San Luis (LaNoticia) 11-02-15. El presidente de la Auditoría General de la Nación y el presidente del Bloque UCR-Frente Amplio UNEN en la Cámara de Diputados de San Luis arribaron al país centroamericano a fin de participar de un caso de destitución de jueces tras el golpe de estado ocurrido en Honduras en 2009.
Este caso está relacionado con los procesos disciplinarios a los cuales fueron sometidos los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, así como la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza, en el contexto del golpe de Estado ocurrido en Honduras en junio de 2009.
Las víctimas eran parte de la “Asociación Jueces por la Democracia”, la cual emitió comunicados públicos calificando los hechos relacionados con la destitución del ex-Presidente Manuel Zelaya como un golpe de Estado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró que el procedimiento estuvo plagado de múltiples irregularidades que afectaron el debido proceso de las víctimas. Así por ejemplo, teniendo en cuenta la posición públicamente promovida por la Corte Suprema de Justicia de validar el golpe de Estado, dicha autoridad no actuó de manera imparcial al decidir las destituciones de las víctimas.
En el juicio, Despouy fue propuesto como perito de la Corte por el CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional), y Cacace como observador por la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras. Durante toda la semana participaron así de la defensa de estos jueces. Despouy expuso también en la Corte Suprema de Costa Rica sobre su experiencia como Relator de Naciones Unidas, en un evento organizado por la Asociación Costarricense de Jueces.
“Si bien este es un caso particular de Honduras, trata de la independencia hacia adentro del Poder Judicial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que su jurisprudencia es obligatoria y vinculante para todos los Estados, y nuestra propia Corte Suprema ha indicado que debe ser aplicada por nuestros tribunales nacionales y provinciales. Así que la definición del caso en los próximos meses es de la mayor relevancia también para nuestro país”, recalcó Cacace.
Carlos Rubén Capella
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