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en San Luis

2015-09-25 Nacionales

Última dictadura

El rastro de las complicidades económicas


A partir de una propuesta de Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky en el libro Cuentas pendientes, retomada por el FpV, la Cámara baja votó por amplia mayoría la creación de una comisión bicameral. Sólo se abstuvieron los diputados del PRO. El proyecto pasa al Senado.

La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley que crea la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la dictadura. La propuesta del diputado Héctor Recalde obtuvo 170 votos a favor y ninguno en contra. Sólo se abstuvieron los legisladores del PRO, de Mauricio Macri, y sus aliados, quienes no fundamentaron su silencio. La iniciativa que ahora debe tratar el Senado apunta a la elaboración de un informe sobre las consecuencias de la política económica instaurada tras el golpe de 1976 y la identificación de actores económicos y financieros que contribuyeron y/o se beneficiaron con el terrorismo de Estado. La media sanción de Diputados se produce en momentos en que la corporación judicial libra una batalla silenciosa con el Ministerio Público Fiscal para evitar que lleguen a juicio las causas sobre la participación de empresarios en delitos de lesa humanidad, tal como surge del fallo de la Cámara de Casación que revocó el procesamiento de Carlos Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, o de las escandalosas maniobras del poder judicial de Bahía Blanca para apartar al juez que había indagado a Vicente Massot y designar a un abogado que en tiempo record dictó la falta de mérito del director de La Nueva Provincia.

La idea de la Bicameral surgió del libro Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura, que coordinaron el periodista Horacio Verbitsky y el jurista Juan Pablo Bohoslavsky. El proyecto lo presentaron en abril de 2014 diputados kirchneristas encabezados por Recalde. “Es un derecho a la defensa contra la amnesia, la mendacidad y la impunidad”, explicó el diputado Julián Domínguez durante el acto de presentación. “Con la complicidad de algunos representantes de empresas, la Comisión Asesora Legislativa torturó algunos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo e hizo desaparecer otros”, recordó entonces Recalde.

La UCR, el Frente Progresista y la Coalición Cívica plantearon reparos sobre el período a investigar (1976-1983), pero aprobaron el proyecto. Myriam Bregman, del FIT, objetó la composición de la comisión, que contempla hasta la tercera minoría, pero también votó a favor. Las únicas abstenciones, acompañadas de un notorio silencio, fueron de los diputados macristas Federico Pinedo, Federico Sturzenegger, Laura Alonso, Pablo Tonelli, Alberto Triaca, Eduardo Cáceres, Gladys González, Christian Gribaudo, Luciano Laspina, Soledad Martínez, Cornelia Schmidt-Liermann y el ex árbitro Héctor Baldassi, todos del PRO, y dos de sus aliados: el conservador salteño Guillermo Durand Cornejo y el demócrata mendocino Roberto Pradines. Elisa Carrió se ausentó poco antes de la votación. Desde la Coalición Cívica, Pablo Javkin apoyó la propuesta en soledad.

La bicameral estará compuesta por cinco diputados y cinco senadores, tres por la mayoría, el resto por la segunda y la tercera minoría. El informe final deberá describir “los aspectos más salientes así como las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera” de la dictadura e identificar a “los actores económicos y técnicos que contribuyeron y/o se beneficiaron aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza”. La comisión deberá “formular propuestas concretas y útiles para forjar la memoria, señalar a los cómplices, y consolidar y fortalecer las instituciones de la democracia, así como reformas legislativas que propendan a desalentar conductas como las investigadas”. Durante los seis meses de trabajo –prorrogables una sola vez– podrá citar a declarar a académicos, empresarios, cámaras empresariales, asociaciones sindicales, miembros de ONG, de partidos políticos y a toda persona que considere necesario. También podrá requerir informes a instituciones públicas, privadas y a Estados extranjeros. La documentación recopilada será remitida al Archivo Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que crea la misma ley, y estará a disposición de la sociedad. Antes de disolverse, la Comisión deberá formular las denuncias judiciales que correspondan en los casos en que advierta la eventual comisión de delitos.




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