La ex presidenta estará hoy, a las 10, frente al juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. Entregará un escrito, no aceptará preguntas porque considera que ni el magistrado ni el fiscal están habilitados para llevar adelante la causa dado que ya han sido denunciados en forma reiterada por enemistad manifiesta. En el texto, CFK describirá la persecución que sufre desde hace más de dos años, volverá a insistir en que se debe hacer una auditoría de la obra pública –ya lo planteó reiteradamente– para verificar si existe alguna irregularidad y repetirá que no integró ni lideró ninguna asociación ilícita. Tras cartón, se irá sin saludar al juez porque, como ya tiene dicho, «no lo saludo ni por escrito». La senadora es prácticamente la última en la lista de indagados, aunque falta que declaren algunos de los recientes detenidos. Esto hace pensar que en unos diez días Bonadio dictará los procesamientos –siempre que llama a indagatoria, procesa– y todo indica que volverá a pedir la detención de Cristina en esta causa. El titular del bloque el PJ en el Senado ya ha dicho que no habrá desafueros sin que exista un juicio y una condena, pero volverán a presionar, porque en el trasfondo está la idea de sacar a Cristina de la carrera electoral.
Puerta giratoria
Resulta curioso que los comunicadores que se pasan las horas quejándose de la supuesta puerta giratoria que existe para los sospechados de delincuentes, ahora no se quejen por la puerta giratoria de los empresarios. La realidad es que la prisión de los dueños de las empresas se ha utilizado pura y simplemente como extorsión: el que se arrepiente, aunque no presente prueba alguna, se va a su casa. Los otros se quedan en Ezeiza.
El ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que es también profesor universitario de derecho penal, se indignó esta semana con el uso de la alegoría de la sortija. O sea, que el fiscal haya conminado a los empresarios a arrepentirse porque las sortijas son pocas.
«Esto es muy grave. ¿cómo se va a hablar de que uno tiene que ser hábil o veloz para agarrar una sortija –dijo Fernández–. ¡Estamos hablando de justicia!»
Club
Uno de los empresarios que durmió en su casa fue Carlos Wagner, titular de Esuco, y ex presidente de la Cámara de la Construcción. Según lo que hicieron trascender desde la fiscalía y el juzgado, Wagner dijo que entre los empresarios pactaron quién ganaba cada licitación, qué precios se ponían y el ganador pagaba una supuesta coima a Julio De Vido. Habrá que ver el texto real de su declaración y no lo que fiscalía y juzgado filtraron.
Lo que llama la atención es que con ese «arrepentimiento» Wagner se haya ido a su casa, si se compara con los que todavía siguen en el penal de Ezeiza. Supuestamente confesó que en la Cámara se reunían, decidían quién ganaba cada licitación de obra pública y a qué precio. O sea que, según él, le robaron al estado en cada una de las obras, manipularon cada licitación y estafaron a la sociedad con sobreprecios en cada adjudicación. El delito se llama fraude en perjuicio del estado: de dos a seis años prisión. A eso se suma el grotesco delito de la asociación ilícita.
Desde ya que no corresponde que ninguno esté preso sin juicio y sin sentencia, a menos que haya peligro de fuga o entorpecimiento de la causa, y más grave todavía es que utilicen las detenciones como extorsión, pero a simple vista se ve que el que afirma lo que sea contra el gobierno anterior duerme en casa, mientras que el empresario que dice que no pagó nada o que aportó a la campaña por voluntad propia, se queda en la celda.
Supuestamente confesaron la existencia del club del fraude en la obra pública; no pidieron ninguna prueba sobre las obras en que funcionó ese fraude, y con eso le extendieron el pasaporte a casa a Wagner.
Orígenes
La manipulación del expediente impresiona, empezando por el origen espurio, relatado en detalle por Diego Cabot, el periodista de La Nación. Se juntaron con el fiscal en un bar, luego en una casa y luego se hizo la denuncia. Todo porque Cabot conocía a Stornelli. El punto nodal es que debió sortearse, como corresponde, pero Stornelli –uno de los adalides anti-K de Comodoro Py– decidió quedarse con el expediente. Típico forum–shopping, elegir fiscalía y juzgado como en un shopping.
Es verdad que las fotocopias de los cuadernos son un indicio. Pero resulta extraño que no hayan podido dar con ellos, siendo que tienen el material desde hace meses. Sería de importancia encontrar los cuadernos para peritarlos. El chofer dice que los quemó, pero no hay por qué creerle.
Los periodistas Darío Villarruel e Iván Schargrodsky revelaron que Centeno fue declarado inimputable por la Cámara Federal de San Martín. Como contó este diario, el chofer fue exonerado del Ejército por haberle tirado una granada a un compañero que le hacía bullying en 1992. Fue juzgado por un tribunal militar, lo condenaron, pero apeló. Por eso intervino la Cámara Federal de San Martín que lo absolvió tras hacerle un examen físico y mental. Lo consideró inimputable.
O sea que estamos ante una causa iniciada de forma irregular, con un grosero forum shopping, sobre la base de fotocopias del cuaderno desaparecido, de un chofer que anteriormente fue declarado inimputable en una causa.
Aún así no deja de ser un indicio.
De primera
A partir de ese inicio irregular, detuvieron, por ejemplo, al número 2 de Iecsa, la empresa que fue del grupo Macri. No tiene explicación por qué no detuvieron al número 1, Angelo Calcaterra. Tampoco se explica cómo es que paseó por Comodoro Py después de hablar con el Presidente y pactar con los operadores judiciales que no lo iban a demorar más de una hora.
