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en San Luis

2018-06-04 Nacionales

Los muchachos de Aranguren

La fabulosa transferencia de ingresos a los empresarios que se benefician del tarifazo


Si hay derrota que no se note. Esa es la consigna implícita del Gobierno tras la apabullante victoria del antimacrismo y el no macrismo en el Congreso contra el tarifazo. Un proyecto de ley unificó mayorías nada menos que en la Cámara de Diputados, primero, y el jueves 31 de madrugada en la más compleja Cámara de Senadores. El Presidente respondió con su veto express a ver si arruinaba el sabor del triunfo. Pudo ser un gesto de autoridad. O más bien de identidad: los distribuidores de energía son tan propios del oficialismo como quienes especulan y fugan divisas. El gobierno de Mauricio Macri, Luis Caputo y Juan José Aranguren es el suyo.

“Macri es un chico feliz en el mundo de Aranguren”, sintetizó a este diario el ingeniero Andrés Repar, miembro del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz y del Observatorio de Tarifas de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.

Según el jurista Marcos Rebasa, director de ese Observatorio, la confirmación del tarifazo sería “una suerte de escarmiento”. “Parece que todo el tiempo tuvieran que insistir en el mensaje de que se acabó la presunta fiesta que concedía el kirchnerismo”, dijo Rebasa a PáginaI12. Rebasa analizó que Macri optó por no perder prestigio ante sus seguidores y ante “el sistema internacional de instituciones del neoliberalismo, entre ellas el FMI”, y que tampoco quiso enfrentarse con las empresas eléctricas y de gas, “que dejarían de percibir ingresos ya computados”. El experto dijo que, al revés de lo que opina el Presidente, el Gobierno podría estirar el plazo de gradualidad en los incrementos del sector eléctrico y eliminar el actual sistema de remuneración a las petroleras.

Alternativas

La ley para atenuar el tarifazo fue sancionada en el Senado por 37 votos contra 30. Hubo cinco ausentes, entre ellos el misionero Maurice Closs y el puntano Adolfo Rodríguez Saá. Hasta el senador Miguel Pichetto, que según el Gobierno encabeza el “peronismo racional”, advirtió que “la gente no va a poder pagar las tarifas” y el Gobierno “va a perder toda la conexión con su electorado y con los que tenían esperanzas de que podía encarnar un capitalismo moderno”. El 9 de mayo los diputados pusieron límite a los aumentos por 133 votos contra 94. Hubo tres abstenciones.

El veto de Macri se produjo en la misma semana de un discurso que será guardado como rareza: el mensaje del Presidente el lunes 28 de mayo, cuando invitó a usar lamparitas LED. Podría tratarse de un gesto para reforzar la campaña oficial. No hay que andar en patas. En invierno dormí con sobretodo. Ahorrá. Pero el mensaje también podría apuntar a quitar de en medio a un actor social que crece: el de las organizaciones sociales o empresarias, sobre todo vinculadas a la pequeña y mediana empresa.

Si los usuarios residenciales aceptaran mansamente los máximos niveles de crueldad, podrían quedarse sin luz, gas y agua, pasar frío o calor y tener problemas para cocinar. Pero en el caso de las pymes (ver página 4) lo que está en juego es su propia existencia: la tenaza de tarifas altas y consumo deprimido las liquida. Y puede generar mayor desocupación, achatamiento de salarios, aumento de la informalidad y reducción de la capacidad negociadora de los sindicatos. Una empresa textil no puede reemplazar un telar por leds

Macri apuró el veto con el argumento de que la oposición no le proponía una alternativa mejor.

Repar polemizó con él. Dijo que “no estaba en la cabeza de los diputados y senadores que impulsaron la ley vetada que no hubiera aumento de tarifas”. Recordó que ponían como fecha de referencia noviembre de 2017 y no diciembre de 2015, con lo cual el proyecto convalidaba los aumentos dispuestos por Macri desde que asumió. “Iban a sufrir las empresas, no el Estado”, dijo.

Repar opinó también que el Gobierno está comprometido con un “sistema de hiperdolarización de los servicios públicos, algo que con salarios que aumentan en el mejor de los casos el 15 o el 20 por ciento anual va hacia el estallido y el no pago”.

Pidió registrar que la ley sancionada por ambas cámaras proponía la formación de una comisión bicameral “para establecer el precio de la energía mayorista y el control del gas en boca de pozo”.

“Pero con el veto el Estado garantizó la continuidad de la superganancia de las empresas”, dijo Repar. Ganaron, por ejemplo, los petroleros, que reciben dinero de los consumidores y del fisco. Y las eléctricas.

