San Luis (LaNoticia) 25-10-16. El penalista denunció ante la Cámara del Crimen actitudes poco santas del titular del Juzgado de Instrucción Nº 1.
El penalista Carlos Salomón, defensor del intendente suspendido de La Calera por el asesinato de su esposa Romina Aguilar, informó que denunció ante la Cámara del Crimen “la paralización y la ostensible profundización de la `abusiva´ y grave manipulación de la prueba en el Juzgado de Instrucción Nº 1 a cargo del Dr Cadelago Filippi”.
La acusación se basa en la investigación que dispuso el propio Cadelago Filippi sobre varios chips de celulares que tiene en su poder, para lo cual contrató con todos los gastos pagos al Teniente Primero de la bonaerense Daniel Giles, quien según Salomón “carecía de títulos, especialización, certificaciones académicas y que solo invocara `tener 12 años de antigüedad´, ignorándose si como policía y/o respecto a que otro tipo de función”.
Para el penalista, Cadelago Filippi “impidió que la Defensa pudiera nombrar un Perito para controlar el trabajo del Teniente Giles, porque se ignoraba y aún se desconoce de qué medios y/o instrumentos se valía el Funcionario de la DAIC para trabajar con los teléfonos que se le pusieron a disposición”.
Sobre el informe que dejó Giles antes de volver a La Plata, han pasado veintidós días hábiles “y pese a que los pedidos formulados, el Juzgado no ha proveído a la Defensa la copia respectiva”, asegura Salomón y aunque no lo señaló, tampoco ha sido publicado en el sistema informático IURIX, según señalan desde el mismísimo Juzgado porque no se habría podido subir esa información, algo que despierta suspicacias, puesto que estamos en la provincia cuyo gobierno central se jacta de ser la más informatizada, pero los genios del Poder Judicial no han podido con un simple archivito que dejó el policía.
“No solo está impidiendo que podamos ejercer el Derecho de Defensa en Juicio, sino que ha paralizado toda la investigación, no disponiendo la producción de ninguna medida de prueba alguna y se teme por las consecuencias emergentes de ante la manipulación del informe relacionado con los teléfonos”, dice Salomón en el comunicado enviado a varios medios periodísticos, agregando que “ante esta situación, se ha presentado un escrito a la Excma. Cámara del Crimen Actuante para que en uso de las facultades de Superintendencia que detenta, proceda a intimar al Juez a cumplir con sus obligaciones conforme a lo establecido en el texto Constitucional y la Ley correspondiente”.
Para Salomón, “evidentemente, estamos inmersos en una situación de extrema INJUSTICIA, donde se utilizan todos los medios para perjudicar la Defensa del Justiciable Diego Lorenzetti y beneficiar a otras personas que deberían ser investigadas”, en obvia referencia a Alberto Leyes sindicado por uno de los testigos como el instigador del crimen, pero que nunca se investigó.
El penalista finaliza el parte afirmando que “de esta manera la presión externa está aniquilando principios fundamentales que no solo perjudican a mí representando, sino que mañana puede ser el calvario a sufrir por cualquiera de las personas de nuestra comunidad. Como siempre lo expresado es la verdad, respetando la Administración de Justicia y luchando contra LA IMPUNIDAD Y LA INJUSTICIA. Nuestra comunidad merece una Justicia Independiente, honesta y capacitada para asumir el rol que establece nuestra Constitución”.
Carlos Rubén Capella
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