Golpeada brutalmente a puñetazos en la cabeza por su novio, Carla fue trasladada al Hospital de la Localidad de La Toma dónde, luego de examinarla, la mandaron a su casa. Ella, a pesar del estado en que se encontraba, decidió ir a la Comisaría competente para hacer la denuncia. Horas más tarde, estando en su hogar, comenzó a tener problemas para caminar y hablar. Entonces, desde el hospital del pueblo, fue trasladada al Policlínico Central de la Ciudad de San Luis, dónde ingresó en la sala de terapia intensiva en coma inducido. Los médicos les comunicaron a sus familiares que sólo podía salvarse de milagro, ya que los golpes en la cabeza habían dañado gravemente su cerebro. Ya cerca de las 22:30 horas del miércoles, Carla falleció a causa de un grave traumatismo craneoencefálico.
En la mañana del jueves, todos los medios de comunicación locales hablaban del caso. De la detención de su novio, de los testimonios de los familiares y las amigas de la víctima, de las fotos que Carla publicó en las redes sociales luego de la brutal golpiza recibida y de si había hecho las denuncias por violencia. Así fue que las instituciones del Estado Provincial comenzaron a sacarse de encima la responsabilidad que les cabe por este nuevo caso de femicidio.
Una de ellas fue la Secretaría de la Mujer del gobierno provincial que manifestó seguir acompañando a la familia de Carla para sobrellevar este doloroso momento, exigiendo justicia y solicitando el accionar inmediato del Poder Judicial, para que todo el peso de la ley caiga sobre el responsable de este lamentable hecho y, además, instó a la ciudadanía a “luchar contra la violencia de género desde todas las esferas de nuestra vida cotidiana, con el compromiso de cada puntano, para que hechos como estos no se repitan en la provincia”. Vaya hipocresía para una secretaría que se limita a recepcionar denuncias de violencia y a hacer un limitado seguimiento de los casos con recursos profesionales y asistenciales completamente escasos que no llegan a defender ni contener a las mujeres que son víctimas de la violencia machista.
Esta hipocresía se complementa con el cinismo de un gobierno que para “luchar contra la violencia de género” destina tan sólo un 0,17% de su presupuesto anual y un magro 0,01% para los programas de asistencia, seguimiento y capacitación a las mujeres víctimas de violencia. Es decir, que para el gobierno de Rodríguez Saá y todos los legisladores que votaron a favor del presupuesto anual de este año, la violencia contra la mujer se combate con $0,41 por día y $149,65 al año por mujer.
Meses atrás, cientos de personas exigían justicia por Tamara Olguín y Florencia Di Marco. Ahora, cientos volvieron a las calles de San Luis para exigir justicia por Carla Pereira. ¿Hasta cuándo? Se preguntan. Las respuestas no llegan. Al contrario, el silencio copa los despachos de los funcionarios políticos, a quienes lo único que les importa es mantener sus cargos o ganar otros para estas elecciones, en vez de declarar la emergencia nacional en materia de violencia de género y llevar adelante un plan nacional que realmente brinde respuestas a todas las causas y consecuencias del machismo y patriarcado que se llevan la vida de una mujer cada 18 horas.
* Johana Gómez – Referente Provincial de la Agrupación de Mujeres “Pan y Rosas”