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2018-07-30 Nacionales

Jujuy

La flor del jardín de Morales


Por Alejandra Dandan para El Cohete a la Luna

Primero fue el bochazo. Después, que se copió una sentencia. Y ahora, que se copió hasta en el examen que reprobó. El viernes 10 de febrero de 2017, María Alejandra Tolaba entró a la Legislatura de San Salvador de Jujuy para rendir un examen de jueza penal, el concurso número 10. Como todos los aspirantes, debía escribir una sentencia ante un caso de abuso sexual. El examen duró ocho horas. A las cinco y media de la tarde, una de sus compañeras, ya exhausta, se paró a entregar su resultado. En el camino se topó con el asiento donde estaba quien hoy preside como subrogante el juicio más grave e importante contra Milagro Sala. ¿Qué estaba haciendo Tolaba? Se copiaba. ¿De qué? Todo el mundo puede llevar a los concursos libros, códigos, incluso copias de sentencias. Pero ella, que ya era jueza subrogante del Tribunal Oral Criminal N°3, se copiaba de un libro prohibido: un libro de sentencias protocolizadas que: 1. No puede salir de un juzgado bajo ningún punto de vista y 2. Tiene los casos resueltos.

“Además de ilegal, es un bochorno”, le reprochó entonces quien la descubrió, una abogada penalista de Jujuy, Ivone Gareca Raldes, conocida como gran batalladora de la calle. En el recinto casi no quedaban autoridades del Tribunal Evaluador, pero estaba su presidente: Pablo Baca, diputado hasta diciembre de 2015, uno de los hombres que votó la ampliación del Superior Tribunal de Justicia y horas mas tarde juró como integrante de ese tribunal. Según todos los testigos, y de acuerdo a las crónicas de aquel momento, la furia de Ivone Gareca Raldes produjo tal escándalo que nadie lo olvida. Baca no dijo nada. La abogada salió del recinto y volvió con un escribano para convalidar todo lo que estaba ocurriendo. Días más tarde presentó un pedido de no innovar en la justicia y una denuncia contra el estado provincial por avalarlo.

Para entender de qué se trata todo esto, conviene mirar aquel libro. Las sentencias de un tribunal todavía se copian en papeles. Las más recientes se archivan en biblioratos que son consultados por jueces, secretarios y abogados dentro de los juzgados. Las sentencias más viejas se van editando en libros. Esos libros reúnen lo que se conoce como sentencias protocolizadas. No pueden salir de los juzgados. Están bajo la guarda de los secretarios. Por eso, en ese febrero, Tolaba cometió dos faltas: llevárselo. Y usarlo para buscar machetes de sentencias para el examen. ¿Podría haberlas fotocopiado? Dicen que sí. Pero ni siquiera lo hizo. Se lo llevó. Y cuando la vieron, se lo copiaba.

María Alejandra Tolaba nació el 22 de febrero de 1964. Es viuda. Se recibió de abogada en 1990. Ingresó al poder judicial en 1997. Fue defensora entre 2010 y 2015 y luego jueza correccional, un fuero encargado de faltas menores y contravenciones por delitos con sanciones de menos de tres años. No tiene posgrados, ni investigaciones académicas ni publicaciones. Dictó ocho cursos y/o ponencias, siete sobre… ¡mediación! Fuma. Salió a fumar afuera del recinto durante el concurso 10, y cuando intentó hacerlo en el segundo examen en clave de jefa de juzgado, los compañeros se le fueron al humo. Al final, no la dejaron.

Desde febrero de 2016 está “habilitada” hasta cubrir un cargo vacante del TOC 3, un tribunal penal de mayor jerarquía que el correccional que ejerce. No accedió por méritos de los que carece sino vía Superior Tribunal de Justicia, la arquitectura jurídica que codiseña la persecución contra Milagro Sala con la conducción titánica de Titina Langhe de Falcone, ex socia y compañera de bancada radical del gobernador Gerardo Morales. Como publicó El Cohete, desde entonces Tolaba rindió dos exámenes para validar el cargo de jueza penal: el concurso 10 y el concurso 22. Uno aquel febrero de 2017 y otro este año. Los concursos tienen tres etapas: evaluación de antecedentes (que otorga un máximo de 30 puntos si todo es perfecto), evaluación de un caso (40 puntos) y entrevista personal (30 puntos). No se sabe cómo Tolaba superó los antecedentes pese a que gran parte de su carrera está en el campo de la mediación. Y obtuvo 15 y 16 puntos en los exámenes llamados Prueba de Oposición evaluados por la cátedra de derecho penal de la Universidad Nacional de Tucumán. La primera vez siguió en carrera pese al bochazo y quedó ternada. La segunda no entró en la orden de mérito porque el piso mínimo para aprobar es de 20 puntos. Titina Falcone la defendió con argumentos que serían escandalosos hasta en Macondo y que describen el estado de (in)justicia e (in)moralidad que vive Jujuy:

* “Yo no me ato al puntaje, me ato a la trayectoria que han tenido, a los diversos juicios en los que han actuado”.

