San Luis (LaNoticia) 19-04-18. La bronca personal que se tienen desde siempre Alfonso Vergés y Enrique Ponce puede dar mucha tela para cortar luego de una denuncia del primero. Desde la `Muni´ acusaron a Vergés de querer cobrar para no hacer la denuncia.
Vergés señaló a la prensa que conoció a alguien que había sido inspector municipal y que éste le había contado un supuesto cobro de un certificado de obra de 4 millones de pesos que él no habría querido firmar y que desde la Municipalidad le habrían falsificado la firma para hacer efectivo ese pago.
Desde la Municipalidad, rápido de reflejos salieron a desmentir a Vergés. En el medio hubo denuncias sobre los cambios partidarios entre ambos. Mientras Vergés señaló que Ponce había comenzado siendo intendente por el Frente para la Victoria, ahora es intendente de Cambiemos. Al mismo tiempo, del lado de Ponce no tardaron en enrostrarle a Vergés que él fue concejal e intendente por el Frente para la Victoria y que en la última elección participó dentro de la alianza de los hermanos Rodríguez Saá.
Desmentida
Desde la Dirección de Viviendas de la Municipalidad de la Ciudad de San Luis emitieron un comunicado de prensa que está bastante lejos de lo que debería ser un comunicado oficial objetivo y dice textualmente:
“La Dirección de Viviendas informa que, como en otras oportunidades, el aparato mediático que responde al Gobierno Provincial, invocando una presunta denuncia judicial realizada por un abogado que fue candidato a Intendente en las elecciones del 2015, ha difundido información acerca de una inexistente falsificación de firmas de certificados de obra.
Previo a la presentación que habría realizado el abogado denunciante, este letrado solicitó a funcionarios municipales la suma de 350.000 pesos en concepto de honorarios para no continuar adelante con la denuncia. La respuesta de los funcionarios fue que debía encauzar el reclamo mediante un expediente por Mesa de Entradas.
Respecto a los hechos que han trascendido, la Municipalidad niega de manera categórica dichas afirmaciones, y hace conocer que, la persona a la que estaría representando el abogado se trata de José Adolfo Martínez quien estuvo contratado por la Municipalidad desde el 30 de enero de 2014 hasta el 18 de julio de 2017, cumpliendo funciones como Inspector de Obra en las licitaciones Plan Plurianual de Viviendas Tipología 2D-Etapas 5, 6,7 y 8 , de las cuales fueron concluidas la etapas 5 y 6, con la entrega de viviendas que se hizo entre abril y septiembre de 2016, mientras que en el caso de las etapas 7 y 8, las viviendas en cuestión fueron usurpadas en agosto de 2015 previo a las elecciones municipales.
Luego de la usurpación, el Inspector José Adolfo Martínez realizó un relevamiento que fue remitido a la Nación para solicitar nuevos fondos con el objeto de continuar con la construcción de aquellas viviendas pero hasta la actualidad no han sido recibidos.
Ante esta situación de inactividad en las tareas para las cuales Martínez había sido contratado, la Municipalidad le ofreció el traslado al Corralón Municipal a efectos de que cumpliera funciones en el Laboratorio de Hormigón, trabajo que al no ser aceptado por Martínez motivó que el día 18 de julio de 2017 fuera dado de baja, desvinculándose a partir de esa fecha del Municipio y sin que el mismo hubiera efectuado reclamo o denuncia alguna”.
Carlos Rubén Capella
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