Un fiscal solicitó que se condene a seis años de prisión a un inspector del gobierno porteño que en 1997 habilitó, presuntamente tras cobrar una coima, el boliche Cromañón, en el que en 2004 murieron 194 personas que asistían a un recital de la banda Callejeros.
Un fiscal solicitó que se condene a seis años de prisión a un inspector del Gobierno porteño que en 1997 habilitó, presuntamente tras cobrar una coima, el boliche Cromañón, en el que en 2004 murieron 194 personas que asistían a un recital de la banda Callejeros.
La solicitud fue formulada por el fiscal Fabián Céliz en el marco del juicio oral que se le realiza a Roberto Calderini, a quien se acusa de los delitos de «falsedad ideológica de documento público y cohecho».
Al exponer ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3, el fiscal también solicitó que Calderini sea «inhabilitado de forma absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos», ya que actualmente sigue trabajando en el área de Policía del Trabajo del Gobierno porteño.
Céliz explicó que en abril de 1997, el inspector denegó la habilitación del local y cuatro meses después, en junio, en idénticas circunstancias, la aprobó pese a que no se había realizado ninguna reforma.
Por eso, el fiscal concluyó que Calderini recibió dinero para la habilitación, ya que no era amigo ni conocía a nadie de la sociedad Lagartos -que explotaba Cromañón en esa época- y tampoco había otro motivo para hacerlo.
Por su parte, el abogado José Iglesias, único querellante por las víctimas en este juicio, pidió para el imputado una pena de 9 años de prisión y el doble de ese tiempo de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Iglesias hizo un repaso de cómo funcionaba el área de habilitaciones en 1997 y recordó que debido a que tres años antes se había incendiado el boliche Kheyvis de la localidad bonaerense de Olivos -en el que murieron 17 jóvenes-, era necesario tener un certificado de Bomberos para funcionar.
El abogado dijo que era «falso» el informe de habilitación elaborado por Calderini y que si bien en la primera ocasión había concurrido al lugar, en la segunda ni siquiera lo había hecho.
Como ejemplo, citó que el boliche situado en Mitre al 3.000, de la zona porteña de Once, medía 1.800 metros y que él lo habilitó por 1.470.
También dio por acreditado que el cohecho existió en base a la existencia de tres expedientes iniciados en el Gobierno porteño referidos a la habilitación, ya que en el primero se negó, luego se clausuró el local y luego se permitió su funcionamiento.
Tras escuchar a ambas partes, los jueces Gustavo Rofrano, Miguel Ángel Caminos y Gustavo Valle pasaron a un cuarto intermedio hasta el jueves, cuando será el turno del alegato del abogado Martín Orozco, defensor de Calderini.
El incendio ocurrió la noche del 30 de diciembre de 2004, cuando comenzaba el recital del grupo de rock Callejeros en el boliche, habilitado para un millar de personas pero donde había alrededor de 5.000.
Mientras se entonaban los acordes del primer tema, decenas de jóvenes encendieron bengalas y pirotecnia denominada «tres tiros» que provocaron un incendio en la media sombra que recubría el techo del local, lo que generó un humo tóxico que terminó con la vida de 194 personas.
Esto convirtió a Cromañón en el hecho con más muertos en la historia argentina por causas no naturales.
En 2007, se realizó el primer juicio oral conexo a la causa principal, en el que fueron condenados tres jefes de Bomberos y dos empresarios.
El martes, la Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas del segundo y principal juicio, en el que fueron hallados responsables del hecho el gerenciador Omar Chabán (ya fallecido); su mano derecha, Raúl Villareal; los músicos de Callejeros encabezados por Patricio Santos Fontanet y tres funcionarios porteños.
Por eso, desde el miércoles pasado están, todos, otra vez detenidos cumpliendo su pena.
Por su parte, el escenógrafo Daniel Cardell y la ex funcionaria porteña Ana María Fernández gozan de libertad condicional porque fueron condenados a 3 años de prisión.
En tanto, ya estaban presos el ex subcomisario Carlos Dí­az y el ex manager de la banda, Diego Argañaraz, cuyos recursos se revisan por separado.
En el tercer juicio que se hizo por el caso en 2012, fue condenado el empresario Rafael Levy, dueño del predio donde funcionaba el boliche, mientras que fueron absueltos el ex secretario de Seguridad porteño Juan Carlos López, el ex comisario Gabriel Sevald y los ex funcionarios Enrique Carelli y Vicente Rizzo.