El 11 de diciembre la justicia se pronunciará acerca de la responsabilidad de la empresa automotriz Ford Motors en el secuestro y los tormentos a dos docenas de delegados de los trabajadores de su planta en General Pacheco. Con los alegatos de las querellas que el tribunal oral federal 1 de San Martín escuchó el lunes 12, se acerca a su culminación uno de los hitos fundamentales en el proceso argentino de Memoria, Verdad y Justicia. Su importancia está a la altura del juicio a las juntas militares de 1985 o las causas por los crímenes cometidos en la ESMA, Campo de Mayo, el Cuerpo de Ejército de Córdoba o el circuito Camps en La Plata. Será también la primera vez en el mundo que la conducta de una de las grandes multinacionales sea sometida al escrutinio judicial. Los tribunales de Estados Unidos ya rechazaron una denuncia presentada por los trabajadores argentinos de Ford Motors. En el actual contexto político y económico, bajo la conducción del mismo sector empresarial al que pertenece Ford y ante el intencionado silencio de los medios nacionales, esto es una proeza de la voluntad y el compromiso. El Cohete a la Luna es el único medio que ha cubierto cada audiencia desde el comienzo del juicio. Esto nos valió la recriminación de la abogada defensora de uno de los acusados, Adriana Ayuso, quien solicitó al tribunal que censurara la publicación aquí de los dibujos de José Eliecer sobre ella. Ayuso parece coincidir con quienes creen que Macrì es la dictadura, porque de otro modo no se entendería esta pretensión descabellada. Los jueces respondieron que lo tendrán en cuenta, alguna vez.
La abogada de esos trabajadores, Elizabeth Gómez Alcorta, distribuyó en la sala un guión de lo que sería su alegato. Comenzó precisando que ellos y sus familias esperan justicia desde hace 42 años y 9 meses, lo cual mide tanto los obstáculos que encontraron como su indeclinable voluntad de superarlos. Los jóvenes obreros de entonces son ahora septuagenarios, que han perdido el pelo pero no la memoria y que participan de las audiencias con entusiasmo juvenil. Ellos entienden a la perfección lo que está en juego, pensando en el presente y el futuro de la Argentina.
En el debate sólo se juzga la actuación o la intervención de tres de los responsables de esos graves crímenes: el general de división Santiago Omar Riveros, jefe de la Zona de Defensa de Campo de Mayo, quien ya fue condenado en otros juicios, por el plan Cóndor, la maternidad clandestina que funcionó bajo su jurisdicción, el secuestro y asesinato de Diego Muniz Barreto o el homicidio con crueldad inenarrable del adolescente Floreal Avellaneda; el gerente de Manufactura de Ford, Pedro Muller, quien era la máxima autoridad de la planta en ausencia de su presidente; y el jefe de seguridad de la planta, Héctor Sibilla, un militar retirado que luego de su desempeño en Ford pasó a ejercer tareas similares en la embajada de los Estados Unidos. Los trabajadores sólo acusaron a los gerentes de Ford.
Su ex presidente Nicolás Courard y su ex gerente de Relaciones Laborales, Guillermo Galarraga, murieron sin haber sido investigados “por una administración de justicia deficiente y reacia a la pesquisa” sobre funcionarios de una multinacional. En un pasaje emotivo, Gómez Alcorta nombró a muchos de los trabajadores que también murieron antes de tener su día en la Corte, para hacerlos presentes en la sala, colmada de sobrevivientes, sus familiares y organismos de derechos humanos.
Tampoco dejó pasar que uno de los jueces “de un día para el otro no vino más al debate sumando angustia y desconcierto”. Se refería al ex presidente del tribunal, Diego Barroetaveña, quien luego de ocho meses de audiencias abandonó su cargo para asumir como juez de la Cámara Federal de Casación Penal, con indignante desprecio por las víctimas. El tribunal quedó integrado entonces por Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano y por el cuarto juez, que reemplazó al tránsfuga, Eugenio Martinez Ferrero. “Este, como todo proceso político, solo pudo y puede ser colectivo”, dijo la abogada, algo que sus defensores aprendieron de esos obreros, agregó.
