LA NOTICIA

en San Luis

2018-10-03 Opinión

Por Luis `Tochi´ Moreno

Carta Abierta al Vicegobernador Ponce


Sr. Vice Gobernador

Carlos Ybrhain Ponce

Palacio Legislativo* San Luis

Como ya lleva casi tres años en su cargo de Vice Gobernador de la Provincia, sin que haya dado cumplimiento al juramento que prestó conforme al artículo l54 de nuestra constitución, me dirijo a Ud. con el objeto de señalarle lo siguiente:

En su condición de Vice Gobernador de la Provincia es también Presidente de la Asamblea General Legislativa, según el Art. 142 de nuestra Constitución Provincial. Entre cuyas responsabilidades está la de elegir al Defensor del Pueblo.

Elección que como es público, notorio y lamentable no ha ocurrido desde hace casi catorce años de la finalización del mandato del último Defensor del Pueblo elegido en forma legal.

En octubre de 2004 ese Defensor, Dr. Aníbal Sopeña, le recordó al legislativo que, estando próximo el cese de sus funciones, debía darse cumplimiento al mecanismo de elección fijado en la ley entonces vigente y cuyos plazos estaban próximos a vencer.

Por esos días se modificó la ley, disminuyendo el mandato de cuatros años a uno. Lo que es una categórica burrada, ya que un plazo tan corto, impide desarrollar una tarea de esa importancia.

En los primeros días de noviembre del 2004 y al no ser designado un nuevo defensor, el Dr. Sopeña se dirigió nuevamente al legislativo señalando que renunciaba por haber terminado su mandato.

También en esa fecha venció el mandato de quien se desempeñaba como Defensor Adjunto, Dr. Héctor Toranzo; sin embargo, éste continuó como defensor titular por cuatro años más. En forma ilegal, de facto, trucha, ya que no ejerció por designación de la Asambleas Legislativa, conforme a ley. Asamblea que en ese año no se reunió para tratar este tema. Toranzo siguió actuando así hasta el 2008 cuando dejaron de pagarle el sueldo. No hubo acto administrativo alguno que diese por terminadas sus funciones, porque nunca lo hubo para que las ejerciera.

La actuación de Toranzo como Defensor del Pueblo de facto, es una flagrante afrenta a la Constitución y las leyes. Senadores y Diputados provinciales, especialmente la mayoría oficialista, que es la única que tiene el número exigido para hacer la propuesta, no eligieron cuando se debía. Ciegos, sordos, mudos, sumisos e ignorantes dejaron pasar. El Poder Ejecutivo, nada dijo. La conducción del partido de gobierno, no ordenó a sus legisladores que propongan y elijan. Pocos políticos de la oposición hicieron o dijeron algo en tantos años.

Esto ocurrió porque el entonces y actual Gobernador, Dr. Alberto Rodríguez Saá, no quiere Defensor del Pueblo, con argumentos tomados de los pelos que en verdad esconden su rechazo a los controles sobre sus acciones de gobierno. De ahí la obediencia temerosa de sus legisladores que saben que su carrera política depende en gran medida, de su grado de complicidad, obsecuencia y obediencia.

¿Por qué el gobernador no quiere Defensor del Pueblo? Por las funciones que nuestra Constitución le fija en el “Artículo 235: Se crea en jurisdicción del Poder Legislativo la Defensoría del Pueblo, cuyo objetivo fundamental es proteger los derechos e intereses públicos de los ciudadanos y de la comunidad, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública provincial, o sus agentes, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente e inoportuno de sus funciones. Tiene, asimismo a su cargo la defensa de los intereses difusos o derechos colectivos, que no pueda ser ejercida por persona o grupo en forma individual. Las actuaciones son gratuitas para el administrado…”.

Tengo muy claro que el control del Defensor del Pueblo sobre el Poder Ejecutivo, no es del agrado de quien lo ejerce en modo feudal. De ahí que la orden dada a los legisladores, tengo referencias que eso ocurrió al menos en una ocasión, sea la de no cumplir con el mandato legal de elegir un Defensor del Pueblo.

