuestos gubernamentales (menos del 0,2 %) destinados a programas sociales que tienen como objetivos combatir la violencia de género, brindar asistencia legal, psicológica y económica a las víctimas, construir refugios, y llevar adelante acciones relacionadas con la salud sexual y reproductiva.
Es que macristas, radicales y peronistas se ponen de acuerdo a la hora de darle mayor importancia al pago de la deuda externa, a cumplir los acuerdos con el FMI y a mantener intactos los privilegios -de todo tipo- de la Iglesia Católica. Para sus referentes y dirigentes políticos, la vida y los derechos de las mujeres y de las personas LGBTTTIQA+ pasan a segundo plano, es decir, al tacho, a comparación de los intereses de los especuladores, del gran empresariado y el clero.
La ESI, también al cajón parlamentario
En el mes de Septiembre, las presidencias de las comisiones de Educación y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Congreso Nacional convocaron a debatir modificaciones al Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) aprobado en 2006, bajo la gestión kirchnerista.
Esta ley, si bien tuvo muchos aspectos progresivos, terminó por reconocer a las instituciones religiosas como “agentes educadores”, no estableció el carácter laico de la educación sexual y, además, dejó librada a la voluntad de cada gobierno provincial adherir o no la normativa.
El resultado de ello es que, doce años después de su sanción, menos de la mitad de las provincias han adherido a la norma, muchas otras lo hacen de manera limitada o confusa, y otras directamente imponen la educación religiosa en las escuelas públicas. Es más, bajo el gobierno de Cristina Kirchner se derogó la ley 1420, de «Educación Común”, por lo que desde entonces no hay leyes nacionales que protejan el carácter laico de la educación y cada provincia está en condiciones legales de introducir a la religión como actividad y como contenido educativo.
Solamente las bancas del “Frente de Izquierda y los Trabajadores”(FIT) con Nicolás Del Caño y Myriam Bregman a la cabeza, vienen planteando que se discuta la ESI en el Congreso Nacional y en las legislaturas provinciales, para revertir estas graves falencias que dejó la década kirchnerista en materia educativa. El resto de los bloques parlamentarios, bajo pedido explícito del gobierno de “Cambiemos”, está cajoneando que el dictamen de las mencionadas comisiones llegue al recinto para ser tratado.
Pintarse la cara color… celeste
Una vez más, las cúpulas eclesiásticas y sectores políticos “celestes” demuestran tener bancada en el Congreso Nacional. Hace poco, lanzaron la reaccionaria y medieval campaña “con mis hijos no te metas”, cuyo eje principal es rechazar la educación sexual de carácter laico y respetuoso de las diversidades sexuales e identidades de género en los establecimientos educativos.
Los bloques parlamentarios cambiemitas acordaron no abrir ningún debate que enfrente a “verdes” y “celestes” en el recinto, para no reeditar las divisiones internas que tuvieron cuando se discutió la IVE. A esta lógica, se sumaron bloques peronistas que ya hacen costumbre el seguidismo a las definiciones que bajan del ejecutivo nacional. También los bloques kirchneristas están cajoneando la iniciativa que impulsa la izquierda, a tono con las últimas declaraciones de la ex mandataria Cristina Kirchner que llamó a la unidad entre pañuelos verdes y celestes.
Con este intento de cajonear la re-discusión de la ESI por parte de los bloques mayoritarios, nuevamente se les da un espaldarazo a la Iglesia Católica y a las iglesias evangelistas que ya lograron en su momento impedir la legalización del aborto. Pero, eso no es todo.
Mientras la casta política gobernante intenta lograr su “unidad” de cara a las próximas elecciones, miles de mujeres y personas LGBTTTIQA+ sufren en carne propia la violencia de género, cientos de mujeres y personas gestantes mueren a causa de los abortos clandestinos, miles de niñas y mujeres adolescentes son madres temprana e involuntariamente y no han finalizado sus estudios primarios ni secundarios, y cientos de mujeres siguen muriendo por año producto de los femicidios.
La situación actual de los derechos de las mujeres, la impunidad de los casos de femicidio como el de Lucía Pérez, los abortos clandestinos y la injerencia religiosa en las políticas educativas y sanitarias, son consecuencia directa de un Estado cuya laicidad resulta ser inexistente.
Por ello, la demanda que plantea la real separación de la Iglesia Católica y el Estado cobra más urgencia y vigencia que nunca para el movimiento de mujeres actual.