San Luis (LaNoticia) 02-02-16. Beneficiarios del Plan de Inclusión Social demostraron su disconformidad por su situación laboral en la ex Colonia Hogar.
Muchos beneficiarios del Plan de Inclusión Social fueron dados de baja en los lugares donde desarrollaban sus tareas e incluso denunciaron mediáticamente que no cobraban el beneficio desde hace algunos meses. Debido a esto, un grupo muy importante de beneficiarios se congregó en el edificio de la ex Colonia Hogar, en la zona de Puente Blanco, sede del Ministerio de Inclusión, para reclamar una solución.
Los ánimos estaban tan caldeados que tuvo que llegar al lugar la mismísima ministro de Inclusión Social, Alida García Peanú, para hablar con los exaltados beneficiarios y allí mismo convocó a la prensa para comunicar la `solución´ a los problemas. Eso sí, advirtió que quienes están en esa condición son “demasiados” como para solucionarles los problemas a todos, por lo que iba a haber una “selección”.
En ese orden, la ministro señaló que “los beneficiarios seleccionados estarán dos meses con un convenio de adhesión voluntaria de capacitación en administración pública. Una vez finalizada esa etapa pasarán a una segunda parte de nueve meses de práctica laboral rentada y por último accederán a un contrato”, aclarando que esto se concretará luego de cumplimentar todos los requisitos que se vayan solicitando.
La funcionaria explicó que los Ministerios pasaron un listado de los beneficiarios del Plan que querían que continuaran trabajando en esas áreas, que son alrededor de dos mil personas, de alrededor de cuatro mil -o más- según las malas lenguas.
Estas personas empezarán a realizar un proceso de tres etapas: en primer lugar, iniciarán con un convenio de adhesión voluntaria de capacitación en administración pública durante dos meses, período en el cual cobrarán el sueldo del Plan más un plus de $ 1.900 (lo que haría un total de $ 3.800 por mes). Una vez finalizada esa etapa, con un informe de desempeño y un 90 % de asistencia, pasarán a una segunda parte de nueve meses de práctica laboral rentada. Y terminada esta etapa, pasarán a un contrato, siempre y cuando hayan cumplimentado los requisitos que se les solicite oportunamente.
En cuanto a los beneficiarios que no resultaron elegidas para continuar trabajando en las carteras ministeriales, García Peanú expresó que “todas las personas que no fueron seleccionados en los Ministerios tienen que inscribirse en los cursos de capacitación, para luego pasar a la etapa de inserción laboral a través de los convenios que tenemos con distintas empresas”.
“El Plan y los $ 1.900 no se les saca a nadie”, avisó la funcionaria, quien agregó que “el horario que la gente ocupaba trabajando, lo va a ocupar haciendo los cursos de capacitación”. Por un lado, la mitad de los beneficiarios estará en los Ministerios y la otra mitad tendrá la chance de perfeccionarse e insertarse en el mercado laboral privado.
“Financieramente, por la cuestión de emergencia que tenemos en este momento, no pensamos llegar a absorber a tantos y al final son dos mil personas”, las que quedarán en la órbita pública, concluyó la ministro.
Carlos Rubén Capella
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