Hoy como ayer
Aunque ya se pronunciaron más de 210 sentencias, con más de 850 condenas por crímenes de lesa humanidad, este juicio brinda la posibilidad única de analizar también responsabilidades empresariales, cuando “volvemos a enfrentar la desmesura de políticas que atacan el espíritu solidario en cada rincón, en cada organización, en cada institución, en cada barrio, en cada persona, de nuestra sociedad. Políticas que vuelven a dejar en medio de la intemperie más atroz a cada trabajador/a, convertido en un emprendedor sin derechos, sin compañeros, sin trama colectiva que lo sostenga”. Por eso “es tan sanador haber oído el relato de las historias más nobles y genuinas de la actividad gremial, de las conquistas laborales alcanzadas, de la simpleza de sus posiciones frente a un enemigo impiadoso. Tenemos una enorme responsabilidad no sólo frente a los 24 trabajadores cuyos casos acá buscan justicia sino frente a toda la clase obrera. El desafío que se les presenta a ustedes, los miembros del Tribunal, como operadores del derecho, es poner en práctica el medio más adecuado para reparar el dolor de las víctimas, que es lisa y llanamente ahondar en el carácter reparador que debe tener el derecho y transmitir un mensaje a la sociedad argentina toda”. El derecho, añadió esta docente que enseña en el turno noche de la Universidad Nacional de Buenos Aires a estudiantes que trabajan durante el día, como lo hizo ella misma un cuarto de siglo antes, debe ser entendido “no sólo como posibilidad de castigo sino también como construcción de verdad”. Estos jueces tienen “la oportunidad de devolverles a las víctimas, como sugería Benjamin en sus Tesis de Filosofía de la Historia, su lugar constitutivo en el proceso histórico. Acá escuchamos la verdad y ahora necesitamos justicia”.
Para llegar hasta aquí, fue necesaria mucha militancia y mucha pasión.
El plan sistemático
La causa 13/84 en la que fueron condenados los ex comandantes de las Fuerzas Armadas describió el plan criminal creado desde la cúpula del aparato estatal. Las Directivas secretas del Ejército 222 y 226, de 1976, y 504, de 1977, organizan las operaciones en el ámbito fabril, como explicó en su testimonio la historiadora Victoria Basualdo, que investiga acerca del movimiento obrero y sus logros en los años previos al golpe y la feroz y desnuda represión ejecutada por quienes usurparon el poder el 24 de marzo de 1976. Su objetivo era “despolitizar y recluir a la ciudadanía a lo privado, para normalizar un momento de la historia que se percibía como amenazante para el orden social vigente, a la vez que llevar adelante una profunda modificación en el proceso económico y social. Para ello instauró como política el Terrorismo de Estado, que sembró el país de campos de concentración, secuestros ilegales, torturas, asesinatos en masa, fusilamientos, robo de niños y niñas, saqueos de propiedades y bienes y la conmoción del tejido social en su conjunto, cuyas consecuencias a nivel individual y colectivo padecemos aún en la actualidad”. Bajo el nombre de subversión, los agentes represivos se propusieron exterminar todo tipo de resistencia política, sindical, social, cultural y contra las injustas estructuras socio-económicas dominantes. La particularidad de este caso es que la detención ilegal, el traslado tabicado, la tortura sucedieron en el lugar de trabajo, salvo seis casos. Las Fuerzas Armadas llegaban acompañadas de empleados de la empresa Ford, y las víctimas eran conducidas al mismo quincho de la planta, apenas cubierto por una lona, que funcionó como centro clandestino de detención, tortura y muerte a plena luz del día, a la vista de todos. A diferencia de los demás que funcionaron en el país, este operó sobre territorio privado.
La finalidad de este proceder ostensible era que todos lo vieran, para aterrorizarlos. El quincho se construyó por el reclamo obrero en los años previos al golpe de 1976. Cuando vinieron los militares cambió todo. Hasta ocuparon los vestuarios, y armaron camas y catres, donde dormían. En el quincho aparecieron televisores, equipos de comunicación, cocina. También se vedó el aceso a las canchas de fútbol, ocupadas por las tropas. Ya no se pudo jugar ni comer asado allí.
“Imagínense el impacto de los trabajadores que veían que se estaba secuestrando a un compañero delante de ellos y debían bajar la vista y continuar sus labores, para luego saber que esos trabajadores no volvían más a trabajar y se desconocía su paradero”, explicó Victoria Basualdo.
De los 24 secuestrados, 23 eran trabajadores de la planta de Pacheco, salvo uno que había renunciado unos meses antes, y en su mayoría delegados sindicales. Diecisiete fueron secuestrados en su puesto de trabajo y todos ellos torturados en los quinchos. Permanecieron un tiempo detenidos-desaparecidos hasta que fueron blanqueados, puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y trasladados a diferentes unidades penitenciarias.
