San Luis (LaNoticia) 09-11-16. El tema tiene que ver con la supuesta pericia que realizó un bonaerense a los chips de celulares incluidos en la causa.
Un sospechoso manto de oscuridad cubre la actitud del juez Cadelago Filippi respecto de la supuesta pericia que realizó a varios chips secuestrados en la causa que investiga el asesinato de Romina Aguilar, el policía bonaerense Daniel Giles. Esto porque ha pasado más de un mes sin que el juez -37 días hábiles para ser precisos- permita a las partes -ni publique en el IURIX- ver el informe que dejó Giles luego de su tarea, para lo cual intenta que una perito en temas viales haga una pericia al informe en cuestión.
Cadelago Filippi muestra cada vez más parcialidad en el expediente sin siquiera ponerse colorado.
Precisamente Giles tenía que declarar ante el juez y las partes, qué contiene su informe y las conclusiones que le dejaron el examen de los chips. Para eso se fijó como fecha el 3 de noviembre pasado, pero Giles, quien vive y trabaja en La Plata, tal vez no pudo viajar, o tal vez no quiso.
Esto obligó al juez a fijar una nueva fecha para mañana jueves 10 de noviembre.
El defensor del imputado Diego Lorenzetti, Carlos Salomón, pidió con urgencia que el juez ordene la conducción por la fuerza pública -por la policía- del policía Giles, por entender que es “muy grave” la situación presentada.
Lo que propios y extraños se preguntan es ¿Qué dice ese informe para que haya un secreto de Estado sobre su contenido? ¿Cadelago Filippi está en condiciones de responder coherentemente esa pregunta?
En contexto
Romina Aguilar fue asesinada alrededor de las 06:40 del sábado 30 de enero, en la puerta de la casa 1 de la manzana 78 del barrio FAECAP, en el norte de la ciudad de San Luis, donde la mujer residía junto a su esposo e hijos.
En momentos en que la mujer acababa de sacar su camioneta Renault Duster para viajar a La Calera, donde cursaba el final de la escuela secundaria a través del programa Plan de Inclusión Educativo (PIE), fue sorprendida por dos jóvenes armados que iban en moto.
Los agresores la tomaron de la ropa, la arrastraron unos diez metros por el suelo, le dispararon dos balazos calibre .45, y escaparon en el mismo rodado en el que llegaron y sin robar nada, por lo que el robo como móvil del asesinato fue descartado de entrada.
Por el hecho, la justicia penal procesó al brasilero De Oliveira por haber confesado su participación luego de entregarse voluntariamente y ser sometido a indagatoria. Como De Oliveira en su indagatoria involucró a Lorenzetti como autor intelectual del hecho, la justicia procesó al intendente de La Calera.
Debido a esto, políticamente la Legislatura provincial suspendió a Lorenzetti en el cargo de intendente de La Calera.
Carlos Rubén Capella
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