El negociador y miembro del grupo insurgente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias – Ejército del Pueblo (FARC-EP), Carlos Lozada, respondió a las declaraciones realizadas por Carlos Córdoba, gerente de las zonas de ubicación de los miembros del grupo.
Córdoba aseguró inicialmente que las denuncias de retrasos en la adecuación y logística en los puntos de agrupamiento no pueden estancar el proceso de adecuación, a pesar de que el retraso obedece al incumplimiento de las obras gubernamentales.
“Hemos tenido solicitudes de mando que revisando, no consideramos tan relevantes (…) consideramos que es mejor terminar lo que estamos haciendo y que pasen a estos lugares para poder avanzar», indicó el gerente.
Como respuesta, Lozada señaló que el Gobierno «firmó contratos de manera acelerada» y que lo reflejado en los mismos no abarcan «las necesidades reales de las Zonas».
Igualmente, Córdoba reconoció las dificultades geográficas y logísticas que afectan la adecuación de los miembros del grupo insurgente, lo cual deja en evidencia el accionar gubernamental frente a la instalación de las zonas.
“Se debe resolver en ciertas cosas como el tema de comida, el tema de compras locales, compra de ganado en pie para que ellos puedan sacrificarlo y se tenga un mejor manejo pero se está trabajando en el cómo”, indicó.
La agrupación política Voces de Paz, quien vela por el cumplimiento de los Acuerdos, afirmó que no es posible que la solución a los retrasos en la adecuación sea con acusaciones hacia las FARC-EP «cuando ha sido evidente su voluntad de paz».
Igualmente, el comandante en jefe de las FARC-EP, Rodrigo Londoño Echeverri, reafirmó el compromiso adquirido por el grupo insurgente e informó sobre el trabajo conjunto entre contratista de fondo paz y los miembros de las FARC-EP, en la búsqueda de acelerar el proceso de dejación de armas y adecuación de las zonas veredales.