En tres décadas de un poderoso proceso de organización obrera, se afianzaron conquistas significativas. En el marco de la profundización del desarrollo industrial, el movimiento obrero se había convertido en un actor central de la política del país. Dentro de los establecimientos laborales, había logrado una organización que le permitía defender su posición y sus derechos frente a la autoridad empresarial y el orden productivo que buscaba imponer. La lucha sindical de base dentro de la propia Ford, las conquistas obtenidas y la confrontación política y económica, fueron relatados en el debate por varios delegados que habían conseguido aumentos salariales, reducción en los ritmos de producción, medidas de seguridad e higiene y que padecerían la venganza social de Martínez de Hoz, que tan bien describió el politólogo Guillermo O´Donnell, y que Victoria Basualdo sintetizó con los datos de la distribución funcional del ingreso nacional. En 1974, los asalariados participaban en un 48% del ingreso nacional, gracias al papel que cumplían los trabajadores en la producción y el consumo de bienes, a las estrategias de organización que habían desarrollado. Pero en 1982 esa participación se había desplomado al 22%.
Ford y la valorización financiera
La planta de Pacheco, que el tribunal y las partes recorrieron el 2 de octubre, fue erigida en 1961, en el contexto de la industrialización por sustitución de importaciones impulsada por el presidente desarrollista Arturo Frondizi, y en 1963 comenzó con la fabricación del Ford Falcon. Esa visita fue fundamental para comprender por qué los directivos de Ford decidieron mancharse las manos con sangre.
El economista e historiador Eduardo Basualdo realizó en el último medio siglo una tarea de investigación sobre el funcionamiento de la economía argentina, de importancia equivalente a la de Raúl Scalabrini Ortíz en el medio siglo previo. Al declarar como testigo de concepto, describió el giro impreso por la dictadura cívico militar al régimen de acumulación de capital, que dejó atrás la Industrialización por sustitución de importaciones, por la valorización financiera. Esto implicó la Reforma Financiera aplicada en 1977 (parte de cuya apoyatura legal está todavía vigente) y el juego de especulación entre las tasas de interés interna y externa que se vuelve determinante, el rol del Estado en la toma de la deuda pública y el régimen de seguros de cambio que permite a los privados transferir sus deudas a todos los argentinos. El estado financiaba esa fuga, tal como ahora. A la vez, Basualdo detalló cómo, en un período de enorme caída de la industria, y en la que empresas de capital extranjero cerraban y se repatriaban –como General Motors en 1978, seguida luego por otras firmas— Ford crecía. Pese a que el núcleo central de la desindustrialización y de la repatriación de capital extranjero fue la producción automotriz, el crecimiento de Ford se debe a que fue uno de los principales conglomerados económicos de base industrial que se adecuó a la etapa de la valorización financiera.
Desde 1977 baja la cantidad de obreros ocupados y crece la productividad de la mano de obra y las horas trabajadas por obrero. “En 1979 y 1980, Ford llegó a ubicarse como la segunda empresa de mayores ventas del país y la primera entre las que pertenecen a inversores extranjeros, situación que no tiene precedentes ni se repetirá”. Durante esos años, Ford Motors Argentina también “se ubica como la subsidiaria con mayor rentabilidad en el mundo de la casa matriz Ford Motor Company”, expresó Basualdo. Los trabajadores contaron en el debate el incremento en la velocidad de la cinta de montaje, para incrementar en un 50% la producción, de 80 a 120 unidades por turno de ocho horas y las consecuencias que esto tuvo para la salud, con frecuentes hernias de disco. Tampoco estaba permitido detener la línea por ningún motivo.
Luego de esta introducción estructural, Gómez Alcorta cedió la palabra a su colega Tomás Ojea Quintana, relator de Naciones Unidas para Corea del Norte, quien conoció lo sucedido por azar, cuando llevó su auto al taller mecánico de Pedro Troiani, el primer despedido de Ford, cuyo recurso inicial a la justicia fue rechazado por prescripción. Una vez que Ojea Quintana pasó minuciosa revista a las evidencias colectadas sobre cada uno de los 24 casos, Gómez Alcorta describió los lugares de detención a los que fueron derivados los trabajadores luego de las sesiones iniciales de tortura en la propia planta: las comisarías de la provincia de Buenos Aires en Ingeniero Maschwitz y Tigre; las cárceles de Devoto y La Plata del Servicio Penitenciario Federal, y la de Sierra Chica, del Servicio Penitenciario Bonaerense. Luego pediría que también fueran investigados los funcionarios que cumplían funciones allí.
Cosas que pasan en la vida
Durante un cuarto intermedio Troiani aguardaba en un pasillo, cuando avanzó hacia él Pedro Muller, para quien la querella pidió 25 años de prisión efectiva en una unidad penitenciaria federal como partícipe necesario de los delitos de privación ilegítima de la libertad y de tormentos agravados.
Durante la audiencia, tanto Muller como Sibilla miraban todo con cara de pocos amigos. Los trabajadores y la custodia policial se pusieron en alerta.
Muller se acercó y saludó:
—¿Te acordás de mí, cuando estábamos en reparación final y empujábamos los autos para que salieran?— preguntó el directivo, que hoy tiene 86 años.
