La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, promulgó este lunes la ley sobre el financiamiento de campañas electorales para dejar “el poder del dinero fuera de la política”.
La nueva ley consagra una financiación estatal a los partidos de 6.000 millones de pesos (8,7 millones de dólares) anuales entre las agrupaciones legalmente constituidas y que cumplan con las nuevas exigencias a nivel de transparencia.
Un 20 % del total corresponderá a un aporte básico que se dividirá entre los partidos, mientras que el resto se entregará de acuerdo a la representación parlamentaria o votos conseguidos en los últimos comicios.
Bachelet afirmó que “las normas que hoy día promulgamos establecen un conjunto de medidas que imponen obligaciones y límites muy precisos a la actividad partidaria y electoral, entre otros aspectos, transparentando y democratizando la vida interna de los partidos y eliminando definitivamente el poder del dinero del financiamiento electoral”.
La nueva ley fija un financiamiento estatal para los partidos políticos, prohíbe los aportes de personas jurídicas o empresas y rebaja el límite del gasto electoral, aunque mantiene los aportes anónimos con la denominación de “aportes menores sin publicidad”.
La presidenta añadió que “a partir de ahora, con estas nuevas leyes, las reglas del juego de la política chilena cambiaron; son más exigentes, más transparentes, con pérdidas de escaño para quienes cometan infracciones graves a la ley electoral. Las empresas ya no van a poder financiar a candidatos, entre otras prohibiciones”.
La presidenta cerró su discurso remarcando que “no queremos para Chile una política que se hace o a espaldas de la gente o que pueda verse contaminada con el dinero; no queremos que triunfe el que pone más carteles o el que contrata más brigadistas; no queremos que en los partidos las designaciones se hagan a dedo, ni que existan barreras para los que quieran trabajar desinteresadamente por su país; no queremos que las mujeres y los jóvenes queden fuera del liderazgo político”.