Durante y después de los sismos del 7 y 19 de septiembre, las autoridades mexicanas cometieron una serie de fallas que podrían constituirse en una violación a las garantías de los ciudadanos.
La falta de transparencia y organización en la distribución de apoyos, la inexistencia de censos de la población afectada, escasa seguridad, poca cobertura en comunidades alejadas, entre otras, son parte de las fallas detectadas por el organismo.
La CNDH ha recibido 127 quejas relacionadas con las fallas mencionadas, tanto en la Ciudad de México como en otros estados. De este total, 119 ya fueron debidamente calificadas y ocho están pendientes.
“De las quejas, 39 están relacionadas con las actividades de búsqueda y rescate en los inmuebles derrumbados y colapsados; 34 con solicitudes de revisión de inmuebles con posibles daños estructurales; 21 de trabajadores que refieren daños en las instalaciones de sus centros laborales y carecen de dictamen, y 13 relacionadas con prestación de servicios públicos”, precisó.
Otras cinco de las denuncias están relacionadas con la presidenta del DIF de Morelos, sobre el destino de los vehículos que transportan víveres y el porqué la ayuda se empacó en bolsas de esa institución (con fines de propaganda política).