San Luis (LaNoticia) 16-02-18. En nuestra edición de ayer –clic acá para ver archivo-, anticipamos que el Superior Tribunal se está mostrando como el más dependiente de la historia y el agua nos dio la razón.
Ayer informábamos que debido a la gran dependencia que tiene esta conformación del Superior Tribunal de Justicia de San Luis -Lilia Novillo, Raquel Corvalán y Carlos Alberto Cobo- del Ejecutivo provincial, algo totalmente prohibido por las Constituciones nacional y provincial, dejaron fuera del presupuesto un acuerdo al que habían arribado con el SiJuPu de pagar la “dedicación exclusiva”, puesto que el Gobierno provincial les vetó el presupuesto que enviaron y nada, absolutamente nada, hicieron para exigirle a ese mismísimo Gobierno provincial que cumpla con la independencia de los Poderes del Estado. A esto, hay que sumarle que por no exigir un presupuesto acorde a sus erogaciones y aceptar sumisamente lo que el Ejecutivo se le antoja darles, el edificio del Poder Judicial ubicado en Rivadavia al 300, está mostrando un deterioro tal que durante el fin de semana largo, una pérdida de agua en un tanque del techo inundó -literalmente- el tercer piso del edificio y estropeó casi todo lo que había en las oficinas allí ubicadas.
Así lo informa el sitio La Izquierda Diario –clic acá para ver nota original-, en donde señalaron que “luego del feriado largo y los festejos por el carnaval, el tercer piso del Poder Judicial de la Provincia de San Luis, particularmente, el Juzgado Civil, Comercial y Minas Nº1, amaneció completamente inundado. Aparentemente, la causa tiene que ver con la pérdida de agua en uno de los tanques de la terraza. Durante todo el fin de semana largo, el agua se habría venido acumulando hasta que comenzó a filtrarse por las paredes, tirando abajo partes del techo del juzgado”.
“Las primeras en enterarse del problema fueron las mismas empleadas del Civil Nº1, quiénes en pleno feriado, comenzaron a realizar las primeras tareas para detener la inundación e inmediatamente anoticiaron del problema a la Dirección de Recursos Humanos, al Superior Tribunal de Justicia (STJ) y al Sindicato de Judiciales Puntanos (SiJuPu)”, informan agregando que “la respuesta de la patronal de los empleados judiciales se hizo esperar bastante, a pesar de que el piso estaba mojado, las paredes estaban húmedas, el agua seguía cayendo del techo y el peligro de cortocircuitos y descargas eléctricas era cada vez mayor. Atento a ello y después de un sinnúmero de idas y venidas, el STJ resolvió `suspender los términos del día catorce de febrero del corriente año del Juzgado Civil, Comercial y Minas Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial, sin perjuicio de la validez de los actos que se cumplan´”.
El periódico expresa que “pero, con esa última frase, se obligó a las empleadas del juzgado inundado a estar presentes en sus puestos de trabajo en el día de hoy (14 de febrero) aunque los peligros hacia la salud e integridad física de las trabajadoras eran más que manifiestos. Recién cerca de las nueve horas, después de que se convenció acerca de la imposibilidad concreta de realizar cualquier `acto´ que pueda tener `validez´, la patronal judicial autorizó al personal del Civil Nº 1 a retirarse pero con la condición de cumplir horarios vespertinos para agilizar el ordenamiento del juzgado”.
Como suele ocurrir en otras reparticiones estatales, la falta de presupuesto se traduce en condiciones laborales precarias. Entonces, cuando ocurren inundaciones, caídas de techos, derrumbes, accidentes y en algunos casos, hasta muertes laborales, se espera “naturalmente” que sean los mismos trabajadores quienes tengan que salir a remediar la situación (en este caso, trabajando a la tarde) cuando la simple lógica indica que es la patronal estatal la que tiene la obligación de solucionar los problemas que generan las malas condiciones laborales, garantizando la salud e integridad física de sus trabajadores.
“Por eso, a la hora de hacer carne todas estas exigencias, cobra vital importancia el rol de los sindicatos y la organización independiente de los trabajadores más cuando los diferentes gobiernos vienen llevando adelante políticas de ajuste y recorte del gasto público, despidiendo, cerrando áreas y programas estatales, fomentando la precariedad laboral y recortando el presupuesto destinado a la educación, la salud y la Justicia”, finaliza diciendo La Izquierda Diario.
Carlos Rubén Capella
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