Tras una sesión de 18 horas, la Cámara baja aprobó por 131 votos positivos contra 71 negativos el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que disuelve la Secretaría de Inteligencia y crea una Agencia Federal que reformula las funciones de los agentes y establece un mecanismo transparente de los fondos reservados, entre otros puntos.
Para ganar la votación, el bloque de diputados del Frente para la Victoria reunió la mayoría necesaria para la sanción con 117 votos propios y el apoyo de aliados como Nuevo Encuentro, Frente Cívico de Santiago del Estero, Movimiento Popular Neuquino, el Frente por la Inclusión Social, el Movimiento Solidario Popular, el PJ La Pampa, y el radical disidente Eduardo Santín.
La diputada y titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Diana Conti, destacó que “este proyecto apunta a terminar con el contubernio entre agentes de inteligencia y algunos miembros del Poder Judicial”, y defendió “el traspaso de la Dirección de Observaciones Judiciales a la Procuración General”. “Es a través de las escuchas donde se ha ido construyendo ese andamiaje. Y contra eso pedimos la solidaridad de este cuerpo para que deje de existir”, puntualizó.
El proyecto aprobado disuelve la actual Secretaría de Inteligencia (SI) y crea la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) como organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional, que deberá quedar constituido en un plazo de 90 días. En cuanto a sus autoridades, el dictamen de mayoría establece que el director y subdirector general serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. En el texto se aclara, además, que «el cese de ambos funcionarios podrá ser dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional».
Además dispone que se mantiene el personal así como los bienes de la actual Secretaría de Inteligencia a la Agencia Federal de Inteligencia, con excepción de la Dirección de Observaciones Judiciales (Ojota) que pasará a depender de la Procuración General de la Nación.
Se establece, también, la prohibición de que los agentes funcionen como auxiliares de la justicia, y solo podrán hacerlo «por pedido expreso del juez en una causa determinada». Otro punto importante es la reducción de 25 a 15 años del plazo para la desclasificación de información, que ahora será clasificada en tres categorías, como información pública, reservada y secreta.