—¿Cómo no me voy a acordar de usted? La pena es encontrarse en esta instancia, porque acá pasó algo tremendo y estamos en un juicio— respondió el trabajador, de 77. Entonces tenían 44 y 35.
—Son cosas que pasan en la vida –minimizó Muller.
Dos vidas muy distintas.
En ese momento se acercó otro trabajador. Muller preguntó quién era. “Tortuga Sánchez, que era delegado de Estampado”, informó Troiani.
—Se ve, por la espalda que tiene. En Estampado había trabajo pesado. Vos sos chiquito — comentó el ex gerente, cuya estatura supera un metro ochenta y cinco.
—Muller, cómo nos dieron, la verdad es que no tuvieron compasión— terció Sánchez.
—Pero a mi me pusieron una bomba— argumentó Muller.
—Si, pero afuera, porque adentro no había problemas— replicó de inmediato Troiani.
—No, no— admitió Muller.
Mientras los jueces llamaban a reanudar la audiencia, un compañero le dijo a Troiani que él lo hubiera escupido.
—Se lo hubiera merecido. ¿Pero te imaginás lo que hubiera sucedido? Hubiéramos quedado nosotros como agresores— repuso Troiani, ducho en tomar decisiones difíciles bajo presión sin equivocarse.
Los excesos que en realidad eran derechos
Al reanudarse la audiencia, Gómez Alcorta señaló que las directivas militares hacen “explícita referencia a la reunión de directivos con el Ejército y a la confección de listas negras”. Esos documentos mencionan las pretensiones de la patronal y del propio Ejército respecto del “reordenamiento de las relaciones laborales” para “eliminar excesos”, es decir derechos adquiridos.
En 1977 el Ejército aún consideraba las operaciones en el ámbito industrial “como una de las actividades prioritarias de la Lucha contra la Subversión” y llamaba “fuerzas amigas” a “los empresarios consustanciados con el Proceso de Reorganización Nacional”. Algunos se pasaban de amigos. El Estado Mayor del Ejército alertó a los comandos zonales y otras autoridades militares que empresarios poco escrupulosos podrían aprovechar la dispuesta eliminación de personal de las instalaciones fabriles “para expulsar a determinados operarios indisciplinados, aun cuando no hayan participado en actividades subversivas”. Frente a ello, se exigía “evitar la comisión de injusticias con aquellos elementos no subversivos que solo se encuentran comprometidos en la acción sindical”. A lo mismo aluden los documentos desclasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos: la principal causa de denuncia de trabajadores por parte de los patrones era su desempeño como activistas gremiales, consignó el 14 de junio de 1978 el documento “Disappearance of ceramics workers in 1977”. Un mes antes del golpe, el 22 de febrero de 1976, el presidente Courard declaró al New York Times que “los terroristas no son sólo las guerrillas”, que también “están acá mismo en la línea de ensamblaje, amenazando a los trabajadores y diciéndoles cuánto tienen que producir cada día”. En el Acta de directorio del 27 de junio de 1976, Courard manifestó el “gran beneplácito de la empresa” ante el golpe, y las “medidas y modificaciones que se han ido operando”. El Acta del 14 de abril añade que la depresión en la actividad productiva en 1975 se debió a “la vigencia de la Ley de Contrato de Trabajo”. Un año después, el acta del 5 de abril de 1977 afirma que la mayor tranquilidad social y laboral imperante “permitió incrementar significativamente el nivel de productividad y lograr una drástica reducción del ausentismo”. En 1979, el mismo Courard declaró en televisión que para “controlar la producción algo tuvo que hacerse”, aunque no haya sido “la mejor manera” fue necesario para ordenar la situación y “asegurar la tranquilidad”. En su opinión, “las Fuerzas Armadas hicieron un excelente trabajo para devolver la tranquilidad a la Argentina”.
Ese acuerdo entre Ford y las Fuerzas Armadas puso de relieve un manifiesto interés empresarial en destruir la representación gremial en la fábrica que resultaba molesta para sus intereses. El ataque a la organización sindical de los trabajadores y su expresión más cercana y celular, los delegados de fábrica, se complementó con las manifestaciones peyorativas, tanto de los captores militares como de las direcciones empresariales contra el rol gremial, más allá de la persona específica. Los directivos participaron de la solución de estos obstáculos completando el acto del secuestro con el despido.
Meses antes del golpe, ya las fuerzas del Ejército “que realizaban tareas de control urbano, venían a la Ford a cargar nafta y a comer”. La situación cambió cualitativamente con el golpe de marzo de 1976. “Ford se transforma en un lugar sitiado”, como agregó Propato. “Había militares dentro de la fábrica, en el vestuario, en todos lados”, dijo su compañero Eduardo Pulega. Pedro Troiani aseveró que “había hasta tanquetas y sobrevolaban helicópteros”. En la Puerta 1 estaba “la guardia de Ford con los militares”, que también controlaban las plantas de producción. Todo esto fue reconocido también por el apoderado y miembro de la asamblea de accionistas, Juan Carlos Parmigiani, y por el supervisor Luis Pérez, que trabajaba bajo el mando del alto directivo imputado y fallecido Guillermo Galarraga.
