El fiscal hizo su pedido en base a un confuso estudio del buitre Paul Singer que atribuyó cuentas en Nevada a empresarios u operadores supuestamente vinculados al anterior gobierno. La acusa de haber ocultado ese informe.
Por Raúl Kollmann para Página/12
El fiscal Guillermo Marijuán pidió que Cristina Fernández de Kirchner sea indagada por encubrimiento en base a un estudio hecho en Estados Unidos por los fondos buitres. La base argumental es que Paul Singer analizó cuentas en Nevada pertenecientes a financieras y cuevas de Buenos Aires y buscó cuáles de esos fondos depositados podrían pertenecer a empresarios u operadores vinculados con el anterior gobierno.
El miércoles por la noche, sitio web El Destape difundió un audio en el que el fiscal se ufana de la medida ante un interlocutor desconocido: “Decile que lo más importante, además del pedido de indagatoria, es que la dejo al borde de la detención con la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer ante el tribunal”, se escucha decir a Marijuán. Hacé clic acá para escucharlo
Singer presentó su informe, diciendo que existen cuentas de los Báez, Federico Elaskar, Fabián Rossi y Leonardo Fariña para reclamarle al juez norteamericano que ese dinero debía ser incautado y entregado a los buitres. A raíz de que los papeles se presentaron en el litigio de Singer con la Argentina, la entonces procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, recibió un confuso informe de esas cuentas y ahora Marijuán asegura que CFK debió saber de ese informe, de la existencia de supuestas cuentas de Lázaro y Martín Báez y que debió denunciarlo a la justicia. Marijuán no presenta ninguna evidencia de comunicación alguna a la ex presidenta –ni un mail ni documento ni un testimonio– y tampoco existe la obligación que un mandatario esté al tanto de todas las causas que lleva adelante el Estado y que son las que atiende la Procuración del Tesoro. El informe de los buitres es tan confuso que, por ejemplo, se habla de una transacción de Néstor Kirchner, después del fallecimiento del ex presidente. Pero se trataría de un movimiento del Banco de Santa Cruz cuya sede está en la avenida Néstor Kirchner. Tampoco están claras las cifras de los movimientos y, por supuesto, los buitres no informaron de quién son las otras cuentas de Nevada. Por ejemplo, está acreditado en el expediente que, Angelo Calcaterra, primo del presidente Macri, también operaba con la financiera SGI, que a través de Helvetic operaba en Nevada, el Estado norteamericano que es un paraíso fiscal. Lo más probable es que el juez no tome ninguna decisión por un tiempo hasta que no esté claro el informe, para lo cual lo reenvió a varios organismos con el objetivo de que lo analicen.
Tándem
La dupla Marijuán-Clarín volvió a funcionar a plenitud cuando el fiscal salió a bancar las supuestas investigaciones de ese diario, aunque en verdad la investigación la hizo Paul Singer. El fiscal le pidió al juez Sebastián Casanello que cite a CFK a indagatoria por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento. También reclamó que a la ex mandataria se le impida salir del país por tener varias denuncias en su contra. El mismo pedido de indagatoria por los mismos hechos y delitos apuntaron también a Axel Kicillof.
Marijuán dice que la ex presidenta debió conocer el informe de Singer, enviado a Abbona por el estudio Cleary, Gottlieb, Steen y Hamilton, que representaba a la Argentina en el conflicto con los buitres. Ese estudio hoy trabaja para el gobierno de Macri y, curiosamente, representa al Grupo Clarín en el proceso de división que se presentará en la bolsa de Wall Street.
En su momento, Singer consiguió del juez Thomas Griesa una orden de “discovery”, que significaba la búsqueda de bienes de una lista de empresarios u operadores a los que vinculaba con el gobierno anterior y que, según Singer, serían fondos del Estado. Una vez determinadas las cuentas y los fondos, Singer reclamaba su incautación y transferencia a los fondos buitres.
