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en San Luis

2018-04-04 Columna: Pateando el tablero!

Por Johana Gómez

San Luis, la provincia que nunca fue “otro país”


Los nuevos datos estadísticos del INDEC y un gobierno provincial peronista develado por la pobreza e indigencia.

Un presidente rico y millonario anunció hace días atrás la baja en los niveles de población pobre, teniendo como base los nuevos datos estadísticos de pobreza e indigencia arrojados por el INDEC: "estos datos confirman que tenemos una meta clara que es reducir la pobreza", afirmó envalentonado Mauricio Macri.

Los nuevos números que publicó el INDEC indican que en el segundo semestre de 2017 la cantidad de personas pobres fue de 11,4 millones, exhibiendo una reducción de 1,9 millones en relación a 2016: la tasa de personas pobres bajó de 30,3 % a 25,7 %.

Es que, en el segundo semestre de 2017, el gobierno nacional cambiemita llevó adelante un ajuste gradual, aplicando tarifazos limitados y parciales, estimulando económicamente la obra pública e impulsando créditos de distinto tipo para asegurarse el triunfo electoral de ese año. No lo hizo porque tiene una “meta clara” de atacar la pobreza, como afirmó Macri, sino en función del pasado cronograma electoral.

Sin embargo, la foto de los datos de pobreza que sacó el INDEC para el segundo semestre del año pasado, probablemente, ya no refleje la situación actual de millones de trabajadores y de los sectores populares. Desde el mes de diciembre de 2017, justo después de finalizado el proceso electoral, se reactivaron los tarifazos. Y en lo que va de este año, la inflación se ha disparado con grandes posibilidades de llegar al 25 % anual, los aumentos salariales vienen otorgándose por debajo de los porcentajes inflacionarios, se ha metido mano en las jubilaciones y pensiones con recortes producto de la reforma (estafa) previsional, y hay más dificultades económicas y financieras para desarrollar la obra pública e impulsar créditos.

Todo esto indicaría que los porcentajes de pobreza e indigencia en Argentina volverían a incrementarse para el primer semestre del 2018. Algo no tan raro en la historia reciente de nuestro país, ya que es sabido que los niveles de pobreza e indigencia han sido altos en los años pares (no electorales) y más bajos en los años impares (electorales).

Siempre se supo que San Luis no era “otro país”

Lo más “novedoso” para cualquier desinformado o distraído fueron los porcentajes de pobreza e indigencia que el INDEC publicó para la Provincia de San Luis.

Con un 23,8 % de pobreza y un 2 % de indigencia, la provincia se ubicó en el puesto 14 de las 31 jurisdicciones analizadas por el ente nacional. Teniendo 53.795 personas en la pobreza y 4.468 personas en la indigencia, San Luis ha sido uno de los conglomerados más afectados por esas problemáticas en el segundo semestre del año pasado.

Considerando que el 2017 fue un año electoral y que fue política gubernamental otorgar alrededor de 80.000 planes sociales para ganar las elecciones legislativas, los datos arrojados por el INDEC indican que la provincia está lejos de ser la “mejor administrada” del país. Más aún, teniendo en cuenta que esos planes sociales, en algunos casos, no llegaban a los $ 17.000 que una familia tipo necesita para vivir, y en otros, no llegaban a los $ 5.200 para que una persona adulta satisfaga sus necesidades básicas, según las últimas estimaciones del mismo organismo estadístico.

Los números puntanos de pobreza e indigencia dejan al desnudo a un gobierno provincial peronista de 35 años que lejos de erradicar estas problemáticas las ha sabido mantener y profundizar con bajos salarios, altos niveles de precarización laboral, y una brecha cada vez mayor entre la vida de ricos que tiene la casta política local y la vida sacrificada, llena de privaciones, de los trabajadores y sectores populares de la provincia.

Alcanzar la “pobreza cero” o “combatirla” con impuestazos contra los trabajadores es una contradicción (o mejor dicho, chamuyo) si se tiene en cuenta la forma de organización social capitalista de la economía argentina. Para realmente erradicarla, se requeriría atacar las ganancias de los sectores más acomodados y ricos del país, recomponiendo fuertemente los salarios; repatriar los fondos dinerarios fugados al exterior por el gran empresariado nacional y la casta política gobernante; evitar la fuga de capitales por parte de las empresas multinacionales; terminar con la sangría de la deuda externa que, por ejemplo, si se dejaran de pagar sus intereses se podrían sacar a más de 6,5 millones de personas de la pobreza; entre tantas otras medidas orientadas a poner todos los recursos nacionales en atender las necesidades sociales y no el lucro privado e individual.

Esto último sólo se podría alcanzar si la clase trabajadora y el pueblo pobre construyeran su propia fuerza política y conquistaran un gobierno propio. Una fuerza independiente de las variantes políticas que representan al empresariado y un gobierno con un programa anticapitalista que verdaderamente dé solución a las demandas de las masas pobres.

Johana Gómez - Referente Provincial del PTS – Frente de Izquierda




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