LA NOTICIA

en San Luis

2017-03-21 Opinión

Por Luis "Tochi" Moreno

De la discriminación en San Luis


Un feudo en pleno siglo XXI, no puede funcionar como en la Edad Media, más tarde o más temprano se le caerá la careta mostrando la verdad del relato construido con el dinero y los aprietes del poder. Esto viene a cuento por lo que ocurre en la educación de San Luis, mientras el gobierno alardea de su vocación innovadora buscando el aplauso fácil de sus fieles y acríticos aplaudidores.

Caso 1

En Villa Mercedes un joven de 16 años que abandonó sus estudios por haber caído en las garras de la droga, inició y con buenos resultados su tratamiento para salirse de su adicción y quiere reanudar sus estudios secundarios. Su terapeuta le ayuda y acompaña en esa gestión.

¿Con qué resultado? La negativa de los directivos a recibirlo por ese antecedente, pese a que su terapeuta está dispuesta a ayudar, asesorar, acompañar.

Nada vale para vencer esta negativa. Este joven tiene un estigma y el mundo adulto de la educación le cierra las puertas.

Caso 2

En San Luis, no hace mucho una madre sufrió la muerte de su hijo mayor cuando éste participó en un robo. Tiene además un hijo menor, vive en uno de los barrios más pobres de la ciudad y en donde abundan los ni-ni (ni estudian, ni trabajan), acompañados de adicciones varias y usualmente solos porque sus familias están deshechas o porque sus mayores deben trabajar muchas horas, quedando los hijos solos en medio de un ambiento social muy poco deseable.

Esa madre no quiere perder otro hijo, no quiere que su hijo de 10 años, caiga en lo mismo que su hermano mayor. Este chico va a la escuela y quiere seguir haciéndolo; pero en casos como éste (y son muchos más) no basta con solo ir a la escuela. ¿Qué ofrecen la provincia o el municipio a las familias que necesitan imperiosamente salvar a sus hijos de los males que tanto castigan a nuestras jóvenes generaciones, en sus horas libres?

Caso 3

Como todos los años y desde hace muchos, se inicia el año lectivo con serias falencias edilicias en las escuelas. Sobran las explicaciones, pero faltan las soluciones.

En Villa Mercedes los padres se vieron obligados a no enviar sus hijos a clases a causa de las paredes electrificadas. Otras escuelas del interior provincial, están tapadas en yuyos y basura o esperando que lleguen las refacciones o materiales pedidos. Eso sí, mayoritariamente son escuelas de localidades o parajes poco poblados, lejos de los principales centros urbanos. Parece ser que quienes allí viven y estudian deben jorobarse y esperar que para las calendas griegas les lleguen las soluciones.

¿Y los derechos humanos?

Son estas situaciones ejemplos categóricos de discriminación, de violación al derecho humano de la educación. Son además incumplimientos de la manda constitucional de la provincia.

Igualdad ante la ley – Artículo 16

Todos los habitantes tienen idéntica dignidad social y son iguales ante la ley, sin distinción de sexos, origen étnico, idioma, religión, opiniones políticas y condiciones sociales, no existiendo fueros personales ni títulos de nobleza.

Deben removerse los obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la libertad y la igualdad de los habitantes, impiden el pleno desarrollo de la persona humana y la efectiva participación de todos los habitantes en la organización política, económica y social de la Provincia.

¿Dónde están la idéntica dignidad social y condiciones sociales, la igualdad ante la ley?

¿Dónde la remoción de los obstáculos económico-sociales que impiden el pleno desarrollo de la persona humana?

De la infancia

Artículo 49


El Estado protege a la persona humana, desde su concepción hasta su nacimiento y, desde éste hasta su pleno desarrollo.

Provee a la atención del menor, garantizando su derecho a la educación y a la asistencia, sin perjuicio del deber de los padres y del accionar subsidiario de las sociedades intermedias, y la atención física y espiritual de la niñez y juventud.

La Provincia asegura con carácter indelegable, la asistencia a la minoridad desprotegida y carenciada. Debe adoptar medios para que la internación de menores en institutos especializados, sea el último recurso a emplear en su tratamiento.

Para ello, fomenta la creación de centros de acción familiar en estrecha relación con la comunidad, que colaboren en la acción protectora de la minoridad. Es obligación del Estado Provincial atender a la nutrición suficiente de menores hasta los seis años y, crear un registro de la minoridad carenciada a efectos de individualizar los beneficiarios.

No hace falta hacer más precisiones, solo el decir que todo lo dicho en este artículo se refiere a la totalidad de la población, no a los más cercanos, más amigos o los que generen menos gastos. Más aún, debemos tener muy en claro los conceptos de justicia social, el destino universal de los bienes y la opción preferencial por los pobres.

Por último:

Derecho a la educación – Artículo 70


La educación es un deber insoslayable del Estado y un derecho humano fundamental, entendida como un proceso de transmisión, recreación y creación de los valores culturales, para el pleno desarrollo de la personalidad en armonía con la comunidad.

Clarito ¿no? La educación es derecho humano fundamental. Para todos. Cabe recordar la categórica y muy actual definición sarmientina: “Todos los problemas, son problemas de educación”.

Un gobierno que demuestra tal desapego por la educación como derecho inalienable, que incumple con aquello que supo jurar cumplir y respetar, está fabricando e incrementando la violencia y la grieta socio-económica que nos aqueja.

Soluciones abandonadas

Este gobierno es el que cerró los Hogares Escuelas y el Hogar del Niño tan bien llevado por los curas amigonianos que casi fueron expulsados de la provincia.

No es quiera volver a reformatorios o similares sistemas de encierro – castigo. Pero se necesita imperiosamente una estructura que haga realidad los objetivos constitucionales. No de una inclusión formal, en donde se recibe una pobre educación y escasa capacidad de promover la dignidad humana. La situación social de muchos hermanos sanluiseños es grave, están abandonados por el estado y mirados de reojo y con mala cara por buena parte de la sociedad. No debe esconderse esa realidad, hay que enfrentarla y resolverla.

Por otra parte este gobierno incumple con alevosía con el Estatuto del Docente. En este momento me refiero especialmente a lo concerniente a los Centros Técnicos de Apoyo al Aprendizaje (CTAAP, ex gabinetes psicopedagógicos), que pueden detectar los problemas, aconsejar a docentes y padres, derivar a una salud pública con capacidad de atender estos problemas.

Sólo el CTAAP de la región educativa I está totalmente integrado y aun así le resulta imposible atender a toda la población estudiantil que abarca. Desde 2004, que ningún gobierno provincial se ha preocupado por dar solución a esta carencia. Debo recordar que ni el Dr. Sosa, ex Ministro de Educación de Claudio Poggi, ni el Dr. Amitrano actual Ministro de Educación de Alberto Rodríguez Saá, cumplieron con su obligación de informarme acerca de la situación de los CTAAP cuando se la pedí en el marco de la Ley XII-0924-2015.

La dura verdad

Es evidente que la pobre educación que brinda la provincia hace entre tantas otras cosas, que se desconozca o se enseñe poco y mal nuestra constitución, porque quien ignora… ¿qué puede reclamar?

Todo lo que no se cumple, todo lo que se ignora, lo que no se ve ni se oye, las soluciones que no se dan, avalan el decir que en materia educativa hay una flagrante discriminación, una dolorosa violación a derechos humanos. Responsabilidad de todos los gobiernos provinciales, del silencio de gran parte de la dirigencia política y lamentablemente, de la indiferencia de gran parte de la sociedad.

Me pregunto y les pregunto a mis comprovincianos ¿es ésta la sociedad sanluiseña que queremos?




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