Sindicatos y movimientos sociales protestaron en las principales ciudades contra el proyecto que amplía la posibilidad de subcontratar trabajadores sin vínculo laboral directo. Ya fue aprobado por la Cámara baja.
Los sindicatos de Brasil y movimientos sociales marcharon el miércoles en varias ciudades de 24 de los 27 estados del país contra la polémica ley de tercerización del trabajo, defendida por las patronales y cuyo texto base ya fue aprobado por la Cámara de los Diputados.
Las mayores movilizaciones tuvieron lugar en San Pablo, la ciudad más poblada del país, donde a primera hora de la mañana salieron a las calles profesores universitarios, mientras que durante la tarde se concentraron los sindicalistas.
La sede de la Federación de las Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP), la principal patronal brasileña, fue epicentro de una de las principales concentraciones, en la que unas 1.300 personas, según la Policía Militarizada, se reunieron con carteles y golpearon y quemaron algunos muñecos.
Las figuras personificaban al presidente de la FIESP, Paulo Skaf; al titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha; y al diputado opositor y líder sindical, Paulinho da Silva, apuntados como los principales impulsores de la polémica ley.
En el Largo da Batata, en el central barrio de Pinheiros, otras 3.000 personas se concentraron al comienzo de la noche y marcharon para encontrarse con la primera manifestación.
El proyecto de ley 4.330, cuyo texto base fue aprobado la pasada semana por la Cámara baja, amplía para todos los sectores la figura de la tercerización del empleo, con lo cual autoriza a las empresas a contratar servicios de terceros hasta para la actividad final que prestan las propias compañías.
Hasta el momento, la tercerización es autorizada para actividades no específicas de las empresas contratistas, como limpieza, transporte y seguridad, pero de acuerdo con la ley, ahora, una universidad, por ejemplo, podría contratar bajo ese régimen a profesores o una aerolínea a sus pilotos.
Tras aprobación del texto base, la Cámara comenzó a detallar el martes el proyecto de ley y aprobó que las empresas públicas y las sociedades de capital mixto sean excluidas de la tercerización, lo que fue celebrado por el gobernante Partido de los Trabajadores de la presidenta Dilma Rousseff, quien se opone a la ley.
El resto de las enmiendas serán debatidas la próxima semana, ya que la sesión prevista para el miércoles fue aplazada por el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha.
La jornada de protestas fue promovida por la Central Única de los Trabajadores (CUT), la mayor del país, y apoyada por otros gremios sindicales y grupos sociales de izquierda como el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) y el Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST).
Asociaciones de magistrados laboralistas también repudiaron la iniciativa, que, según estadísticas de los sindicatos, permite que las empresas le paguen al trabajador tercerizado un valor en un 24 % menor al entregado al empleado en relación de dependencia.
El proyecto aún tiene que ser debatido en el Senado y puede depender del veto de la presidenta Rousseff, quien afirmó que la nueva ley no puede «afectar los derechos de los trabajadores».
Según los organizadores de las protestas, la jornada no fue de huelga sino de movilizaciones y paralizaciones para discutir en asambleas y en ambientes de trabajo la nueva normativa.
En total, según la CUT, se realizaron movilizaciones en 24 de los 27 estados del país, una de ellas con gran participación de trabajadores en el polo industrial del municipio de Betim, en la región metropolitana de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.
La protesta, según la Federación Nacional de Portuarios, contó con asambleas sorpresivas en los puertos de Río de Janeiro, Santos, Belem, Río Grande (Río Grande do Sul), Vitoria, Salvador y Recife.