Las listas negras
Ford entregó a las fuerzas militares la lista, los legajos y las fotos de los trabajadores a ser secuestrados. Cuando Arcelia Luján Ortiz inquirió por los motivos de la detención de su marido, Ismael Portillo, el coronel Antonio Francisco Molinari, Subdirector de la Escuela de Ingenieros en Campo de Mayo, quien interrogó a la mayoría de los trabajadores y recibió a sus esposas, le respondió: “Vos desde el primer día me acusaste como el responsable. Yo quiero mostrarte algo (…); sacó un papel blanco de un cajón, vi el logo de Ford y una larga lista, (…) me lo pone en la mesa y me dice que se lo dio Ford para que los chupáramos”. Cuando Adolfo Núñez le preguntó en la Comisaría de Tigre por qué lo habían detenido, Molinari le respondió que “también lo quisiera saber yo”, y algo similar dijo el comisario de Maschwitz. La ficha de identificación de José Pastor Murúa como operario estaba en las manos del capitán del Ejército que le alumbró la cara con una linterna para verificar si era el que le habían indicado. Las credenciales de Juan Carlos Ballesteros y Juan Carlos Amoroso estaban en la Brigada de Tigre. Yandlet vio a militares ingresar a la oficina de Personal y retirarse con carpetas y portafolios. Dijo que “de otra forma no podrían saber a quién detener”.
Además, Ford proveyó abundantes recursos materiales que evidencian un compromiso absoluto con la misión y el método represivo. Esto incluyó la alimentación de los efectivos militares, que comían en el comedor reservado a trabajadores y empleados, donde “no entraba gente extraña”. Los trabajadores pagaban su comida, pero ellos no.
El ex soldado conscripto Jorge Berguier recordó que durante los controles vehiculares en la ruta Panamericana para “detener subversivos”, el oficial a cargo les decía que Ford colaboraba con el régimen y había que agradecerle: “Se comía muy bien, era una fiesta para los soldados”, señaló. Los testigos también contaron que los camiones del Ejército “venían a cargar combustible en la Puerta 1”. Se movilizaban en autos de la empresa y los secuestrados eran trasladados en camionetas F100 de la planta. Pero además Ford les entregaba automóviles para uso del Ejército fuera del territorio fabril. “Salían Falcon sin identificar de ahí, salían sin patentar y se los llevaban los militares”, añadió Troiani. El Falcon verde es el emblema de una época sombría.
La estructura represiva se valió de las lógicas de dirección y mando que la empresa organiza para llevar adelante la producción, tal como las describió en su testimonio el sociólogo Federico Vocos. No se trataba de una fábrica más, sino de una firma internacional, creadora del sistema productivo que transformó la producción de bienes a nivel mundial y que lleva su nombre. En el modelo fordista, ningún acto ni secuencia corporal queda librado al azar y se cronometra cada momento, en busca de la primacía de los tiempos productivos sobre los no productivos, ya sea para ir al baño, comer o descansar, con el consecuente incremento de la productividad, de modo de incrementar la ganancia. La autoridad tiene un conocimiento exacto de lo que debe hacer cada operario, asegurándose que ejecute su trabajo de la forma más rápida y económica. Esto exigía un nivel de planificación y control absoluto, mediante una estructura jerárquica y piramidal que implicaba controles funcionales y un alto nivel de coordinación, lo cual explica la intervención “de los directivos de mayor nivel de responsabilidad hasta de supervisores de planta y capataces, sincronizados para que al mismo tiempo que se produce la detención de los trabajadores en sus espacios laborales el orden en la producción no se vea alterado”.
Múltiples testimonios destacan el rol de los capataces y el de la seguridad interna de Ford y su jefe, para acompañar a las fuerzas militares en sus recorridos, controles y requisas, y también en las detenciones. Los propios capataces lo confirman, como Alfredo Yandet, del sector de Terminación de Chapa: “Resulta casi imposible que sin colaboración los militares supieran quien estaba trabajando y quien no, en qué sector trabajaba tal o cual persona, que se desplazaran por las calles y los límites de la fábrica sin restricciones”. Yandet contó que los militares llamaban a los capataces por su teléfono interno para que se presentaran ante la oficina señalada y una vez allí les ordenaban que les indicaran a los uniformados quien era el obrero que estaban buscando. El capataz Luis Roberto Lucioni recordó que un capitán del Ejército, acompañado de seis soldados, le preguntó quiénes eran Pedro Troiani y Conti. Cuando él los señaló, el capitán ordenó detenerlos. El supervisor Petignani llamó a Propato a pedido de un capitán que llegó con cinco soldados, y cuando se presentó lo detuvieron. El capataz comunicó lo sucedido a su superior, el Superintendente Luna. “Está bien, ya sabía”, le dijo, y luego llamó por teléfono, cree que para informar a su superior.
