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2017-12-19 Judicial

Colegio Profesional Forense

¿Novillo intenta imponer de facto a su `pollo´?


San Luis (LaNoticia) 19-12-17. Una impugnación frenó la elección por concurso, ahora intentan una elección, pero ¿Violando las Constituciones?

Desde que se creó el Cuerpo Profesional Forense, desde el Superior Tribunal de Justicia de San Luis no pudo -o no quiso- conformar su Director General, todo “porque Lilia Novillo quiere imponer a Ricardo Torres”, según nos comentaron malas lenguas del Poder Judicial.

A tal punto es así la situación, que -según las mismas malas lenguas- “en una reunión con los profesionales forenses fue la propia Lilia la que les dijo que ella quería que Torres fuera el Director General”, algo que habría despertado la ira de la mayoría de esos profesionales, quienes estarían interesados en votar en blanco si hay elecciones para tal cargo, o en su defecto presentar un amparo contra el Acuerdo 842, mediante el cual se convoca a “elección directa y secreta a los Sres. Profesionales integrantes del Cuerpo Profesional Forense de las tres Circunscripciones Judiciales de la Provincia, para el día 27 de Diciembre del corriente año, en horario de 8:00 a 12:00 con objeto de elegir al Director General del Cuerpo Profesional Forense”.

Pero no es ese el punto que despertó la ira de los profesionales forenses del Poder Judicial de San Luis, sino lo que dispone el mismo Acuerdo en su segundo punto resolutorio, que dice textualmente “establecer que todos los profesionales de Ciencias Médicas serán candidatos directos”.

Este punto “viola el principio de igualdad constitucional ante la ley, el acceso a cargos públicos sin otra condición que la idoneidad, y resulta discriminatorio en los términos de la ley 23.592 al permitir el acceso al cargo solo a los profesionales de ciencias médicas, al no permitir el acceso al cargo a elegir al resto de las profesiones no médicas”, nos explicó un abogado que estaría estudiando algún tipo de presentación judicial.

Plazos electorales

Más allá del planteo sobre la discriminación sobre los profesionales forenses que no son médicos -psicólogos, trabajadores sociales, entre otros-, acá hay otra terrible falta de legitimidad del llamado a “elecciones directas y secretas”, como lo es cumplir con los plazos electorales, tales como tiempos de inscripción de candidatos, tiempos de tachas e impugnaciones de los candidatos, entre otros, que no están contemplados en el acuerdo en cuestión.

Y no puede el Poder encargado de emitir fallo sobre ilegalidades, inconstitucionalidades, precisamente cometerlas.

Lilia Novillo tiene todo el derecho del mundo de querer que `su pollo´, Ricardo Torres, se el Director General del Cuerpo Profesional Forense, pero bajo ningún aspecto tiene derecho a imponerlo como dé lugar. Ella, más que nadie, tiene que velar para que sus resoluciones se ajusten a las Constituciones nacional y provincial, a las leyes nacionales y provinciales, y es justo lo que no está haciendo en este caso. Lo peor de todo, es que hay dos ministros más, Carlos Cobo y Raquel Corvalán, quienes firmaron en el mismo sentido que Novillo, ese Acuerdo 842, es decir que son tres los ministros que no están respetando las Constituciones nacional y provincial, a las leyes nacionales y provinciales, algo que juraron cumplir y hacer cumplir al momento de sus asunciones.

En la vida hay que jugarse

Otro tema que se nota en esta situación, es que hay muchos -pero muchos- profesionales forenses del Poder Judicial de San Luis que están muy enojados por todo esto, pero que no se animan a denunciar o salir a protestar “porque tienen miedo a las represalias que podrían existir por parte de la Lilia”, nos dijeron las malas lenguas, y es lamentable que profesionales tengan miedo de hacer escuchar sus pensamientos y de salir a jugarse por lo que sostienen es anticonstitucional.

Un jubilado al cargo

Otro `detalle´ llamativo en medio de esta polémica, es que mediante Acuerdo 786/17, los mismos ministros que llaman a elecciones sin respetar los plazos electorales, establecen que Ricardo Torres ha obtenido el beneficio de la jubilación, mientras que en el mismo Acuerdo, señalan que se le dará de baja a partir del 1 de febrero de 2018, con lo cual le dan un beneficio extra, como lo es que Torres disfrute de la feria judicial como activo y recién cuando termine esa feria, pasará a ser jubilado.

Esto lleva a una pregunta que deberían responder los tres ministros del Superior Tribunal de Justicia ¿Están haciendo las cosas para que asuma una Dirección General un profesional médico que se va a jubilar un mes después de la elección del 27 de diciembre?

Clic acá para ver Acuerdo 842, Acuerdo 841, Acuerdo 799 y Acuerdo 786.

Carlos Rubén Capella
lanoticiaensl@gmail.com




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