San Luis (LaNoticia) 12-07-18. La historia de una niña de 16 años embarazada por violación de su padrastro y el abandono del Estado, algo para reflexionar.
La historia de YG, una niña de 16 años madre de una bebé de dos años, producto de una violación de su padrastro, fue contada por la colega María José Corvalán y publicada en el sitio web de Silvana Sola, La Posta de San Luis (ex NotiNogo).
Realmente conocer la historia de YG da escalofríos en estos momentos en que las distintas religiones y sus adeptos hablan tan livianamente del “salvar las dos vidas” en la discusión de la despenalización del aborto; pero que nada han hecho por alivianar la calidad de vida de esta piba y, tal vez, ni conozcan ni les interese esta historia.
Es terrible saber que el Gobierno de San Luis le dio un plan de apenas $ 2.500 como limosna que no la ayudaba para nada, pero como su madre -quien fue a prisión con el padrastro violador- quedó en libertad, ese plan le fue quitado. Hoy la niña vive con su madre, por orden del Juzgado de Familia -que también se desentendió del tema contención-, pero como la madre no tiene trabajo, están más en la indigencia que nunca. Al parecer a nadie le preocupa, eso sí, están las dos vidas, de manera miserable, pero están.
En diálogo con nuestro medio, Corvalán señaló que después de publicar sus artículos, desde Gobierno y Justicia tomaban medidas, pero ninguna que cambien la calidad de vida de la criatura, y la última vino desde Desarrollo Social, donde don Tamayo le envió “algo de mercadería”, con lo cual el ministro ya debe creer haber ganado el Cielo.
En síntesis, hoy en día, la niña vive con su madre, luego de haber pasado un calvario, pero la Cruz la sigue llevando, porque nadie del eslogan “salvemos las dos vidas” se interesa por salvar de verdad y con calidad, estas dos vidas.
A continuación la publicación textual de Corvalán en La Posta de San Luis a la que se puede acceder haciendo clic acá:
Cuando «las dos vidas» son reales y no un slogan
Por María José Corvalán
Una niña de 16 años pide ayuda desde hace tres meses para alimentarse ella y a su hija de 2 años, sin obtener respuesta.
En febrero del 2016 un grupo de vecinas advirtieron, anónimamente, a los medios radiales de San Luis sobre una situación aberrante en la zona del Barrio Eva Perón: una niña estaba embarazada de su padrastro y «nadie hacía nada».
Tras la difusión de la noticia, la Jueza del juzgado de Familia Nº 2 tomó intervención en base a una denuncia radicada por la hermana mayor de la niña en la Comisaría del Menor, por lo que la magistrada dispuso medidas.
La pequeña debía asistir a la maternidad para realizarse control médico por su embarazo de 4 meses y sería alojada junto a sus 3 hermanas más pequeñas en la vivienda y bajo la tutela de su hermana mayor.
Las 3 hermanas fueron trasladadas en el marco de un operativo policial, y dejadas en la puerta del domicilio donde fueron nuevamente olvidadas por el estado. La mayor (18) vivía en una habitación 4 x 4 junto a su marido y sus tres hijos por lo que la llegada de sus hermanas implicó que durmieran nueve personas en un solo espacio y se turnaran para sentarse a la mesa.
El reclamo insistente volvió a lograr una reacción estatal, esta vez de la Secretaría de la Mujer provincial, desde donde le enviaron una trabajadora social y le obsequiaron una cuna y un sommier, que claramente, no tenían donde colocar, así que desarmaron la mesa para darle espacio.
Les faltó alimentos, dinero para el transporte, medicamentos y abrigo innumerables veces.
A esto se sumaba las situaciones de extrema violencia que sufrían por parte del padrastro violador y la madre, que de noche concurrían a amenazarlas para que dejaran sin efecto la investigación judicial.
Seis meses después, el juzgado del crimen Nº 2 ordenó la detención del padrastro y su pareja, madre de las niñas, quienes fueron trasladados a la Penitenciaría Provincial, por abuso sexual agravado y complicidad respectivamente.
La beba de Y.G. nació en pleno Julio, con bajo peso y en las mismas condiciones de hacinamiento en las que vivían su madre y sus tías. Otra vez, el caso había sido olvidado.
Fueron incluidas en el Programa Familia Solidaria. Nombraron como tutora a la segunda hermana mayor, regresaron a la casa materna y comenzaron a percibir $2.500 pesos por mes por cada una de las menores, incluyendo la recién nacida, alcanzando la suma de $12.500 pesos por mes que ayudaban a sostener en parte las necesidades básicas de todas.
Pero a fines del 2017 la madre de las niñas recuperó su libertad y regresó a su casa. Intentó poner un kiosco y buscar trabajo, pero no logró reinsertarse en la comunidad de modo tal que, lejos de ayudar, se convirtió en otra integrante de la familia en situación de vulnerabilidad.
El panorama empeoró en marzo de este año, cuando el Ministerio de Desarrollo Social revocó la ayuda económica y las sacó del Programa Familia Solidaria por entender que la madre debía tutelar y ocuparse del cuidado personal de sus hijas y nieta.
«Estos meses han sido un calvario. No tenemos ni azúcar para el té. La bebé no tiene ni leche ni pañales y se nos cayó el techo de la casa», cuenta angustiada la niña-madre por imposición.
A Y.G le arrebataron su niñez, la culparon de su abuso, la juzgaron por su embarazo, la discriminaron por su niña en brazos, la condenaron a la angustia de no poder hacer nada para satisfacer las necesidades básicas y elementales de su hija, y le cerraron todas las puertas.
Ella y muchas otras son «las dos vidas» que ellas escuchan por la tele que todos quieren salvar, mientras las siguen ignorando.
Carlos Rubén Capella
lanoticiaensl@gmail.com