En caso de que el tribunal acepte la apelación del Ejecutivo enviará el caso a la Corte Suprema para que defina la constitucionalidad o no del tarifazo.
La convocatoria para resolver la cuestión el jueves fue dispuesta luego de que la semana pasada, en el marco de la feria judicial, las asociaciones civiles que obtuvieron la sentencia que frenó el aumento contestaran a la apelación del Gobierno nacional contra esa resolución.
Ahora la Sala II, compuesta por los jueces César Álvarez, Olga Calitri y Leopoldo Schifrin, tendrá que decidir si acepta la apelación del Gobierno y en caso de hacerlo deberá definir si gira el expediente a la Corte Suprema de Justicia Nacional con efecto «devolutivo» o «suspensivo». Si la Cámara le otorgara efecto «devolutivo» a su fallo, el aumento en el gas quedará sin aplicación hasta que el máximo tribunal del país resuelva la cuestión de fondo, aunque si le da «efecto suspensivo» el Ejecutivo podrá avanzar con el tarifazo y cobrar la suba hasta que defina la Corte.
La judicialización del aumento del gas comenzó el 7 de julio, cuando la Sala II declaró «nulas» las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y Minería, que dispusieron la suba, y ordenó «retrotraer» la situación tarifaria al 31 marzo. El fallo surgió tras las apelaciones de las asociaciones civiles CEPIS y Consumidores Argentinos, y del Ejecutivo a la resolución del Juzgado Federal de primera instancia 4 de la capital provincial, que ordenó convocar a una audiencia pública para debatir los aumentos que empezaron a regir en abril.
La Cámara tomó la apelación de las tres partes y, tras señalar que «la Audiencia Pública es un mecanismo de participación ciudadana, que refuerza los principios de acceso a la información y a la transparencia de las actuaciones estatales», declaró la «nulidad» de las resoluciones de Energía.
Sin embargo, el 12 de julio el Gobierno apeló y pidió que mientras se analizaba ese recurso, se suspendiera la resolución que frenó la suba. Esa última petición del Ejecutivo fue rechazada el 15 de julio por la Cámara, que ratificó la vigencia del fallo que suspendió los incrementos. Tres días más tarde la Cámara Federal habilitó, por pedido del Gobierno, la feria judicial para tratar la apelación y pidió a las demás jurisdicciones federales que le remitan los 46 expedientes que se abrieron en todo el país contra la suba del precio del gas.
La apertura de la feria aceleró los tiempos de los demandantes para presentar sus fundamentos contra la suba y los de la Sala II de la Cámara, que resolverá dentro de 48 horas si acepta la apelación y, en ese caso, si gira el expediente a la Corte con el ajuste suspendido o no.