San Luis (LaNoticia) 02-05-18. La mujer que aparentemente asesinó a su tía, denunció que policías ingresaron a la celda de la Comisaría donde estaba detenida por lo que la defensa presentó un Hábeas Corpus. Justicia lenta.
María del Carmen Yacobino, fue procesada por “homicidio simple” por la juez Virginia Palacios, luego de que quedara prácticamente acreditado que le diera dos puñaladas en el corazón antes de incendiar la precaria vivienda en donde vivía Rosula Camargo en avenida Sarmiento, entre 25 de Agosto y Martín Güemes. Si bien la carátula inicial había sido de homicidio agravado por la alevosía y el ensañamiento; Palacios decidió retirar el agravante de alevosía y ensañamiento, debido a que la autopsia demostró que Camargo ya había fallecido cuando Yacobino inició el incendio. Luego del procesamiento, Yacobino fue enviada al Servicio Penitenciario Provincial.
Hábeas Corpus sin respuesta
Los representantes legales de Yacobino, Héctor Zavala y Carlos Paw, habían pedido un Hábeas Corpus porque la mujer había denunciado que durante su detención en Comisaría 38, los días 27 y 28 de abril pasado había recibido la `visita´ de un matrimonio (ambos oficiales de policía cuyos datos están en sede judicial), debido a un tema familiar con el padre de los hijos de Yacobino (también policía), hermano y cuñado de ese matrimonio.
Al parecer, la familia paterna de los hijos de Yacobino, aprovechó la situación en que está envuelta la mujer, para presionarla para que le otorgue a su ex concubino la tenencia de sus hijos, pero la forma en la que lo realizó es la que se cuestiona la defensa de Yacobino, porque más allá del apriete policial, es que en la Comisaría los hayan dejado ingresar a la celda sin ningún tipo de orden judicial.
Ante esta terrible anomalía es que la dupla letrada pidió el Hábeas Corpus, el que debe ser admitido inmediatamente por la juez interviniente, pero en este caso no lo hizo así, dejando desprotegida a la mujer, hecho que se corrigió con el procesamiento y el traslado al Servicio Penitenciario Provincial.
Lo que preocupa en este caso, es que uniformados se aprovechen de su condición para intentar `arreglar´ un tema familiar al margen total de la ley y que la Justicia de San Luis no haya actuado con la celeridad que requiere este tipo de casos.
La gran pregunta sería ahora ¿Actuará la Justicia para investigar si se cometió algún ilícito con esta `visita´ policial?
Carlos Rubén Capella
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