Hice reclamos a los anteriores vice gobernadores, Blanca Pereyra, Jorge Pellegrini y Jorge Díaz, para que cumplieran con exigir a senadores y diputados su obligación de hacer esta designación. También hice lo mismo con Antonia Salino; Julio Vallejo, Graciela Mazzarino en sus condiciones de autoridades de sus respectivas cámaras legislativas. Solo tuve respuestas evasivas de Díaz y Mazzarino, que por cierto respondí refutando sus conceptos.

También, en una ocasión me dirigí por nota a cada uno de los senadores y diputados para que cumplieran con su deber. En otro momento repetí este reclamo a los presidentes de bloques legislativos. Nadie se molestó nunca en responder. Ni oficialistas ni opositores.

Además, hice denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos contra Blanca Pereyra y Jorge Pellegrini. Tras “perderse” un tiempo el expediente y luego deambular con pedidos a veces acertados, otras equivocados por parte de los jueces actuantes, al cabo de varios años, fue archivado sin tomar medida alguna.

Algunas acciones, han efectuado legisladores opositores en este tema. Se retiraron cuando Toranzo, el defensor, quiso dar un informe anual. Más recientemente, presentaron un proyecto de ley para reformar y mejorar la vigente. Por cierto, que el oficialismo, la tiene bien cajoneada, siempre entre obediente y temeroso de sus patrones partidarios. Lástima que ese proyecto de reforma no fue informado a todo nuestro pueblo, porque entiendo que un legislador debe comunicar, explicar, hacer docencia republicana para con toda la ciudadanía.

Este listado de acciones tiene el objeto de ponerlo en situación, por si solo escucha una campana, si no conoce la Constitución u olvidó su juramento.

Siendo que esta elección es tarea de los legisladores provinciales, ¿por qué le digo todo esto a Ud., siendo el Vice Gobernador? Porque, como le dije antes, es Ud. el Presidente de la Asamblea Legislativa y como sus integrantes no dan paso alguno en cumplir sus deberes, Ud. debe cumplir con el juramento que dio conforme el texto constitucional del Art. 154: “Yo N.N juro por Dios y la Patria cumplir y hacer cumplir la Constitución, leyes de la Nación y de la Provincia y desempeñar con lealtad y honradez el cargo de que se me inviste. Si así no lo hiciere, Dios y la Patria me lo demanden”.

¿Está claro? JURÓ CUMPLIR Y HACER CUMPLIR la constitución y las leyes. Si Ud. no lo hace, es responsable desde diciembre 2015 a la fecha de este incumplimiento de nuestros legisladores.

No crea Ud. que aliento esperanzas de que vaya a mover un dedo por esta cuestión, simplemente me siento en la obligación ciudadana de ponerlo en evidencia. Decirle que Ud. y los legisladores actuales, al igual que anteriores vice gobernadores y legisladores, violan la constitución y la ley, lo que los pone al margen de ellas. Son por lo tanto delincuentes institucionales, violadores sistemáticos de nuestras instituciones, con una careta de democráticos, que cada vez debe ser más grande para tratar de ocultar tanta indignidad. Le cuento que violar leyes es un delito y quien lo hace, un delincuente.

¿Se animará Ud. a exigirles a los senadores y diputados que tengan un ataque de republicanismo y cumplan con esta tarea? ¿Se animará a consultar el tema con sus amos feudales?

Si no quieren hacerlo, ¿por qué no se animan a modificar la constitución y anular el artículo 235? ¿O será que tienen temor a que la Argentina toda sepa que para Uds. el texto constitucional y las leyes que la reglamentan son papel pintado que sólo se cumple si a los señores feudales les dan ganas?

Finalmente, si Uds. persisten en delinquir contra la república, persistiré en mis deberes ciudadanos, denunciándolos al menos, ante la sociedad. Hasta que tengamos república en San Luis.

Atentamente Prof. Luis Alberto “Tochi” Moreno




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