Claudio Boada, abogado y director de la Unión de Usuarios y Consumidores, dijo a PáginaI12 que ya Macri sostenía cuando era jefe del gobierno porteño que había que pagar por los servicios públicos “lo que valen”. Interpretó que “la frase es usada como excusa para permitir la apetencia desmedida de las empresas concentradas, que solo piensan en ganar de modo exorbitante”. Lo que valen los servicios públicos sería lo mismo que lo que las empresas desean ganar. Para Boada, por otra parte, “como se trata de derechos el pago debe estar relacionado con la situación socio-económica del usuario”.

Repar explicó que “hay pocas actividades en el mundo en las que se garantice estabilidad de beneficios”. Éso sería lo que ocurre con Macri y los servicios públicos. Las revisiones tarifarias inflan las tarifas, ponen el gas a precio alto y los que compraron acciones a muy bajo precio “hoy navegan en rindes extraordinarios, sobre todo las empresas eléctricas”, dijo el especialista.

En su contraofensiva después de la derrota, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, recorrió canales de aire y de cable con un tríptico:

La culpa es del atraso de tarifas que dejó CFK.
El peronismo no es responsable.
La Argentina tiene que recomentar “70 u 80 años de decadencia”.

Si son 70 años el cálculo lleva a 1948, cuando Juan Perón llevaba dos años de su primer gobierno.

Si son 80, a 1938, cuando asumió Roberto M. Ortiz.

La refundación planteada por Cambiemos implicaría borrar la Argentina que comenzó a ser construida por Perón, y que en algunos de sus trazos gruesos duró incluso hasta el Rodrigazo de 1975. O ir aún más atrás, hasta Agustín P. Justo. El pregonado endiosamiento macrista de Arturo Frondizi, presidente entre 1958 y 1962, quedaría incluido en la decadencia del teórico Peña. Lo mismo sucedería con los gobiernos radicales de Arturo Illia y Raúl Alfonsín, que reivindican los aliados del PRO.

“Macri da la impresión de pensar que la política que eligió es la única manera de salir de lo que, para él, es el atolladero de los precios diferenciales e internos”, señaló Repar. “Por eso el Presidente y sus funcionarios insisten tanto en que tenemos que pagar la energía por lo que realmente vale. Pero no dicen nunca cuánto. Y no se meten con los números, que ellos mismos definen por decretos o resoluciones del Poder Ejecutivo.”

Nombres

La disputa es de poder y dinero. O sea, de transferencia de ingresos. El Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, Oetec, que dirige Federico Bernal radiografió quiénes son hoy los dueños de la electricidad y el gas.

“Nicolás Caputo, Marcelo Mindlin y Rogelio Pagano concentran el 51 por ciento de los usuarios del servicio público de electricidad a nivel nacional”, informó. “Los dos primeros, además, están verticalmente integrados al controlar centrales de generación y transportistas (Transener y Transba).” Caputo es accionista minoritario de Edesur, Mindlin además de Pampa Energía y Edenor y Pagano es el dueño de Edesa, en Salta, y de las cuatro distribuidoras en la provincia de Buenos Aires, Eden, Edes, Edea y Edelap.

“Los dueños argentinos del servicio público de electricidad obtuvieron ganancias en 2017, primer año pleno de tarifazo, por 11.303 millones de pesos, esto es, casi mil millones de pesos por mes”, dijo Bernal a PáginaI12. El investigador utiliza datos de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina, Adeera.

Caputo, Mindlin y Pagano dominan la distribución y comercialización de unos 7 millones de usuarios, en su mayoría concentrados en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, sobre casi 14 millones de toda la Argentina.

Caputo es la misma persona a la que Macri define como “hermano de la vida”.

Pampa Energía, controlante de Edenor, “además opera en el segmento de producción de gas y petróleo, la refinación, la generación y e transporte eléctrico, con el 100 por ciento de las líneas de alta y extra alta tensión”.

En su última presentación en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete Marcos Peña dijo que las distribuidoras de energía ganaron 4.973 millones de pesos y las transportistas 3.635 millones. “Olvidó adosarles los dividendos distribuidos por cada una”, reparó Bernal. Y aportó un dato clave: el incremento pleno será este año, con los aumentos ya en marcha y los pautados para octubre, además de la devaluación que influye en los contratos con las empresas.

De 2016 a 2017 las ganancias de TGS, del Grupo Mindlin, se incrementaron en un 200 por ciento.

Otra transportista, TGN, del Grupo Techint, aumentó sus ganancias en un 225 por ciento.

Si se toman las ganancias de las distribuidoras de gas, otra vez aparece Caputo con una variación en la ganancia de un 444 por ciento en Centro y de un 331 por ciento en Cuyana.