* “En ese momento te obnubilaste, te falló la memoria o tuviste un criterio diferente del que te clasifica, pero no por eso sos un mal estudiante”.

*“Vos podés ser un excelente juez y te puede ir mal en un examen, podés ser el mejor estudiante y por ahí no sacás diez puntos. No tiene nada que ver”.

* “Yo conozco camaristas que son excelentes y no han podido sacar los 20 o 30 puntos, los puntajes que se requieren. No por eso son malos jueces”.

* “Podés ser un excelente alumno e irte mal en un examen. ¿Está claro o no? No puedo decir que es mal estudiante cuando ha tenido una carrera excelente”.

* “Para mí, que tengo 53 años de servicio, de haberme recibido, no podés encasillar a una persona, en este caso un juez, en razón de que no le fue bien en un examen. Cada una de las juezas que están en Pibes Villeros no tienen menos de 23 o 24 años de ejercicio de la profesión, son del 90 y pico cada una de ellas”.

* “En la denuncia hay mala fe… ¿Qué es mala fe? Desvirtuar los buenos hábitos de las personas. Eso es la mala fe. Ojo que no estoy conceptuando a nadie; estoy diciendo la opinión que tengo de valores. La mala fe es tratar de descolocar el valor de una determinada persona”.

Por si alguien, con toda razón duda de que la cabeza del Poder Judicial jujeño pueda decir semejantes barbaridades, aquí se reproducen con su propia voz e imagen:

El examen

Estos exámenes se rinden en la Legislatura. Los aspirantes dejan todo en la puerta. Presentan documento. Ingresan sin teléfonos. Se sientan en las bancas de diputados. Usan sus computadoras desconectadas de internet. Tienen catering. Y durante las siguientes ocho horas no pueden salir. Hay un bolillero. Cinco sobres lacrados con sello de Tucumán. El bolillero sortea sobre, y caso.

Todos trabajan el mismo examen. En la apertura suele estar todo el Tribunal Evaluador, en el final esa vez sólo quedó Baca.

El concurso 10 pedía una sentencia para una causa iniciada con la denuncia de una joven mayor de 16 años contra un muchacho bailantero, por abuso sexual. El joven tenía un bus que usaba para ir de concierto en concierto. Una noche, luego de un concierto, la joven golpeó la puerta del colectivo. Subió. Le dio un beso. Comenzaron a tocarse. Él se bajó el pantalón. Ella dijo que no quería tener sexo. Bajó del vehículo. Afuera la aguardaba su madre, que la acompañó a denunciarlo por tentativa de violación. La fiscalía pedía 6 años de prisión. La defensa, absolverlo.

Los aspirantes que obtuvieron mayores puntajes, absolvieron. La edad de la víctima no era un dato relevante porque la ley supone que una persona de esa edad puede mantener una relación consentida sin consecuencias jurídicas. Quienes absolvieron entendieron que la hora y las formas habilitaron al joven a bajarse los lompas. Que él tenía custodias en la puerta. Y que otro hubiese sido el escenario si cerraba el bus y sometía a la joven, pero no lo hizo. Ella se fue.

“Era una absolución cantada de acá a la China”, dice uno de los concursantes. Algunos optaron por una absolución por duda, caso Sara Cabezas. Y Tolaba condenó a 10 meses de prisión en suspenso. Las examinadoras le reprocharon de todo. Pero no la condena en sí misma, sino el razonamiento: equivocó la aplicación de la ley, el análisis de la edad de la víctima, dato central de este caso, e impuso una pena distinta a la propuesta por la fiscalía pero no explicó debidamente las razones.

La lección de Kamada

El día del examen todo esto no se sabía. A las cinco y media, Ivone Gareca Raldes observó que aún trabaja en el escrito. Y vio el libro de protocolo. ¿Para qué? ¿Para copiarse datos? ¿Leyes? ¿O lo usó porque no sabe redactar? Dicen los abogados que conocen los libros, que los protocolos sirven para cualquiera de esas funciones. Puede apurar el análisis de un caso a la luz de una sentencia parecida, pero también para escribir.

