Todos recordamos a aquellos dos jóvenes abogados que llegaron al gobierno de San Luis con tan escaso patrimonio como ideas propias. Sobre las segundas, se las ingeniaron para conseguirlas y sobre los bienes patrimoniales también.
Lo cierto es que el transcurso del tiempo los transformó en los hombres más poderosos y con la mayor fortuna que se conozca en la historia provincial. Muchos dudamos que haya sido producto de la capacidad de ahorro. Tanto así fue, que dos notorios dirigentes puntanos, Juan José Laborda Ibarra y Arturo “Caruso” Petrino los acusaron por enriquecimiento ilícito, pero por esas cosas del destino la causa prescribió y en definitiva, todavía gozan del beneficio de la cosa juzgada. Aunque justo es decir que, también existe la cosa juzgada írrita o fraudulenta. Es decir, que una sentencia firme puede dejarse sin efecto cuando se prueba que fue mal dictada. Porque aunque parezca ilusorio, siempre se busca que cobre relevancia el principio constitucional de “afianzar la justicia” que rige desde el Preámbulo para abajo.
La cosa juzgada fraudulenta llegará a San Luis, tarde o temprano y podrá probarse que el apoderamiento de bienes no ha podido ser justificado por parte de quienes todavía gozan de la impunidad del poder. No es lo mismo ser un gobernante honesto, que no serlo. No es lo mismo ser un gobernante limpio, que no serlo. No es lo mismo una provincia que padece la más cruel patología institucional de su historia, que una provincia normal donde las instituciones republicanas funcionan con normalidad. No obstante, el pueblo de Saán Luis socialmente ya tiene cosa juzgada.
Esa patología ha inundado las esferas oficiales con muy pocas excepciones. La excepción se volverá regla y la normalidad llegará a San Luis, pese a la soberbia de la dominación que impera desde hace tantos años.
La extinción de dominio es otra institución que está en plena discusión, más allá de la sanción reciente en el Senado de la Nación, que deja gusto a poco, porque con su letra y su espíritu, poco o nada podrá recuperarse de aquello que indebidamente se apropiaron los narcotraficantes o los señores de la corrupción. También llegará la extinción de dominio a Saán Luis, del mismo modo que la mayoría de los sanluiseños tenemos en claro quiénes son honestos y quiénes no. Si hay ley, mejor, pero nada ni nadie podrá borrar de la conciencia colectiva, la imagen de aquellos sencillos letrados que con venta o sin venta de decretos que autorizaran la radicación de industrias, cambiaron sus vidas no por la voluntad popular sino por el desprecio que siempre hicieron de ella, para transformarse en los dudosos nuevos ricos puntanos.