Al día siguiente declaró Héctor Zabaleta, el número 3 de Techint, la empresa más grande del país. El involucramiento de Techint fue escondido por La Nación y el juzgado durante varios días. Zabaleta declaró que le dio dinero a Baratta, pero por orden del 2 de Techint, Luis Benatza. A Benatza no lo fueron a buscar a las 6 de la mañana como a los otros empresarios ni ordenaron su inmediata detención como a Gerardo Ferreyra, Juan Carlos Lascurain y otros. Pero, además, tampoco se entiende cómo no fue preso el dueño, Paolo Rocca. Nadie saca centenares de miles de dólares de una empresa sin el visto bueno del dueño.
Esto demuestra cómo se maneja la causa. Siempre en sintonía con la Casa Rosada y el establishment.
Funcionarios
Como siempre sostuvo este diario, los cuadernos no son una prueba, sino un indicio. Al decir de Raúl Zaffaroni, si en un cuaderno o fotocopia dice que en el jardín hay un muerto enterrado, hay que encontrar el cadáver. Por ahora hay testimonios que respaldan, pero a kilómetros de distancia de lo que figura en los textos de Centeno. Por ejemplo, este diario ya consignó que el chofer dice que Iecsa pagó 11.300.000 dólares y Iecsa afirma que aportó menos de 200.000 dólares a la campaña electoral.
A casi dos semanas de lanzada la causa de los cuadernos, la declaración más trascendente es la de Wagner. Dice que le entregaban el 10 por ciento de cada obra a Julio De Vido y su equipo. Se trata de cifras inconmensurables que, al menos por ahora, no aparecen por ningún lado. El total de la obra pública que manejo Planificación fue de más de 100.000 millones de dólares, es decir que el 10 por ciento son más de 10.000 millones de dólares. Ni a De Vido ni a Baratta ni a Néstor ni a Cristina Kirchner le encontraron cuentas, sociedades, bóvedas ni nada por el estilo. Y eso que este gobierno contó con la inestimable ayuda de Paul Singer y los fondos buitres buscando en el mundo entero. Son ellos los que le encontraron unos 30 millones de dólares a Lázaro Báez en cuentas en Suiza.
En Brasil, en la operación Lava Jato, se bloquearon 611 millones de dólares en 800 cuentas, sólo en Suiza. De ese total, ya regresaron a Brasil 183 millones de dólares. El ministerio público calcula que todavía tienen por bloquear diez veces lo descubierto. Al ex gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, le encontraron 120 millones de dólares en cuentas en el exterior. Como ya se ha dicho, a Eduardo Cunha, el ex presidente de la Cámara de Diputados, cinco millones en Suiza, a Geddel Vieira Lima, hombre de confianza del presidente Michel Temer, lo descubrieron con 14 millones de dólares en la casa. Por ahora, en manos de funcionarios, lo único que apareció en la Argentina, son los nueve millones de dólares de José López.
Un detalle adicional, parece poco creíble que el club de la obra pública se haya fundado en 2003. Siempre se habló de la existencia de esa cartelización, así como la del cemento y la del acero. O sea que esa confesión de que estafaron a la sociedad debería investigarse hacia atrás, incluyendo al clan Macri, uno de los campeones del enriquecimiento en base a contrataciones del Estado. Es más, fue a los megaempresarios y al grupo Macri que se les encontraron sociedades en Panamá Papers, en Paradise Papers y blanqueos irregulares en 2017.
Campaña
El otro indicio que apareció con los cuadernos fue el de los fondos de campaña. La mayoría de los empresarios llegaron con el discurso armadito de que sí entregaron dinero, pero no fue de coimas sino para la campaña electoral. Por algo tienen buenos abogados.
En este punto llegó la confesión del ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina que, por supuesto, también durmió en su cama sin problemas. Es una confesión curiosa: recibió el dinero sin preguntar demasiado, nunca imaginó que venía de ningún apriete y lo único que hizo fue dárselo, así como venía, al histórico operador del peronismo, Juan Carlos Mazzón. El hombre no está para declarar porque falleció en agosto de 2015.
Sea como fuere, llama la atención que los grandes medios, que ignoraban los aportes truchos a las campañas electorales de Cambiemos, aprovechándose de quienes cobran planes sociales, ahora se escandalicen con el supuesto apriete a los grandes empresarios en los aportes a las campañas electorales del kirchnerismo.
Una ironía marcada en las redes sociales destacó: «según la justicia, los millonarios aportaron a la campaña del kirchnerismo y los pobres a la campaña de Cambiemos. ¿Qué es lo que no se entiende?»
Lo que corresponde es investigar y avanzar hacia la verdad.
Pruebas
Desde hace dos años y medio, la ex presidenta y su abogado, Carlos Beraldi, vienen insistiendo en una consigna: hagan una auditoría de la obra pública. Que se estudie si hubo sobreprecios y maniobras. En lo hecho por Vialidad en Santa Cruz se concluyó que el desvío era apenas del 0,1 por ciento. Y se hizo una alharaca enorme, al punto que la causa madre contra CFK es por aquella auditoría, en una provincia, y sin que hayan sido imputados ni los gobernadores.
También De Vido, defendido por Maximiliano Rusconi, pidió que declaren los policías federales que durante 12 años fueron la sombra del ex ministro porque ejercían su custodia y lo acompañaban a todos lados.
Y, lo fundamental: si hubo semejante desfalco como el que confesó Wagner, el dinero debería estar en algún lado. Son demasiados millones, que con el establishment del mundo peleando contra «el populismo», tendrían que aparecer.
Por ahora hay indicios, muchas maniobras político–mediáticas, jugarretas espurias y extorsiones, pero la prueba es escasa.