El juez federal Sebastián Casanello decidió enviar el expediente a otros fueros. Lo hizo luego de que a principios de marzo la Sala II de la Cámara Federal le recriminara su actuación y la del fiscal Federico Delgado por dejar “sin norte” la pesquisa al haberla “diversificado” demasiado.
En la causa surgida a partir de la investigación periodística conocida como Panamá Papers se investigaba la presunta omisión del presidente Mauricio Macri en incluir en sus declaraciones juradas varias sociedades offshore vinculadas con él y con su familia, además de posibles maniobras de lavado de dinero a través de ellas, en especial de Fleg Trading y Kagemusha.
Ahora el expediente saldrá del fuero federal y se dividirá en dos. Una parte de la causa irá al fuero Penal Económico al considerar que no hay indicios de lavado de dinero sino solo sospechas de alguna anomalía tributaria, mientras que otro segmento fue remitido a un juzgado de instrucción donde se investiga por “enriquecimiento ilícito” a Macri por sus declaraciones juradas cuando era jefe de Gobierno porteño.
Para afirmar que no existen indicios de lavado, el juez se basó principalmente en el informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que depende del Ejecutivo. El organismo dijo no ver “actos concretos” que puedan configurar la hipótesis del lavado de dinero.
El fiscal Delgado había pedido determinar si la «vida social de las empresas» Fleg Trading, radicada en Bahamas, y Kagemusha, radicada en Panamá, «había infringido algún tipo penal». Sin embargo, Casanello sostuvo que según la UIF “Fleg Trading había sido dada de baja del registro de Bahamas por falta de mantenimiento desde el año 2008; Kagemusha había sido disuelta por haber tenido morosidad de diez años consecutivos en el año 2006; y no había sido posible acreditar documentalmente la existencia de un pago de 9 millones de dólares de Fleg Trading a Socma SA».
Paralelamente el juez consideró que «los exhortos enviados por la justicia de Bahamas, Panamá, Brasil y Uruguay no habían aportado ningún dato relevante sobre la hipótesis sospechada, en tanto no se hallaron pruebas vinculadas con transacciones sospechosas, ni cuentas o movimientos bancarios de dudosa procedencia».
En marzo pasado la Sala II de la Cámara Federal había cuestionado el rumbo de la causa y al juez su «alejamiento del rol de director del proceso», y sostuvo que «su particular método de llevar adelante» la causa dejaba «sin norte la investigación”. Casanello es el magistrado que sobreseyó a Macri en la causa de las escuchas telefónicas ilegales poco después de que asumiera como Presidente.