Por Johana Gómez – Referente provincial del PTS – Frente de Izquierda
El gobierno nacional de Mauricio Macri busca confirmar el Presupuesto 2019 (ideado por el FMI) con la complicidad del peronismo, que ya viene anunciando su apoyo al proyecto de Ley, cuando se trate en la Cámara de Senadores el próximo 14 de Noviembre.
Estamos hablando de un Presupuesto que, de aprobarse, significará un fuerte ataque al salario y las condiciones de vida del conjunto de la clase trabajadora. Es que el “Fondo Monetario Internacional” -a cambio de “prestarle” a la Argentina 57.000 millones de dólares- exige un ajuste mayor, es decir, un recorte de 360.000 millones de pesos.
En criollo y en términos reales, esto significa que los fondos dinerarios destinados a diversas áreas sociales van a caer. Por ejemplo, si se aprueba el Presupuesto para el año que viene, caen un 10% los fondos para educación y cultura, un 17% los de vivienda, y un 11% los dirigidos a la “Asignación Universal por Hijo”. Asimismo, implica un 77% menos para infraestructura escolar, 39% menos para la formación docente, 35% menos para las becas estudiantiles, y un 18% menos para las universidades públicas nacionales.
La salud pública será otra de las grandes perdedoras si sale la denominada “Ley de leyes”. Los fondos para 5 hospitales nacionales que tratan enfermedades complejas caen un 17%. Las erogaciones destinadas a la “Agencia Nacional de Laboratorios Públicos” sufrirán un recorte del 42,5%. Y la “Dirección de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No transmisibles” tendrá un recorte del 35,8%.
Por otra parte, se congelará el ingreso de trabajadores al Estado y se recortarán los salarios en términos reales, habiendo caído desde 2015 un 18%. Se reducirán un 18% los recursos para el “Instituto Nacional de las Mujeres” y un 55% en el “Plan de Prevención y Erradicación de la Violencia”. Y los subsidios a los servicios públicos se reducirán un 31%, pero como las empresas privatizadas nunca pierden, de seguro mantendrán sus márgenes de rentabilidad gracias a nuevos aumentos de tarifas.
De todo el texto de la ya mencionada Ley, lo único que no caerá es la partida destinada al pago de intereses de la deuda, siendo el rubro que más aumenta para el próximo año: 49%, es decir, 600.000 millones de pesos. Este dinero -que irá a las arcas del FMI- equivale a 4 veces el gasto anual en Salud; 2,6 veces el de Educación; 13 veces el de Ciencia y Técnica; 21 veces el de Vivienda; y al 38% del gasto en jubilaciones y pensiones.
Por eso, ante la inminente aprobación de un saqueo histórico contra la clase trabajadora y los sectores populares, resulta necesario preparar una gran jornada nacional de lucha para que el 14 de noviembre millones de trabajadores, estudiantes y mujeres frenen el avance del Presupuesto 2019 en las calles del Congreso Nacional y en todo el país.
Para ello, es fundamental exigirles a las dirigencias sindicales que convoquen a un Paro General activo, impulsado desde ahora mediante asambleas de base en cada lugar de trabajo, y llamando al movimiento estudiantil y de mujeres para que se sumen a esta pelea.
El lado represivo del Presupuesto 2019
El macrismo y compañía buscan aumentar el poder punitivo del Estado, endureciendo el Código Penal de la Nación. Con ese objetivo, enviarán al Congreso Nacional un proyecto de reforma que incluye nuevas y mayores penas contra quienes protesten en las calles. Además, buscan incrementar las penas contra las personas inmigrantes.
En esto no está solo el gobierno cambiemita. Cuenta -otra vez- con el apoyo del peronismo que ha salido en boca del Senador Pichetto y del ex Secretario de Seguridad kirchnerista, Sergio Berni, a exigir la deportación inmediata de toda persona extranjera que cometa delitos.
Así presentadas las cosas, nada obsta a que terminen atacando el derecho a huelga de la clase trabajadora, justo en momentos de crisis económica, justo cuando se viene un brutal ajuste a favor del FMI, y justo cuando las futuras generaciones seguirán pagando la deuda externa contraída por “Cambiemos”.
No está de más decir que el ambiente represivo -ante la crisis reinante- hace rato que se viene extendiendo en todo el país. Las “fuerzas del orden” cada vez más se sienten con mayor confianza y respaldo gubernamental para reprimir toda protesta, por más mínima, importante, legítima o fundamental que sea.
Así se pudo ver hace pocos días en la Municipalidad de la Ciudad de San Luis, donde -a puertas adentro y utilizando palos, golpes, gas pimienta y patotas- se reprimió brutalmente a trabajadoras/es y delegadas/os gremiales de ATE que reclamaban contra despidos arbitrarios e ilegales de la administración “Enrique Ponce”, lesionando incluso a periodistas que cubrían la protesta.
Evidentemente, el efecto Bullrich, el efecto Trump y el efecto Bolsonaro se extienden más allá de lo que se pueda imaginar, incluso en la Provincia de San Luis, donde los tentáculos ajustadores del Presupuesto 2019 van a llegar más temprano que tarde, teniendo como póliza de reaseguro la represión cada vez más recargada.