El Supervisor General de la sección de Pintura Carlos Demestri dijo que él entregó a Robledo y Pulega al señor superintendente, quien los llevó a la oficina de Personal de la planta. No volvieron nunca más.
Disparen sobre el delegado
El trato de los militares y de los ejecutivos no deja dudas de que el blanco eran los “delegaduchos o delegaditos”, como les decían a risotadas. A Sánchez, el capataz general Castiñeira le dijo: “Ahora tenés que empezar a trabajar, mandamos nosotros, se terminó la joda”. Cuando Sánchez preguntó hasta cuándo los tendrían en Tigre, el oficial del Ejército que lo interrogó le dijo que no sabía porque “la empresa los mandó presos”. También rompieron la puerta del cuarto de delegados y no dejaron ni las sillas. De Luis María Degiusti se burlaron: “Así que vos sos machito y defendés a las mujeres”, porque uno de los derechos conquistados en el comedor fue el respeto del “Día femenino”. A Jorge Constanzo mientras le pegaban le preguntaban “por qué no hacen huelga ahora”. Troiani contó que el mismo día del golpe, la dirección de la empresa convocó a los delegados y les dijo que “se acabó el sindicalismo” y que tenían que aumentar la producción. Cuando lo picaneaban, Guillermo Perrota mencionó los problemas en la fábrica y de inmediato uno de los torturadores, al que no había escuchado hasta el momento, respondió justificando la actitud de la empresa. Reconoció la voz de Sibilla, quien pedía que lo interrogaran sobre detalles específicos: las fotografías que Perrota tenía dentro de su auto, su participación en una manifestación en la planta de estampados, la vez que se trepó a un alambrado.
El 24 de marzo, Galarraga anunció a toda la comisión interna en la planta de Montaje que quedaban suspendidas las actividades gremiales. “Desde el día de hoy los delegados son los capataces, ustedes no tienen que intervenir en nada, porque la van a pasar mal”. “Sentimos pánico”, contó Troiani. Ballesteros recordó que en esa reunión, Galarraga aseguró que “Ford Motor Argentina paso a ser un objetivo y prioridad militar”. Desde ese día, la empresa se puso más dura, “los militares pasaban y se reían”. Galarraga los miraba de forma amenazante y les dijo: “Acá mandamos nosotros, están los militares y los vamos a meter presos. Larguen la paleta porque la pelota la tenemos nosotros”. Al delegado Amoroso le dijo que le mandara saludos a Camps, lo que provocó una carcajada del gerente Marcos. Amoroso preguntó quién era Camps y Galarraga sonrió:
—Ya se va a enterar.
La oficina de delegados fue cerrada y recién se reabrió en 1984.
Una fuerte prueba documental es la solicitud de la empresa a la inteligencia policial de medidas urgentes y necesarias para proceder con los despidos de los delegados. Así consta en el archivo policial que administra la Comisión Bonaerense por la Memoria. “Durante la conversación mantenida por personal de esta Delegación con la parte empresaria, recibe de boca de los directivos (de Ford) la inquietud sobre la urgente necesidad de medidas y/o legislación que permita a la patronal prescindir de personal, que por su actitud o conducta observada, resulte perjudicial o influya en el normal desenvolvimiento de las tareas, cosa que hasta la fecha se ve limitado por la Ley de Contrato de Trabajo”.
La responsabilidad de Muller y Sibilla
Para fundamentar la responsabilidad penal de cada imputado, Gómez Alcorta repasó la estructura piramidal de planificación, coordinación y control descripta por el experto Vocos, partiendo desde el Presidente, los gerentes –de producción, de seguridad, de personal—, los gerentes y superintendentes de plantas, los supervisores de sector, los capataces, los sub-capataces y los operarios, y ubicó dentro de ella a Pedro Muller y Héctor Sibilla.
