Mientras el sector docente lucha contra aumentos salariales de miseria, las autoridades universitarias negocian el presupuesto para el 2019. Frente al saqueo del Fondo Monetario Internacional (FMI) la cuestión de los fondos universitarios tiene que ser debatida por la comunidad educativa de las universidades nacionales de todo el país. Defender la educación pública, gratuita y laica, ¡De eso se trata!
Por Johana Gómez – Referente provincial del PTS – Frente de Izquierda
Desde que se fijó hace un año atrás el presupuesto para las 57 universidades nacionales que atraviesan el país, hasta la actualidad, pasaron muchas cosas. En ese entonces, se pronosticaba una inflación del 15,7 % y, para este año, un dólar promediando los $ 19,3. Sin embargo, la realidad superó a un presupuesto que quedó en la ficción. Al mes de julio/2018, la inflación acumulada es casi del 20 % y, según el Banco Central, sería del 31,8 % hasta fin de año. Y el tipo de cambio se elevó un 57 %, desde aquéllos ilusorios $ 19,3 al nuevo máximo de $ 30,4 que tocó en la segunda semana del mes de agosto.
De esta manera, se combina un fuerte ajuste por inflación que golpearía de lleno a los salarios docentes y del personal administrativo de todas las universidades nacionales con la propuesta paritaria salarial del gobierno cambiemita de un 15 % en cuotas (detenido hoy en mísero 10,8 %). En el caso del sector estudiantil, las becas del “Programa Nacional de Becas Universitarias” (PNBU) que se pagan en cuotas mensuales de $ 900, también sufrirían un impacto considerable. Pero además, el ajuste por la suba general de los precios (en los materiales de estudio, alimentos, vestimenta, transporte y alquileres, por ejemplo) se combina con un saqueo en dólares que se va desarrollando a medida que se devalúa el peso. El presupuesto universitario de $ 103.000 millones (sin considerar el recorte de $ 3.000 millones que denuncian los sindicatos que nuclean a los trabajadores universitarios) lleva perdido hasta hoy, con la devaluación, un 36 %, pasando de U$S 5.336,7 millones a U$S 3.421,9 millones.
Este ataque al presupuesto universitario vuelve a poner en cuestionamiento una estructura de fondos dinerarios que ubican a las universidades argentinas muy por detrás de los parámetros internacionales de la región de América Latina desde hace años. En el caso de la Universidad de Buenos Aires (UBA) la mayor del país con cerca de 330.000 estudiantes, se destinan 1.652 dólares al año por estudiante. Si la comparamos con la Universidad Nacional de México (UNAM) que tiene un tamaño similar con 319.000 estudiantes, los fondos por alumno son de 6.351 dólares al año. Una brecha casi de 4 veces entre el presupuesto destinado a los estudiantes de la UNAM respecto de sus pares de la argentina.
La contracara del retroceso del presupuesto universitario en dólares es el acelerado proceso de saqueo de los recursos públicos del país que conlleva el círculo vicioso de fuga de capitales y el pago de la deuda externa. Durante el primer semestre del año, se fugaron 16.676 millones de dólares, lo que equivale a casi 5 presupuestos de las 57 universidades públicas de todo el país. A la vez que, este año, los vencimientos de la deuda alcanzan los 78.000 millones de dólares, un equivalente a casi 23 veces el presupuesto de las mencionadas universidades nacionales.
Al calor del reclamo docente, algunos rectores denuncian el retraso en el envío de fondos de funcionamiento para las universidades. Pero, mientras tanto, negocian con el gobierno nacional el presupuesto de 2019 a través del “Consejo Interuniversitario Nacional” (CIN) un organismo que los nuclea en todo el país y que hoy está presidido por el radical Hugo Juri, ex Ministro de Educación de De la Rúa. Está más que claro que las autoridades universitarias no se oponen al pago de la deuda externa y al acuerdo con el FMI, lo cual deja expuestas a las universidades nacionales a la dinámica general de ajuste permanente sobre el gasto público que implica el pacto firmado ante el organismo internacional.
Con la llegada del FMI y el compromiso asumido por el gobierno nacional y los gobernadores de llegar al déficit cero en 2020, los presupuestos de educación, ciencia y técnica, y de la universidad no van a ser ajenos a los recortes de envergadura que se pretenden hacer. La última vez que se proyectó eliminar el déficit fiscal siguiendo las órdenes del FMI fue en julio de 2001 con Domingo Cavallo como Ministro de Economía. En ese entonces, la universidad estaba en la mira del arancelamiento ya desde 1999 bajo el menemismo y, en 2001, con López Murphy como ministro de la misma cartera bajo el gobierno de la Alianza. En ambas ocasiones, las respuestas contundentes del movimiento estudiantil y de los trabajadores de la educación fueron clave para derrotarlos. Hoy en día, siendo el mismo Fondo de siempre, no se pueden descartar golpes de mayor magnitud.
Este panorama es suficiente para poner en estado de alerta a toda la comunidad educativa universitaria y a toda la sociedad en su conjunto. De lo que se trata es de asumir la defensa de mayor (y no menor) presupuesto universitario como una cuestión de las mayorías que componen las universidades nacionales de todo el país: 1.800.000 estudiantes, 130.000 docentes y más de 50.000 trabajadores administrativos. No se puede dejar el presupuesto de la Universidad Pública en manos de una minoría de 57 rectores que viven como ricos, con ingresos de más de $ 170.000 por mes y, mucho menos aún, sabiendo que son parte de los partidos políticos de siempre (radicalismo, peronismo y kirchnerismo) que pagaron serialmente la deuda externa saqueadora, a expensas de la formación y el trabajo de millones de estudiantes y miles de trabajadores, respectivamente.
Por estos motivos, tiene que ser tarea de las organizaciones estudiantiles, de los sindicatos docentes y de los trabajadores administrativos de las universidades nacionales, poner en discusión el presupuesto y que en asambleas se debata cuántos fondos se necesitan y a qué o para qué se van a destinar. Este es un primer paso fundamental para derrotar el ajuste del gobierno macrista y del FMI sobre la educación pública, gratuita y laica.