Durante la reunión convocada por la oposición, la jueza federal y ex esposa del fallecido fiscal de la AMIA consideró que «todo juicio de valor» sobre la investigación «interfiere y condiciona el trabajo de los jueces y fiscales». Pidió un trato «prudente, ético y responsable» a «los poderes del Estado» y a los medios y planteó a la fiscal y a la jueza de la causa que «la desmedida, inusitada exposición mediática» de las medidas de prueba «conduce a alejarnos de la verdad». También reveló que pidió a la Defensoría General que analice «denunciar el caso» ante la CIDH.
Sandra Arroyo Salgado se presentó a la reunión que distintos bloques de la oposición organizaron para discutir sobre el caso de la muerte del fiscal Nisman y en la que dieron discursos los fiscales que convocaron a la marcha del próximo 18 de febrero, ex miembros del ministerio público, jueces e intelectuales.
Mientras esta convocatoria se desarrollaba en el Salón Azul del Congreso, el Senado de la Nación había comenzado a debatir el proyecto de creación de la nueva Agencia Federal de Investigaciones, y en el inicio de la sesión también estuvo Arroyo Salgado, quien agradeció el homenaje a Nisman que le hicieron los senadores que dieron quórum y participan del debate.
«No soy oficialista ni opositora, y en esta coyuntura no tengo una definición política (…) y no se me escapa que esta convocatoria es realizada por un consenso parlamentario de la oposición», aclaró la magistrada al inicio de su alocución, y aclaró que, no obstante, «concurro a este espacio institucional en el convencimiento de que la búsqueda de la verdad y justicia constituyen una política de Estado».
Recordó que en ese lugar «paradójicamente» debía «estar Nisman» y consideró que la denuncia planteada por el fiscal «impactaba de lleno a la institucionalidad» del país, y luego se explayó sobre dos ítems: la independencia del Poder Judicial y del ministerio público, y la actualidad política devenida de la muerte de su ex esposo.
Sobre el primer punto sostuvo que «todo juicio de valor, del ámbito que provenga, en nada contribuye, sino que condiciona el trabajo de todos los jueces y fiscales en el camino por la verdad, justicia en una investigación insipiente» que trata de esclarecer de las causas de la muerte de Nisman. «Esos juicios interfieren y condicionan la labor del Poder Judicial y del ministerio público fiscal», enfatizó y pidió «actitudes responsables» son solo de «los funcionarios, sino de la sociedad en su conjunto y en el tratamiento del caso en los medios de comunicación».
Arroyo Salgado pidió «prudencia, respeto y ética para la investigación y mis colegas» y demandó «no seguir politizando un hecho en el que todavía restan muchas cosas» por esclarecer.
Por otra parte, reveló que solicitó a la jueza Fabiana Palmaghini y a la fiscal Viviana Fein que el proceso que tienen a cargo «se ajuste a los postulados que establece el Código de Procedimiento de la Nación» en materia de los «principios de publicidad» del caso, porque «la desmedida e inusitada exposición mediática que están teniendo cada una de las pruebas» fueron «desnudando el curso de la investigación», y esto «conduce a alejarnos de la verdad».
«La sobreexposición mediática facilita la impunidad de quienes pueden ser los responsables de este hecho», dijo y remarcó que debido a que el procedimiento establece que «los sumarios solo son públicos para las partes» involucradas en el caso, «publicar o anticipar los cursos de investigación, conspira contra el proceso» judicial.
Por último, reveló que le solicitó a la Defensoría General de la Nación que «evalúe poner a consideración la posibilidad de denunciar el caso (de la muerte de Nisman) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», y pedir también que este organismo «designe un veedor para esta investigación».