San Luis (LaNoticia) 15-05-17. Dos de los tres imputados en el expediente que investiga (¿?) el asesinato de la joven mujer, protestan por la inactividad judicial.
Los abogados defensores de Diego Lorenzetti -Carlos Salomón- y de Cristian “El Bocón” Vilchez -Santiago Calderón -, informaron que sus clientes ingresaron en huelga de hambre, debido a la “prórroga concedida (al juez Cadelago Filippi por la Cámara del Crimen Nº 2 –hacé clic acá para ver archivo-) es contraria a Derecho e implica una irreparable violación de sus Garantías Constitucionales”; pero en el caso de Vilchez se suma que en su condición de procesado, fue derivado a la cárcel de Pampas de las Salinas, la que está dedicada a penados.
Cristian Vilchez
El `suicidio´ de Lucas Gómez -quien estaba procesado por la violación y asesinato de Florencia Di Marco- y que el 26 de marzo “varios internos resultaron heridos sufriendo graves quemaduras, siendo este hecho otra prueba elocuente del déficit de control y seguridad de la penitenciaria respecto la integridad física y psíquica de los internos allí alojados”; ambos hechos ocurridos en la penitenciaría de Pampas de las Salinas, son solo dos de los motivos por los que Calderón pide que Vilchez sea vuelto a colocar en la penitenciaría ubicada en la capital provincial.
A esto, Calderón le suma que la cárcel de Pampas de las Salinas está ubicada a 210 kilómetros de la capital provincial, lo que le hace imposible un contacto adecuado y frecuente con su cliente; pero que además, en el expediente nunca se especificó “la razón y el motivo puntual por el cual se produce el traslado del Sr. Vílchez Cristian Leandro de la penitenciaria Nº 2, más bien se rumoreó en forma abstracta y a través de los medios de comunicación que fue por motivos de índole operativo por sobrepoblación de la Unidad”.
Y como con lo anterior fuera poco, Calderón objeta que Vilchez esté privado de su libertad en Pampas de las Salinas, porque “no es un tema menor aclarar que el interno que represento está cumpliendo una Prisión Preventiva y se encuentra en la penitenciaría en carácter de procesado y no condenado, gozando además del principio de inocencia garantizado por la Constitución Nacional que solo será vulnerado con una Sentencia firme de Condena”.
Testimoniales
Por otra parte, el viernes pasado declaró en la justicia la madre de Romina, la señora Cándida Aguilar, quien contradijo al (ex?) caudillo de La Calera, Alberto Leyes. Leyes, quien es presunto padre de Romina, pero en la justicia negó cualquier tipo de paternidad de una manera bastante irrisoria y hasta ridícula, puesto que aseguró “en un 99 %” no ser el padre de Romina, lo que genera la gran pregunta ¿Tiene una duda del 1 %?
En su declaración, si bien aclaró que “no quiero hablar del tema”, Cándida Aguilar admitió haber tenido una relación amorosa con Alberto Leyes y que Romina siempre tuvo la idea de que Leyes era su padre biológico, por lo que quería hacerse un ADN. La mujer aseguró que Leyes “siempre lo amenazaba a Diego (Lorenzetti)” cuando ganó la Intendencia en La Calera, por lo que Romina “no lo quería a Alberto porque siempre los amenazaba”. Asimismo señaló no creer que “Diego la haya matado” a su hija.
Otra testigo que habló de “problemas” entre Romina Aguilar y Alberto Leyes, a quien inexplicablemente la (In)Justicia de San Luis nunca investigó, fue Inés Verónica Garay, media hermana de la joven asesinada, porque “mi mamá siempre le dijo que tuvo una relación con Leyes y ella siempre tuvo la obsesión de hacerse un ADN”, también sostuvo que la hija de Leyes era muy amiga de Romina. En el caso de Garay, testimonió que durante un interrogatorio que le efectuaron en sede policial, había un policía de civil que “todo el tiempo me llamaba sola y me decía qué problema tenía Diego con Romina” y que durante todo ese día la siguió y le preguntaba si había sido Diego Lorenzetti el asesino de Romina.
Contextualizando
Romina Aguilar (32) fue asesinada alrededor de las 06:40 del sábado 30 de enero de 2016, en la puerta de la casa 1 de la manzana 78 del barrio FAECAP, en el Norte de la ciudad de San Luis, donde la mujer residía junto a su esposo e hijos.
En momentos en que la mujer acababa de sacar su camioneta Renault Duster para viajar a La Calera, donde cursaba el final de la escuela secundaria a través del programa Plan de Inclusión Educativo (PIE), fue sorprendida por dos jóvenes armados que iban en moto.
Los agresores la tomaron de la ropa, la arrastraron unos diez metros por el suelo, le dispararon dos balazos calibre .45, y escaparon en el mismo rodado en el que llegaron y sin robar nada, por lo que el robo como móvil del asesinato fue descartado de entrada.
Por el hecho, la justicia penal procesó al brasilero De Oliveira por haber confesado su participación luego de entregarse voluntariamente y ser sometido a indagatoria. Como De Oliveira en su indagatoria involucró a Lorenzetti como autor intelectual del hecho, la justicia procesó al intendente de La Calera.
Debido a esto, políticamente la Legislatura provincial suspendió a Lorenzetti en el cargo de intendente de La Calera.
Carlos Rubén Capella
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