Entre las leyes que la brasileña enviará al Congreso, figura una que endurece las penas para empresarios involucrados en ilícitos.
Mientras las autoridades suizas anunciaban la devolución a Brasil de más de 120 millones de dólares que permanecían congelados por las investigaciones que se están llevando a cabo en relación al caso Petrobras, la presidenta Dilma Rousseff lanzó un paquete de medidas que será enviado al Congreso para reforzar el combate a la corrupción, publicó Tiempo Argentino. «Tenemos que crear una nueva moral pública republicana, democrática e igualitaria en los derechos civiles», dijo Rousseff en la presentación del proyecto.
Una de las medidas, que dependerán de la aprobación del Parlamento, tipifica como delito penal el ocultamiento de dinero obtenido por los partidos políticos en sus campañas electorales, una práctica que hasta ahora sólo es castigada con sanciones administrativas. Otras medidas proponen agilizar los trámites para la confiscación de los bienes obtenidos a través de la corrupción y facilitar su subasta, para recuperar el dinero.
También propone extender a todos los empleados públicos una ley que hasta ahora rige sólo para los políticos y que impide que se postulen a cargos oficiales si responden a algún antecedente o proceso contra el patrimonio público o de tipo penal. Asimismo, ordena la tipificación del crimen de enriquecimiento ilícito para penalizar a aquellos funcionarios con un crecimiento patrimonial que no se adecúa a sus ingresos.
La última medida anunciada en el paquete reglamenta una ley contra la corrupción referida a las prácticas ilícitas en el ámbito privado, que endurece las penas para los empresarios que se involucren en delitos contra el erario público. Esta norma puede afectar directamente a 18 empresas privadas contra las que la Contraloría General inició procesos administrativos por su supuesta participación en la red de corrupción descubierta en la estatal Petrobras.
En ese marco, la fiscalía federal de Suiza devolvió a Brasil unos 120 millones de dólares que permanecían congelados en distintas cuentas involucradas en el caso de la petrolera. El dinero es parte de un total de 400 millones que Suiza había congelado en 300 cuentas bancarias secretas. El objetivo de la devolución, según dijeron las autoridades, fue mostrar «la clara intención de Suiza de tomar una postura contra el mal uso de su centro financiero para fines delincuenciales y devolver los fondos de origen mal habido a sus propietarios legítimos». La investigación del caso se inició en abril de 2014, informaron los suizos.