La presentaron diputados de su bloque. Sólo regirán si sus países también la ofrecen. Habría «aranceles» y «tasas».
El proyecto fue presentado por el radical Luis Petri, vicepresidente de la Cámara y con diálogo directo con la Casa Rosada, en medio de una pelea de la cancillería argentina con Bolivia por su negativa a aplicar un trato de reciprocidad en salud pública.
«El objetivo del proyecto es garantizar el acceso igualitario a todos aquellos extranjeros que elijan residir en la Argentina de manera permanente, que vengan a trabajar, que aporten al crecimiento del país y que quieran proyectar sus sueños aquí y establecer un régimen para aquellos extranjeros no permanentes a fin de afrontar los costos de los servicios», informó Petri.
El proyecto de ley presentado por Luis Petri impide que un extranjero no residente acceda a un hospital o curse en la Universidad sin pagar. Habría una excepción si su país permite lo mismo a los argentinos.
El proyecto no sólo se rige a los servicios de salud (que en efecto, es brindada por las provincias) sino también para la educación, que incluye a las universidades nacionales, donde asisten miles de extranjeros.
La presidenta de la Federación Universitaria Argentina (Fuba), Josefina Mendoza, es diputada nacional radical y su voz se hará sentir en el bloque. Ya intervino en el debate sobre los fondos a universidades en el presupuesto.
Petri aclaró que «aquellas personas que ingresan al país con carácter temporario, transitorio o precario», mantendrán «el acceso a los servicios de educación universitaria y salud en forma gratuita, en tanto exista reciprocidad, es decir, siempre los argentinos gocen de los mismos derechos en esos países».
El objetivo es garantizar el acceso igualitario a todos los extranjeros que elijan residir en Argentina de manera permanente y que quieran proyectar sus vidas aquí y establecer un régimen para aquellos extranjeros no permanentes a fin de afrontar los costos de los servicios.
«De lo contrario -en caso de no existir reciprocidad ni compensación entre el país de origen de la persona que goza del servicio y la Argentina-, el Estado estará facultado a exigirle a ese país una compensación por los servicios prestados», agregó el mendocino.
Y sólo como «última instancia» el Gobierno podrá establecer «tasas retributivas» o «aranceles» para afrontar el costo de los servicios de salud y educación.
Los otros diputados firmantes fueron Waldo Wolff, Eduardo Amadeo, Facundo Suárez Lastra, Julián Dindart, David Schlereth, Gustavo Menna, José Carlos Núñez, Martín Hernández y Estela Regidor, todos de Cambiemos.
