La mayoría de “San Luis Unido” en el Tribunal de Contralor de Villa Mercedes, denunció ante el Concejo Deliberante, al intendente Maximiliano Frontera y al Secretario de Gobierno, Diego Ochoa, por incumplimiento de varias ordenanzas municipales, por las cuales fue beneficiado partidariamente Alberto Rodríguez Saá.

V. Mercedes tiene regulado el pago de un canon mensual por la colocación de pasacalles y otra cartelería que ocupe el espacio urbano, sin embargo, la gestión de Frontera hizo caso omiso a esa legislación y no cobró por la colocación de medio centenar de pasacalles con la consigna “Gracias Alberto por cuidar San Luis”, con lo cual la municipalidad dejó de percibir más de cien mil pesos, que se los ahorraron los partidarios del gobernador.

“Si lo analizáramos desde el punto de vista penal, podríamos decir que estamos frente a la posible comisión del delito de peculado, que consiste en utilizar fondos o bienes públicos para beneficiarse así mismo o a terceros”, dijo Ricardo Bazla, presidente del cuerpo auditor, quien no descartó iniciar una causa judicial.

Bazla (AVANZAR) y Silvia Palacios (UCR), con el voto en disidencia de Hugo González (PJ) elevaron un informe sobre las anomalías al Concejo Deliberante, al que le piden tome intervención frente a las irregularidades detectadas. Los auditores sostienen que “el secretario de gobierno, Diego Ochoa, no respondió adecuadamente el pedido de informes del Tribunal y además nos desconoció por escrito su obligación de cobrar un canon por cada pasacalle. Hasta nos dijo en el expediente, que esos valores no existen en la Ordenanza Impositiva, cuando realmente si figuran. Por cada pasacalle se deben pagar 271 pesos por mes. Han colocado 50, desde hace 8 meses, con lo cual Ochoa, con el consentimiento de Frontera, hicieron que la intendencia dejara de percibir, cuanto menos 108 mil pesos. Es decir que omitieron cumplir las ordenanzas vigentes y no cobraron la publicidad en favor del gobernador”, sostuvieron Bazla y Palacios en el informe que enviaron al cuerpo deliberativo.

Además, hay otros funcionarios involucrados como el jefe de Control Urbano y el jefe de Mesa de Entradas municipal de Villa Mercedes.

“Lamentablemente no es la primera vez que los “albertistas” pretenden desconocer la función del Tribunal de Contralor, pero no lograrán su objetivo, porque existe la responsabilidad personal de los funcionarios y si no regularizan la situación, haremos lo necesario para sean ellos, quienes paguen las cifras que la Municipalidad dejó de percibir, además de denunciarlos penalmente”, aseguró el titular del cuerpo.

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