El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez se sumó a las voces en contra del proyecto de modificación del Ministerio Público Fiscal. “La reforma que propone Cambiemos es inconstitucional”, consideró el especialista. Y advirtió que se trata de una ley “con nombre y apellido”, en referencia a la procuradora general Alejandra Gils Carbó, a quien se intenta desplazar con esta reforma.
En diálogo con Política Argentina, Gil Domínguez -abogado de Clarín durante las audiencias sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y actualmente miembro de la comisión que redacta la nueva Ley de Convergencia de Medios- recordó que en los debates de la Convención Constituyente de 1994 una mayoría decidió que el cargo del responsable del Ministerio Público no tuviese plazo, ante un dictamen de la minoría que en cambio proponía un plazo de cinco años más una reelección. Por eso, el constitucionalista advierte que la reforma impulsada desde el Gobierno no respeta el mandato constitucional y busca por el contrario una vía para remover a Gils Carbó.
La función del MP es procurar que la Justicia actúe en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad. Fue configurado como un órgano con autonomía funcional y financiera, independiente de los demás poderes. El próximo miércoles, la Cámara de Diputados prevé votar el proyecto de reforma fiscal de Cambiemos, que recibió fuertes críticas.
En línea con la postura de Gil Domínguez, diversas organizaciones y entidades del ámbito del derecho consideran que la modificación del Ministerio Público que se plantea es inconstitucional. Así lo señalaron, por caso, referentes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). También la Lista Celeste de la Asociación de Magistrados difundió un comunicado en ese sentido, mientras que organismos de derechos humanos firmaron un documento advirtiendo que es “una reforma colonizadora del Ministerio Público Fiscal”.