Muller ingresó en 1960, y en 1985 ocupaba la Vicepresidencia de la firma, según la documentación aportada por Ford. Como gerente de manufactura, ya en el momento de los secuestros era responsable de la producción de toda la planta, en las distintas secciones de la fábrica y ocupaba el segundo lugar en la jerarquía empresarial. Según la respuesta de Ford al tribunal, Muller “era la autoridad de fábrica”. Cuando el presidente se ausentaba, Muller lo reemplazaba, como documentan los memos firmados en 1974 y 1976 por el estadounidense Foley y su sucesor en la presidencia, Nicolás Courard. El 3 de mayo, el 8 de noviembre y el 10 de diciembre de 1976 Courard firmó esa delegación de funciones a Müller. Esto fue corroborado por varios jerárquicos y por las actas de Directorio de 1976. Muller lo integraba y tuvo asistencia perfecta a esas reuniones, a las que asistían solamente el presidente Courard, el abogado y director Uriel O´Farrel y Müller, quien también participaba en las asambleas de accionistas de Ford.
Müller no era una persona de quedarse en su escritorio. Caminaba la fábrica, hablaba con los capataces, verificaba al final del día si se habían alcanzado las metas fijadas para la producción. Este doble rol lo ubica en dos espacios diferenciados: el de la toma de las decisiones de la empresa, y en las líneas de producción, en el control de los operarios y en la dirección de los supervisores y capataces.
El cordobés Sibilla, retirado del Ejército como mayor en 1962 luego de los enfrentamientos entre Azules y Colorados, y ascendido a teniente coronel en julio de 1976, tuvo a su cargo la Supervisión de Seguridad de la planta entre 1967 y 1987, cuando se jubiló y fue empleado de seguridad en la embajada de Estados Unidos. En su declaración indagatoria dijo que controlaba la entrada y salida de todo el personal y de visitas así como los vehículos de la empresa o privados. Para ello conducía la empresa de seguridad ORPI, contratada por Ford, que formaban ex integrantes del Ejercito, de la Armada, de Gendarmería y de Prefectura. Sibilla ejercía su jurisdicción sobre cada rincón del predio de Pacheco y compartía la mesa del almuerzo con Muller y Galarraga. Era el primero al que llamaban ante cualquier problema, hasta el más pequeño, como un obrero muy joven que intentó llevarse dos tarritos de pintura. Nada y nadie podía entrar o salir de la planta sin su autorización explícita. La perita experta de la Comisión Bonaerense de la Memoria, Claudia Bellingeri, narró que en el archivo existe un teletipograma de inteligencia que lista los jefes de seguridad de la diferentes empresa de la zona norte, en el que se menciona a Sibilla. Esto implica que formaba parte de la comunidad informativa creada para buscar y concentrar la información de inteligencia del Terrorismo de Estado. Su propia declaración indagatoria confirma que ejercía un dominio espacial en todas las plantas y zonas de la fábrica de Pacheco, y un control de todas las personas y vehículos que ingresaban y egresaban.
Este juicio también es histórico desde el punto de vista de la dogmática penal, ya que demuestra los aportes de civiles en crímenes de lesa humanidad, en el marco de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, y por lo tanto no prescriptibles ni amnistiables. “¿Pueden los civiles, y, más precisamente, los empresarios, ser autores de delitos de lesa humanidad?”, se preguntó Gómez Alcorta. “La respuesta es afirmativa, y fue dada hace más de 70 años”, en el quinto proceso de Nüremberg, cuando el Tribunal condenó al empresario Frederik Flick por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
Su empresa “se benefició con el régimen nacionalsocialista y colaboró activamente con él, al igual que lo hizo Ford en la Argentina con la dictadura cívico militar. La misma suerte corrió IG Farben en el sexto proceso. Las diferencias con el caso de Ford son fácticas, pero carecen de connotaciones jurídicas relevantes: Flick y los directivos de Farben se beneficiaron del régimen nazi para contar con trabajo esclavo, Ford se benefició de la dictadura argentina para eliminar a los delegados que impedían imponer el modelo disciplinario que la empresa pretendía”, explicó Gómez Alcorta.
Una lógica empresarial

Las fechas de las detenciones delatan una lógica empresarial, ya que la secuencia de secuestros se vincula con las secciones de la fábrica:
El 24 de marzo, dos trabajadores del Comedor de Montaje: Degiusti y Constanzo;
El 26 de marzo, Repossi que era de estampado, y al día siguiente Perrota, de administración.
El 28 de marzo, seis trabajadores de la planta de Estampado (Ballesteros, Cantello, Sánchez, Amoroso, Manzano, Murúa), todos fuera de la planta.
El 12 de abril otros dos trabajadores de la planta de Estampado: Gareis y Nuñez, pero dentro de la fábrica.
El 13 de abril cinco trabajadores, cuatro de ellos de la planta de Montaje: Troiani, Traverso, Conti y Propato, e Ismael Portillo, de Estampado (esta única incongruencia obedecería a la confusión con otro trabajador del mismo apellido).
El 20 de abril, Bocco y Groisman, de Administración.
El 21 de abril, Ávalos, de la planta de Montaje, que estaba enfermo hacia una semana, y Subaran, de estampado.
