«No tenemos banderas políticas. No criticamos ni al gobierno actual ni al que se fue, y lo que hacemos lo hacemos por los pibes. Enemigos no tenemos o no lo sabemos, pero, efectivamente, a alguien le molesta», reivindicó su tarea docente Corina de Bonis a un día de haber sido secuestrada y torturada por levantar junto a sus compañeras del CEC 801 y a las madres del barrio ollas populares que reemplacen el cierre de los comedores escolares de Moreno. Suspirando y con la voz apagado, Corina ofreció solo algunos detalles sobre su secuestro porque según explicó la UFI Nº5 solicitó no divulgar detalles de los sucedido para avanzar en la investigación. «Fue por un trayecto corto, pero el suficiente como para asustar, y mucho», contó
De Bonis, acompañada por compañeras y directiva del CEC 801, ofreció sus primeras palabras en la puerta de su casa, poco después de regresar desde el hospital donde se la realizaron los chequeos de protocolo para incorporar en la causa. «Estoy lo mejor que puedo estar», había dicho a los periodistas en un primer y breve contacto. «Una trata de tener fuerza y entereza. Somos docentes, nada más. Lo que hacemos, lo hacemos por los pibes. Que moleste una olla….», dijo incrédula de la violencia que sufrió en la tarde de ayer durante un «trayecto corto, pero el suficiente como para asustar, y mucho».
Corina, quien cumple funciones administrativas en el CEC 801, describió las amenazas previas que la comunidad educativa debió sufrir desde que a fines de agosto comenzaron a realizar una olla popular para enriquecer el Servicio Escolar Alimentario (SEA) que llegaba a la escuela con una vianda fría: «Una feta de paleta, una de queso, un pan y una fruta», describió. «Nos pareció poco, por eso queríamos hacer la olla para que los nenes tuvieron algo más, ya que para muchos es su única comida», señaló la docente los motivos de la acción.
El compromiso que habían tomado era el de mantener las ollas hasta que el gobierno provincial enviara viandas calientes, algo que ocurrió a principios de septiembre, pero fueron «dos empanadas, una tarteleta y una fruta», resaltó la docente. Para entonces, los docentes del CEC 801 ya habían recibido una amenaza telefónica, un mensaje por debajo de la puerta en el que decía «siguen ustedes», en referencia a que los autos de los docentes habían sido dañados en la puerta de la institución, y un mensaje que impuso la decisión de finalizar con las ollas populares en la puerta de la escuela. Fue el mensaje del 28 de agosto que decía: «La próxima olla la van a hacer e Güemes y Roldán, la puerta del cementerio», recordó Corina.
Las madres de los chicos y chicas que asisten a la escuela continuaron con la olla a dos cuadras, en la puerta de la casa de una de ellas, y «nosotras seguíamos apoyándolas con las donaciones que nos llegaban a la escuela», recordó la docente. «Muchas compañeros tuvieron miedo», recordó los días previos al secuestro que sufrió antes de ayer.
«Nunca me tocó vivir algo así», lamentó la docente y agradeció haber recibido «muchos llamados», pero prefirió no especificar de quiénes. Como lo había hecho más temprano, al llegar a su casa, la docente adelantó que lo que vivió ayer «es lo que todos ya saben, el resto se lo tienen que preguntar a la fiscalía, donde me pidieron no dar detalles porque están investigando». «Quiero tener fe en la justicia para que no vuelva a pasar», deseó la docente, quien sólo agregó que no llegó a ver a los captores porque tenían una bolsa en la cabeza.
«No tenemos banderas políticas, no criticamos ni al gobierno actual ni al que se fue, y lo que hacemos lo hacemos por los pibes. Enemigos no tenemos o no lo sabemos, pero, efectivamente, a alguien le molesta», reivindicó la tarea realizada junto a las docentes y madres de la comunidad educativa.
La denuncia por el ataque a la docente fue radicada ayer en la UFI 5 de Moreno. Se trató del caso de mayor gravedad, pero no el único hecho de violencia contra las docentes y las madres y padres de la comunidad educativa que desde hace dos semanas realizan ollas populares para cubrir el vacío dejado por los comederos escolares en el municipio donde casi la totalidad de las escuelas públicas fueron cerradas tras la explosión en la que murieron la vicedirectora Sandra Calamao y el auxiliar Rubén Rodríguez. Los gremios de Suteba y Ctera habían advertido amenazas anteriores a través de volantes, pintadas, llamadas telefónicas e intimidaciones en los domicilios de docentes que participaron de las ollas populares.