Financieras
En lo que se ha difundido hasta el momento, se da a entender que las cuentas y sociedades de Nevada son propiedad de funcionarios o empresarios kirchneristas. Por de pronto, no apareció ninguna cuenta de CFK ni de su familia, uno de los objetivos ansiados. Pero ni siquiera se encontraron fondos de algún funcionario del anterior gobierno. Básicamente lo que se detectaron fueron cuentas y movimientos de empresarios –entre ellos Lázaro y Martín Báez– que recurrieron a determinadas financieras o cuevas que actúan en la city porteña. Una de las razones por las que aparecen tantas cuentas y sociedades vinculadas con una empresa que se llama Aldyne es porque detrás estaba Helvetic, la financiera que movía fondos, principalmente en negro, de empresarios argentinos.
Los buitres seleccionaron de los movimientos de dinero los que podían tener relación con el anterior gobierno –Elaskar, Rossi, Fariña, los Báez– y mantuvieron en secreto el detalle de la totalidad de la plata, que obviamente incluye a empresarios argentinos de todo tipo y color. Como en el caso de las 4.040 cuentas del HSBC o las cuentas de JP Morgan en Estados Unidos o las sociedades que aparecieron en los Panamá Papers, también en Nevada se trata de esconder la evasión y los fondos en negro. Según aparece sugerido en la causa judicial, la financiera SGI, origen de los fondos que se movieron en Nevada, tenía como clientes no sólo a Báez y Calcaterra, sino a algunos de los clubes más importantes del país, a altísimos funcionarios del actual gobierno, a empresas de electrodomésticos y a encumbrados empresarios de la construcción.
La procuración del Tesoro es la jefatura de todos los abogados del Estado e interviene en los miles de litigios en los que el Estado denuncia o es denunciado. El actual procurador, el radical Carlos Balbín, es la punta de lanza que utiliza Marijuán contra Abbona y ahora contra Cristina y Kicillof.
Balbín empezó entregándole al juez Casanello el informe de los buitres y señalando que se debió usar en las causas judiciales contra Báez. El informe no se entendía y el juez lo mandó a la Procuraduría de Criminalidad Económica (Procelac) para que tratara de aclararlo. El viernes pasado la Procelac envió su informe, pero tampoco en este texto están las cosas nítidas. Nadie sabe realmente de dónde sale la cifra de 500 millones de dólares y es confuso. Casanello le mandó todo de regreso a la Procelac para que siga aclarando lo que se pueda aclarar y también se lo remitió a la AFIP y la Unidad de Información Financiera.
La lógica indica que el magistrado no hará movimientos de importancia hasta que no aparezcan pruebas fehacientes. Como el informe de los buitres fue enviado por el estudio neoyorquino, Casanello y Marijuán pedirán por exhorto que respondan por escrito. Incluso el juez y el fiscal barajan la posibilidad de ir a tomarle declaración, en el consulado, al integrante argentino del estudio Cleary, Gottlieb, Steen, Hamilton. Una vez que la información esté completada el proceso se iniciará por los que comprobadamente recibieron el texto, empezando por Abbona. El tema no sólo interesa por esta última acusación contra la ex presidenta y el ex ministro de Economía, sino principalmente por la cuestión del lavado de dinero que se le imputa a Báez. En la misma línea, se está buscando la información sobre los fondos del constructor y su familia en Suiza.
Defensas
Todo indica que Abbona se defenderá sosteniendo que no tenía ninguna obligación de enviarle el informe a Casanello, entre otras cosas porque se trataba de un armado de los buitres y no correspondía darle ninguna entidad a Singer y sus cómplices. Por otra parte, la orden de “discovery” fue pública y ni siquiera el fiscal Marijuán, que instruye la causa por el lavado de dinero, le envió una comunicación a Abbona señalándole que quería conocer los resultados de cualquier investigación o informe. Por último, como ya señaló Laura Alonso, de la Oficina Anticorrupción, la existencia de una cuenta en el exterior no es un delito en sí mismo, de manera que no había un delito por denunciar. El abogado de Abbona es Alejandro Rúa.
Es seguro que CFK será representada en el expediente por Carlos Alberto Beraldi. El letrado todavía no se presentó en la causa, pero tiene a favor que el fiscal no exhibió ninguna evidencia de que CFK haya encubierto el informe. Marijuán utilizó el tradicional “no pudo desconocer” con el cual se pretende irradiarle a la ex presidenta responsabilidad sobre todo.
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