LA NOTICIA

en San Luis

2018-07-04 Columna: Pateando el tablero!

Por Johana Gómez

Las realidades que Alberto Rodríguez Saá prefiere no anunciar


La presentación del “mega” plan de obras “Sueños Puntanos” y las realidades que el gobernador de la provincia prefiere no mencionar ni anunciar.

Comenzada la primera semana de julio, el gobernador de la Provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, aprovechó las bajas temperaturas para “calentar” la opinión pública puntana con el anuncio del “mega” plan de obras “Sueños Puntanos” (así lo llaman en los pasillos de la Casa de Gobierno) que prevé la construcción de un Hospital Central (ya era hora, atento a que el primer, único y último gran centro de salud -el Policlínico- se inauguró en 1963) un Centro Oncológico Integral (luego de vaciar los pocos existentes) 149 escuelas secundarias generativas (esas que mantienen al personal docente en una total precariedad laboral) y el re-impulso de la ya promulgada Ley “un matrimonio, un terreno”.

Los anuncios, lógicamente, generaron asombro no sólo en la cartera de funcionarios del propio mandatario local sino también en los ámbitos sindicales que nuclean a los trabajadores de la salud y la educación públicas, ya que el “mega” plan de obras fue “megamente” organizado a espaldas de quienes todos los días trabajan en los hospitales y en las escuelas de la provincia, siendo claramente los únicos que conocen sus problemas estructurales.

Pero, más allá de los fuegos artificiales que se pueden tirar desde la gobernación, existen realidades en San Luis que el gobernador prefiere no anunciar. Veamos.

En primer lugar, está la dura realidad que vivimos las mujeres en la provincia. Los casos de violencia de género y femicidios siguen aumentando, pero el Ejecutivo Provincial tan sólo destina -desde el año pasado- un 0,17 % del presupuesto anual para las problemáticas de violencia, un magro 0,01 % para programas de asistencia, seguimiento y capacitación a las víctimas, no poniendo un peso para la construcción de casas refugios. Y también, hace poco, se conoció un informe del Ministerio de Salud Nacional en el que se ubicó a San Luis como la tercera provincia con altos índices de mortalidad materna del país, reinando el silencio en los despachos de los funcionarios.

En segundo lugar, está el vínculo extremadamente real y estrecho que tiene el Estado Provincial (que no es laico como debiera serlo) con la Iglesia Católica. Como consecuencia de ello, se vio a Adolfo Rodríguez Saá -junto al resto de los legisladores nacionales del peronismo puntano- haciendo lobby político y clerical en los pasillos del Congreso de la Nación contra el aborto legal; se vio a Alberto Rodríguez Saá, anunciando 11 millones de pesos para la Iglesia; se vio cómo algunas localidades del interior de la provincia -entre ellas San Francisco del Monte de Oro y Quines- se declaraban pueblos “pro-vida”, prohibiendo inconstitucionalmente el uso, la distribución, difusión y/o promoción de anticonceptivos de emergencia e impulsando la increíble construcción de cementerios municipales para todos los embriones que no lleguen a nacer con vida; y se ven las diferentes maneras en que la Policía Puntana libera zonas para que grupos “pro-vida” (todos auspiciados por la Santa Sede) escrachen, golpeen y ataquen a toda persona que use pañuelos verdes a favor de la legalización del aborto, como pasó hace días.

Por último, está la difícil situación que está atravesando la clase trabajadora y el pueblo pobre de San Luis, a raíz de las políticas neoliberales de ajuste aplicadas por el gobierno nacional de Macri y compañía. Mientras los empresarios radicados en la provincia suspenden y despiden a trabajadores o cierran fábricas, dejando a decenas y cientos de familias sin ingresos, el gobierno local avala esta situación sin tomar medidas serias al respecto. Sin ir muy lejos, el mismo INDEC había publicado que la Provincia de San Luis contaba con un 23,8 % de pobreza (53.795 personas) y un 2 % de indigencia (4.468 personas), siendo uno de los conglomerados más afectados por esas problemáticas desde el segundo semestre del año pasado.

Esto se suma a que los salarios no llegan a cubrir el costo de la canasta básica familiar, el sueldo básico de los trabajadores estatales es uno de los más bajos del país y a que no existe la instancia de paritarias provinciales para la negociación salarial, ya que todo se resuelve por medio de decretos gubernamentales.

Evidentemente, con estas realidades que el Señor Gobernador prefiere no mencionar ni anunciar, aquéllos “mega” fuegos artificiales a los que hacíamos alusión son papel mojado en medio de la 35º lluvia de problemas estructurales no solucionados como la pobreza, el desempleo, la falta de viviendas dignas, el trabajo precario y el constante desfinanciamiento a la salud y educación pública.

Al fin y al cabo, cuando la realidad verdadera se va abriendo paso, dejando de lado los mitos del “otro país” o de la provincia “mejor administrada” o los ya mencionados “mega” anuncios, comienzan a florecer puntos de conexión entre la forma de hacer política de los hermanos Rodríguez Saá y el resto de la casta política gobernante, cualquiera sea su color político. Es que todos y cada uno de ellos, gobiernan (a su manera) para un mismo fin: garantizarles a los empresarios y terratenientes beneficios económicos cada vez mayores, a costa del trabajo, la educación, la salud y el bienestar de los trabajadores y sectores populares.

Así las cosas, no es para nada utópico decir que la mejor manera de echar mano sobre las realidades que tanto agobian al pueblo trabajador es construyendo una alternativa política de los trabajadores, propia e independiente, que luche por la defensa y la conquista de sus derechos y por un gobierno de la clase trabajadora y el pueblo pobre. El “Partido de Trabajadores por el Socialismo” (PTS) interviene en la realidad política actual, apostando a ello.

Por Johana Gómez - Referente provincial del PTS - Frente de Izquierda




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