El 10 de abril el Tribunal Oral Federal de San Luis dictó el veredicto en el Segundo Juicio por Delitos de Lesa Humanidad de nuestra provincia.
Los familiares y los sobrevivientes esperaban algunas condenas más altas, por parte de los Jueces, que al modificar el delito de asociación ilícita agravada (solicitada por la querella y el ministerio publico fiscal) y dictaminar asociación ilícita común, se reducen las condenas, de acuerdo a los códigos, las leyes y la Constitución. De todas maneras, a partir de los fundamentos que el Tribunal expondrá en 40-60 días, se otorgará la posibilidad de apelar o solicitar la revisión de las condenas.
Es por demás importante la confirmación de que los delitos que se juzgaron son de Lesa Humanidad y que, indudablemente, existió un sistema represivo en el que intervinieron las Fuerzas Armadas, con participación de cómplices civiles. Por eso la etapa del Terrorismo de Estado fue una Dictadura Cívico Militar.
El objetivo claro y contundente de aquella Dictadura, fue la implementación de un Proyecto económico, político, social y cultural en beneficio de los sectores más poderosos y en desmedro de las mayorías. La única manera de realizar ese plan fue en base a un plan represivo persecutorio de las organizaciones populares: estudiantiles, sociales, políticas, sindicales, gremiales, barriales, religiosas de base, porque la organización popular representó el obstáculo para llevar adelante el Proceso de Reorganización Nacional.
Después de calmar las emociones encontradas que produce en los sobrevivientes una jornada de estas características, es fundamental pensar en las vicisitudes que un año electoral suele producir en los sectores políticos, esencialmente en sus dirigentes.
Por ello, en estos días he reclamado que aquellos dirigentes que han revelado sus intenciones de presentarse como precandidatos a cargos electorales, expresen claramente la postura que asumen frente a la política de Memoria, Verdad y Justicia.
Esto generó algunas declaraciones de quienes estuvieron presentes el día viernes 10 de abril en la sala de audiencias, dirigentes de algunos espacios políticos de la provincia de San Luis. Plantee que el acompañamiento a los sobrevivientes y familiares de los puntanos asesinados y desaparecidos, en este día histórico por parte de los diputados Ricardo y Cacace y de la Concejal Rocha es importante, pero NO es suficiente. Exigí absoluta claridad sobre la postura política e ideológica de esos dirigentes frente a los hechos aberrantes juzgados en este Juicio y en todos los que se realizan a lo largo y a lo ancho del país.
Porque es muy contradictorio que se manifieste solidaridad con las víctimas y simultáneamente los dirigentes de la Unión Cívica Radical realicen alianzas electorales el PRO de Mauricio Macri, quien ha declarado su oposición a la política de Derechos Humanos. La respuesta de estos dirigentes se refirió a hechos históricos, como la CONADEP o el Juicio a la Juntas, acontecimientos que, por supuesto poseen un valor incuestionable en la historia reciente de nuestro país. Pero no estamos hablando de eso, lo que se les pide es su definición explicita y publica en el PRESENTE, HOY, frente a la postura de su aliado Macri de aplicar la impunidad a los genocidas y revictimizar así a quienes fueron los destinatarios de delitos aberrantes y a sus familiares.
Nadie puede desconocer que la Argentina es ejemplo en el mundo, porque ha sido capaz de transformar los reclamos de los organismos de Derechos Humanos en política de estado. La reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad, a lo largo y ancho del país, han permitido esclarecer y comprobar crímenes aberrantes como secuestros, torturas, desapariciones, asesinatos, apropiaciones, sustitución de identidades, violaciones durante la Dictadura Cívico Militar. Y con todas las garantías constitucionales, juzgar y condenar a sus responsables.
Los dirigentes radicales manifestaron que pedirles que se expresen públicamente significaba una falta de respeto!! Que una militante, sobreviviente pida o exija a los diferentes dirigentes políticos que se definan y hagan pública su postura respecto a la Memoria, la Verdad y la Justicia no representa falta de respeto hacia ellos. Creo que es un deber político y moral de cara, justamente a un año electoral. Si no estuvieran claros los proyectos, los programas o las concepciones respecto a los Derechos Humanos, HOY, AÑO 2015, de cada dirigente, se le estaría faltando el respeto a los asesinados, a los desaparecidos, a los familiares, a los torturados, a los secuestrados, a los encarcelados. Es una exigencia, no de una persona, de un grupo o de un espacio partidario, es una demanda de la historia y de la sociedad argentina.
El pueblo argentino ha pagado un alto costo para recuperar la democracia y seguirá su lucha por mayor igualdad, con justicia social y autonomía en las decisiones soberanas. Lo reclaman los que dejaron sus vidas, lo demandan los jóvenes y quienes apuestan a un futuro que abarque a todos los argentinos.
Por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
NdelaR: A partir de hoy, y todos los miércoles tendremos esta Columna escrita por Ana María Garraza, víctima -ella y su familia, en San Luis- de los atropellos de la dictadura cívico-militar sufrida desde 1976 en toda la Argentina. Agradecemos profundamente que Ana María aceptara ser columnista de La Noticia, para narrarnos historias que, para muchos de nosotros, son desconocidas. Gracias Ana María y bienvenida a La Noticia.