San Luis (LaNoticia) 25-09-18. La misma es por una designación de forma irregular de un juez de paz y también existe una cuota de nepotismo.
El viernes pasado el abogado Francisco Guiñazú presentó formalmente una denuncia en contra del Estado Provincial por la designación “inconstitucional” de Emir Alvarado Magallanes, el mismo es hermano de la secretaria Administrativa, hermano del juez de Paz de Los Cajones y cuñado del secretario de Informática, todos ellos empleados nombrados por el Superior Tribunal. Por lo visto, esta familia no tiene problemas laborales, siempre encuentra algo.
Guiñazú sostiene que el STJ violó el artículo 222 de la Constitución Provincial que dice “para ser Juez de Paz Lego se requiere, ser ciudadano argentino, mayor de edad, vecino del partido y haber cursado estudios completos de nivel medio”, según el padrón electoral de las elecciones del año pasado, Alvarado Magallanes votó en el Trapiche por lo cual su lugar de residencia no sería en La Carolina.
Tampoco se conoció el resultado del concurso, no se dieron a conocer los resultados, algo que llama la atención, porque según las malas lenguas del Poder Judicial, Alvarado Magallanes no habría superado por lo menos a dos de los postulantes. Esta conducta de designación ha sido una constante de todas las integraciones del máximo tribunal local.
“Todo concurso obliga a poner un resultado y como se ha evaluado al postulante, hay un flagrante incumplimiento de los mandatos por el Superior Tribual, ellos están obligados a cumplirlos, por eso hemos iniciado la denuncia, pero esto no queda acá, pedimos el alta digital el martes pasado, pero mágicamente el día miércoles sale un acuerdo del Tribunal para que esta persona jure, por eso vamos a formular otra denuncia y pedir una cautelar innovativa, también vamos a solicitar el apartamiento de los magistrados, para darle más trasparencia” dijo Francisco Guiñazú.
En contexto
La ahora ex jueza de Paz de La Carolina, Lucía Vázquez, cumplió su mandato y fue reemplazada en un concurso donde se cuestionan la designación de un juez que no cumple con los requisitos planteados en la Constitucional Provincial entre otras irregularidades.
Federico Capella
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