En el debate, la senadora Cristina Fernández de Kirchner dijo que la transferencia de recursos desde los usuarios a las empresas llegó a 16.500 millones de dólares y citó como fuente a la FIEL, la fundación de economistas conservadores.

“La mitad de esa cifra fue puesta por las familias argentinas”, dijo Bernal. “El gobierno de un puñado de empresarios no está dispuesto a perder cerca de mil millones de pesos mensuales de ganancia en lo que poco que queda del mandato.”

Su conclusión es que “acá no hay Ministerio de Energía como institución responsable de diseñar y ejecutar políticas públicas en función de la ciudadanía, sino una cámara de corporaciones y compañías que cartelizan y actúan con abuso de posición dominante, amparadas en la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Nacional, socio, pariente y/o amigo de sus respectivos dueños”.

Las distribuidoras de gas de Caputo quintuplicaron ganancias en 2017 y pagaron dividendos, en dólares y con la opción de que fuesen depositados en Nueva York.

En cuanto a Aranguren, ex presidente de Shell, Bernal cuestiona que ningún legislador o legisladora le reclame un compromiso de que no reconvertirá sus posesiones en dólares en el exterior otra vez en acciones de Shell cuando concluya su gestión en el Ministerio. Hasta septiembre de 2016 Aranguren fue accionista de la Royal Dutch Shell. Llevaba entonces diez meses como ministro. Luego vendió las acciones y depositó los dólares en un banco europeo. Sin embargo, no se abstuvo de actuar en relación con Shell, empresa controlante de firmas de gas natural licuado y de la refinería Dock Sud para combustibles líquidos y garrafas. Según Oetec Shel actúa en producción de energía primaria y gas natural, en importación de gas y en producción de energía. El gas natural es el insumo principal de la generación térmica y la termoelectricidad es la principal fuente de generación de electricidad.

Dólar

Carlos Minucci, delegado sindical desde 1981 y secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, Apsee, pidió poner atención sobre un decreto, el 882 de diciembre de 2017. “Habilitó la venta de las acciones que tiene el Estado en las empresas energéticas y es una forma de cartelizar todavía más el sistema porque favorecen a Transener, la principal empresa de transporte de electricidad, y buscan vender las tres centrales que hizo el gobierno anterior, Ensenada de Barragán, Belgrano 1 y Brigadier López.”

Minucci usó la poética del ex ministro Alfonso Prat Gay para explicar la relación entre aumentos de tarifas y eficacia del servicio. “Antes pagabas una porción de pizza y el servicio era una vergüenza, ahora pagamos una pizzería entera y el servicio es igual, porque no ponen un peso de inversión y se llevan todo. En todo caso hacen alguna subestación pero no tiran redes ni compran transformadores ni contratan personal.”

Sobre el supuesto abuso de subsidios, dijo Minucci que en Chile hay una subvención de 615 dólares por mega y en la Argentina en 2015 era de 413 dólares.

“Si llegaron a este punto en tarifas, lo que estarán haciendo con el agua, con el gas y con YPF...”, imaginó Minucci, cuyo sindicato creó la Fundación Excelencia que orienta Ricardo Nin, otro participante del OTA de la Umet.

Algunas de sus inquietudes las contestó Repar ante las preguntas de PáginaI12.

El 1 de noviembre de 2017 el precio por metro cúbico en boca de pozo, de donde sale el gas, era de 2,59 pesos. El 1 de abril hubo otra resolución que llevó ese valor a 3,7 pesos. En octubre podría llegar a 4,9 pesos con un dólar a 25 pesos y la misma carga impositiva. Un 40 por ciento más, como mínimo, si es que sigue este dólar. Contra esas cifras, la variación salarial que mide el Indec en el mejor de los casos subirá un 20 por ciento.

Como la ley fue vetada “quedaron pendientes el establecimiento de un régimen de equidad tarifaria federal, el control por parte del Ministerio de Desarrollo Social y el monitoreo de los subsidios y las inversiones físicas ya comprometidas”.

Con el veto, según Repar, “Macri quiso clausurar cualquier objeción” y disimular algunas distorsiones actuales. Por ejemplo, que una parte del aumento del gas se traslada a los precios de la electricidad. En la Argentina el megavatio/hora, una medida de la electricidad, llegará a 60 dólares, contra 40 de Europa y 35 de los Estados Unidos.

“En ningún lugar se paga tanto la energía mayorista como acá”, dijo Repar. “Macri está mentalmente cooptado por un modelo de relación con el mundo a través de los valores de la energía y mediante el dólar”, dijo el ingeniero, e ironizó con la imagen del Tedeum del 25 de mayo: “Creo que si la próxima vez le ponen un dólar por delante podrá persignarse mejor”.




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