Hoy el TOC 3 está integrado por Tolaba y otras dos juezas: Ana Carolina Perez Rojas y Cecila Sadir. También ellas se presentaron en ese concurso 10. Y en ese caso, lo ganaron. Aprobaron el caso raspando, con 21 y 23 puntos. Quedaron en la orden de mérito con Tolaba pero también con otros tres abogados: los hermanos Sara y Simón José Cabezas y Carlos Enrique Farfán, los tres con los mejores puntajes.

Los mejores quedaron afuera. Sara Cabezas era abogada de Beto Cardozo, uno de los detenidos de las organizaciones ligadas a la Túpac Amaru. El 28 de diciembre de 2017 Perez Rojas y Sadir juraron como juezas. Para entonces, Morales tenía problemas. El 6 de diciembre la Corte Suprema de Justicia de Nación se hacía eco de los reclamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por Milagro. Y el 7 de diciembre el Tribunal Oral Criminal N°2 inetegrado por Luis Kamada se rebelaba contra el mandato de exterminio al absolverla en el juicio de las bombachas. Morales necesitaba reforzar lealtades internas. Y apurar el juicio por la asociación ilícita. En ese contexto nació este Tribunal, con un cambio en las reglas de juego que no pasó inadvertido.

Cuando Morales asumió el mandato anegó de correligionarios el tribunal superior de justicia. Pero dijo que había ampliado de 5 a 9 miembros el tribunal como parte de una reforma que incluía la designación de los jueces por concurso, cuyos puntajes y orden de mérito prometió respetar. En 2016, el STJ abrió concursos. Y todo marchó viento en popa hasta el final del concurso número 10: el que debía integrar el tribunal para juzgar a Milagro después de la lección de Kamada. Las juezas elegidas no fueron las primeras de la lista, sino la número tres y la número seis. Y ese tribunal especial, conformado con la misión de condenar a Milagro Sala a como de lugar, lo único que hizo en la primera semana de juicio fue emitir una orden para protegerse del bochorno, prohibiendo a partir de ahora el ingreso de los trabajadores de prensa.

“Nuevamente nos preguntamos: ¿qué garantía le ofrece el Estado a mi defendida llevándola a un juicio oral en el que quienes tendrán en sus manos la posibilidad de condenarla, no aprueban los exámenes que acreditan sus conocimientos mínimos de derecho y plagian a otros magistrados?”, se preguntaron los abogados de Milagro en el escrito que presentaron la semana pasada, luego de las denuncias, para recusar al Tribunal. “¿Cómo se materializa el derecho de defensa ante un Tribunal integrado por juezas con estas características?”

La respuesta de las juezas no solo fue rechazarlo. También le impusieron una multa de diez mil pesos a Luis Paz por la presentación.

Pero Tolaba todavía no perdió las esperanzas: ya se presentó a otro examen para ocupar el TOC 1. Los resultados todavía no se conocen. Están encriptados. Pero ya volvieron de Tucumán. Lo que ocurra también tiene que ver con las lecciones que dejó el gran juez Kamada. Entre los concursos pendientes, hay uno para integrar la Cámara de Casación. Ese concurso terminó la etapa de orden de mérito: los dos primeros nombres ganadores fueron Luis Kamada y Sara Cabezas. Dicen que por eso, concurso y designación están totalmente parados. Los abogados jujeños creen que ahora Morales vuelve a su juego: Tolaba se juega en este juicio el verdadero examen de ascenso.


Post scriptum

En febrero de 2017, Ivone Gareca Raldes presentó la denuncia contra el estado provincial ante la Sala I de la Cámara Contenciosa Administrativa, con la mala suerte que en ese momento quedó designado como presidente David Jorge Casas. Casas es esposo de Sadir. Su denuncia fue publicada en medios locales. El STJ salió a desmentirla días mas tarde con un comunicado replicado sin reproche por cada uno de esos mismos medios. Durante los últimos días, mientras crece el escándalo por los antecedentes de las juezas, nadie pudo asociar las denuncias con aquel antecedente porque los algoritmos de la web sólo muestran publicaciones sin el nombre de Tolaba.

La justicia de Jujuy apesta, y la podredumbre se percibe desde Salta: un juez de la Corte Suprema salteña, Abel Cornejo, se escandalizó por la copia del fallo de Borinsky y dijo que tanto Tolaba como sus compañeras de tribunal Sadir y Pérez Rojas “deberían ser sometidas a juicio político”.




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