San Luis (LaNoticia) 25-04-18. Tal como lo adelantamos en nuestras últimas dos ediciones, la salud pública de San Luis está en terapia intensiva.
Cuando comenzamos la serie de notas sobre la irregularidad con varios empleados de la salud pública de San Luis, nos preguntamos “¿Estamos al borde del default?” –clic acá para ver archivo-, y la respuesta no está muy lejos de ser una realidad y sería afirmativa.
Según muchas voces, la ministro de Hacienda Natalia Zabala Chacur habría dicho que la decisión de no pagarles durante casi ocho meses a estos empleados y la de darles de baja a partir de fin de este mes, obedece a falta de presupuesto -algo que se condice con la falta de nombramientos en determinadas áreas de Educación-. En ese sentido, también por dichos, porque oficialmente nada hay, se dice que a estos mismos empleados les ofrecerían seguir en sus funciones pero dentro del Plan de Inclusión Social, con un ingreso 3 veces menor que el que cobrarán vaya a saber cuándo. Pero esta versión choca con otra que asegura que muchos beneficiarios de los distintos planes creados para ganar las elecciones generales del año pasado, también serían dados de baja pronto. Todo bajo el mismo pretexto, la falta de presupuesto.
Acciones legales
Según nos referenciaron aquellos que saben de lo jurídico, la contratación de esta gente está plagada de irregularidades, como por ejemplo algo que informamos en nuestra edición de ayer –clic acá para ver archivo– que la fecha del contrato es la del 30 de abril de 2018 cuando en la cláusula segunda establece que la duración del mismo es desde el 4 de octubre de 2017 hasta el 30 de abril de 2017, esto es la fecha de contrato es igual a la de la finalización del mismo, algo que no entra en ninguna cabeza pensante.
“De ser despedidos, los afectados podrán iniciar acciones legales”, nos comentaron, pero también aseguraron que sería difícil que alguno de los perjudicados por esta medida de Gobierno lo haga, “puesto que los costos son altos, pero también podría haber miedo”; algo que se superaría si aquellos que dicen ser opositores, realmente lo fueran y “en una especie de cruzada por la legalidad, ofrezcan abogados sin cargo para quienes deseen iniciar las acciones”, nos señalaron.
Los gremios en estado de alerta
Mientras los políticos que dicen ser opositores en San Luis guardan un silencio más que sospechoso, los que sí tomaron carta en el asunto son los dos gremios de sanidad de nuestra provincia, la Asociación de Trabajadores de Salud Argentina (ATSA) y la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS), fueron muy claros en rechazar esta polémica medida del Gobierno provincial.
Gerónimo Ortiz, de ATSA, dijo a Reporte San Luis que “los trabajadores aceptaron de buena fe con una promesa de un contrato, mientras el Ministerio de Hacienda actuó de mala fe y han ofendido a los trabajadores” dejando en claro algo denunciado por este medio, en cuanto a que “nunca hubo un contrato”.
Por su parte, la secretaria general de APTS, Ana Lía Trifiró, dijo que se reunirán con ATE para ver qué medidas se tomarán. “En salud no sobra nadie. Si esta gente se contrató es por qué hacía falta. Nos parece espantoso que alguien tome trabajadores de la salud para que los voten y ahora se dan cuenta que no hay plata”, dijo la profesional.
Carlos Rubén Capella
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