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en San Luis

2018-08-01 Columna: Pateando el tablero!

Por Johana Gómez

La desaparición y muerte de Santiago Maldonado, un crimen de Estado


El 1 de agosto se cumple un año de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, quien fue víctima de una brutal represión ejecutada por la Gendarmería Nacional en el territorio mapuche de la Provincia de Chubut. Santiago estuvo desaparecido 78 días hasta que su cuerpo fue hallado en las aguas del Río Chubut, a pocos metros de donde se lo vio por última vez, y en un sitio que había sido rastrillado varias veces con resultados negativos.

Desde un primer momento, el Estado nacional -a través de funcionarios como Patricia Bullrich y de los jueces y fiscales intervinientes en la causa- se ha encargado de realizar todo tipo de maniobras para encubrir a los efectivos de la Gendarmería responsables de la desaparición y posterior muerte de Maldonado. Asimismo, acudiendo a sus medios de comunicación adictos, se encargó de desprestigiar su militancia solidaria y la lucha de su familia para que se haga Justicia.

Como si fuera poco, en todo este tiempo, la familia de Santiago y algunos testigos de la causa sufrieron espionaje por parte de los servicios de inteligencia del Estado, y tuvieron que afrontar vulgares operaciones de prensa como consecuencia de ello. Pero, esto no es todo, ya que la impunidad del caso es tal que, en enero de este año, Emanuel Echazú -uno de los gendarmes imputados en el hecho- fue “premiado” por el gobierno nacional con un ascenso.

La última noticia del caso tiene que ver con la publicación en el diario Página/12 de un informe realizado por Enrique Prueger -Licenciado en Criminalística- quien aseguró que los peritos que actuaron en la autopsia de Santiago Maldonado cometieron “graves errores” y que los resultados de la misma son “falsos” y “nulos”.

¿Por qué fue un crimen de Estado?

La desaparición es uno de los métodos que las fuerzas de seguridad utilizan como forma de ocultamiento de un crimen, así como para generar un especial terror entre quienes rodean al desaparecido. Más allá de la resolución que tenga finalmente el caso de Santiago, la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y Patricia Bullrich siempre supieron el destino de Maldonado, que estuvo en la protesta social que ellos reprimieron, pero plantaron pistas falsas hasta el infinito, dejando en vilo a toda una sociedad que se movilizó por su aparición. El Estado y la GNA son los responsables de negar su destino durante todo el tiempo en que estuvo desaparecido, y también de su muerte.

Vale aclarar que hay responsabilidad estatal y no solamente gubernamental porque el Juez Guido Otranto y la Fiscal Silvina Ávila fueron la cobertura de impunidad necesaria que permitió desviar la búsqueda del joven y deslindar las responsabilidades por su desaparición. Es claro que Santiago Maldonado participaba de una protesta con la comunidad mapuche en la Ruta Nacional Nº 40 de la Provincia de Chubut y fue víctima de una planificada y salvaje represión, ejecutada bajo las órdenes políticas de funcionarios nacionales como Patricia Bullrich y Pablo Noceti. En ese marco, llegó al río. No estaba paseando, no estaba pescando, no dio un mal paso y se cayó. Santiago llegó al río perseguido, huyendo, y desapareció. Su muerte no fue accidental, fue conducido a ella por un operativo de más de 100 gendarmes, 50 de los cuales ingresaron al territorio mapuche en forma absolutamente ilegal.

Sin embargo, para el Estado nacional siempre lo importante fue defender a la Gendarmería. Entonces, ¿Por qué mejor no decir que Santiago Maldonado tenía relación con una organización terrorista y aprovechar la excusa para incrementar la represión interna? Bueno, eso es lo que hicieron.

Por ello, en este caso hay un “crimen de Estado”, no sólo por las características del hecho mismo, sino por el marco discursivo y mediático que lo rodea. “Ningún crimen de Estado se comete sin ensayar un discurso justificante”, señala Eugenio Zaffaroni. En su trabajo “El crimen de Estado como objeto de la criminología” da cuenta de cómo los medios de comunicación, voceros estatales, naturalizan un determinado uso del lenguaje para neutralizar el crimen. La negación, el empañamiento de la realidad y la erradicación de los restos y vestigios de la absoluta verdad son parte integral del crimen perpetrado por el Estado. Se instala entonces un discurso legitimador del accionar, en este caso de la GNA. Como el crimen cometido, el discurso se planifica y reviste la misma peligrosidad: así buscan evitar la responsabilidad de los agentes que participaron en la desaparición y muerte y, además, se busca instalar nuevos valores legitimadores de un mayor nivel de represión contra toda persona, grupo u organización que detecta como enemigos.

Así fue que el gobierno de “Cambiemos” dio órdenes precisas -y lo sigue haciendo- a sus medios de comunicación afines para que cada vez que se hablara o se hable de la comunidad mapuche con la cual Santiago se solidarizó, se la mencione como parte de una red terrorista. Sembrar pistas falsas, demonizar a la víctima y a su familia, a los organismos de Derechos Humanos y pretender configurar a un “enemigo” en la figura de los mapuches, forman parte del “manual” para encubrir un crimen estatal. En este caso, la desaparición y muerte de Maldonado.

1 de agosto de 2017 - 1 de agosto de 2018: Un año de impunidad

Este miércoles primero de agosto se cumple el primer aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado. Un año caracterizado por el encubrimiento y la impunidad de parte de los resortes ejecutivo y judicial del Estado nacional.

En las calles y plazas de las principales ciudades del país se realizarán marchas, exigiendo Verdad y Justicia, y denunciando que el Estado fue y es responsable de la desaparición y posterior muerte del joven.

Pero, más allá de todo ello, lo que queda claro es que la práctica de desaparición forzada de personas más el ocultamiento en gran escala de un crimen -involucrando a todo el aparato estatal en ello- nunca fue abandonada por las Fuerzas Armadas y de seguridad. Desde la dictadura cívico-militar del ´76 hasta la actualidad, siguen existiendo los mismos mecanismos represivos a la par que la mayor parte de la cúpula de las FFAA -que ejerció funciones en la época más oscura y sangrienta de la historia argentina- lo sigue haciendo hoy en día.

Y cómo no seguir haciéndolo, teniendo en cuenta que el Ministro de Defensa -Oscar “el Milico” Aguad- junto con el Presidente Macri, y por órdenes del FMI, modificaron el decreto por el cual el expresidente Néstor Kirchner reglamentó la Ley de Defensa, autorizando ahora a las Fuerzas Armadas para que intervengan en la represión interna.

Ante esto, Nicolás Del Caño -Diputado Nacional del “Partido de Trabajadores por el Socialismo / Frente de Izquierda y los Trabajadores” (PTS/FIT)- presentó un proyecto de Ley para derogar el ya mencionado Decreto militarista del macrismo, pero también para que el Ministerio de Defensa diga cuántos integrantes de las tres fuerzas de seguridad que provienen de la dictadura siguen en funciones en la actualidad.

Después de 35 años de “democracia”, el brazo armado del Estado sigue intacto. Por ello, por Santiago, por todos los desaparecidos bajo gobiernos constitucionales, porque las víctimas siempre las pone el pueblo, los que luchan y reclaman, hay que seguir con los brazos y puños bien en alto contra la impunidad de ayer y de hoy, y contra toda represión estatal.

Por Johana Gómez - Referente provincial del PTS - Frente de Izquierda




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