El 20 de agosto Pulega y Robledo, ambos de la planta de Montaje.
Esta no es la lógica represiva típica, “por organización, por importancia”, ni estuvo vinculada a “la extracción de información de unos para luego llevar adelante nuevas detenciones –como era usual en el Terrorismo de Estado—. En este caso ello no era necesario, porque el listado estaba confeccionado de antemano y las privaciones de la libertad fueron organizadas según los ámbitos laborales, no por otras razones”, afirmó la querella.
Victoria Basualdo mencionó en el debate una carta de Ford, en respuesta a las denuncias de participación en abusos en la Argentina durante la dictadura militar (http://www.business-humanrights.org/Documents/FordinArgentina=).
La propia empresa admite que en 1973 “hizo a las autoridades conscientes de la importancia de proteger la seguridad de sus más de 5.000 trabajadores, debido a las repetidas amenazas y ataques, que incluso causaron la muerte de algunos de ellos”. Más adelante expresó que a partir de marzo de 1976 “el Ejército argentino estacionó fuerzas dentro del sitio de la compañía, que hasta ahora había sido incluida en un área militar por las autoridades”. El mismo Sibilla, en su descargo, confirmó que era muy difícil detener a una persona en la amplia planta de Montaje, donde trabajaba muchísima gente. Agregó que “él conocía bien la planta (e igual) se le hacía difícil encontrar a una persona, más complejo sería para alguien que viniera de afuera y no conociera el lugar”. Es por esa dificultad que la colaboración de personal de la firma, como Muller y Sibilla, fue imprescindible, lo que los hace partícipes necesarios de los delitos.

La reparación simbólica
Uno de los aspectos más interesantes del juicio fue el pedido de la querella de reparación del daño provocado por el Terrorismo de Estado, que trasciende la esfera individual y personal de las víctimas de los delitos de lesa humanidad. De acuerdo con el Derecho Internacional de los derechos humanos, los trabajadores de Ford solicitaron medidas de carácter simbólico según los Principios aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2005. Como interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Loayza Tamayo vs. Perú”, las reparaciones no pecuniarias “son mucho más importantes de lo que uno podría prima facie suponer” y deben repensarse “desde la perspectiva de la integralidad de la personalidad de la víctima y teniendo presente su realización como ser humano y la restauración de su dignidad”. No trató de otra cosa todo este juicio.
Se trata de un derecho de naturaleza individual y colectiva, ya que toda la sociedad tiene el derecho a la verdad, al recuerdo y a la memoria. El ex Presidente de la Corte Interamericana, el internacionalista brasileño Antonio A. Cançado Trindade, escribió que aunque el mal cometido no desaparece, las reparaciones “tornan la vida de los familiares sobrevivientes quizás soportable”, porque demuestran que “el mal perpetrado no ha prevalecido sobre la perenne búsqueda de la justicia”. Esto tiene al mismo tiempo un potente efecto social para el futuro de la sociedad victimizada. El proceso de Memoria, Verdad y Justicia impulsado desde la sociedad bajo distintos gobiernos y en distintas circunstancias políticas, pone un límite a los retrocesos en esa materia, a diferencia de Brasil donde crímenes de calidad similar aunque en menor cantidad, nunca fueron sancionados. En la Argentina no hay lugar para un Bolsonaro. La Comisión por la Memoria de Zona Norte ya había señalizado el lugar desde afuera.
Ahora la querella solicitó que el tribunal ordene una serie de medidas no punitivas, con carácter reparador y garantía de no repetición:
La colocación de una señalización como sitio de Memoria en la entrada de la fábrica Ford y de una placa en la zona de los quinchos de la empresa recordando a todos los ex trabajadores y delegados de la empresa que fueron víctimas, que deberían inaugurarse con un acto formal organizado por la empresa que incluya la bienvenida e intervenciones de los trabajadores sobrevivientes y sus familias, con asistencia de todo el personal jerárquico y obrero de la fábrica.
La apertura, catalogación y puesta a disposición del público de los archivos de la empresa, 1976-1983.
La firma de un convenio de Ford con el CONICET para el otorgamiento de becas a estudiantes universitarios de posgrado que les permitan llevar adelante en universidades públicas investigaciones sobre responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Esas becas deberían llevar los nombres de los trabajadores secuestrados.
Que Ford organice un proceso de formación en derechos humanos para todo el personal jerárquico y obrero de la fábrica, que incluya una charla de los ex trabajadores y delegados sobrevivientes y sus familias, una visita guiada al Museo de la EXMA, una charla organizada por la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, una visita con guías al Parque de la Memoria, y actividades en otros sitios y espacios de Memoria.
Después de 42 años, esperamos justicia, concluyó el alegato.