San Luis (LaNoticia) 16-12-15. A menos de una semana de la asunción del nuevo presidente de la Nación y de la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, ya se conocieron las primeras denuncias por “persecución política e ideológica”. Una decena de efectivos de la policía bonaerense sin identificación, en tres patrullas sin patente, clausuró el Centro de Artes Batalla Cultural, en Vicente López, golpeando, arrastrando e insultando a las personas que trabajaban en el lugar. Allí se desarrollan talleres varios, actividades intelectuales, seminarios, actividades musicales y teatrales para todos los vecinos.
Los monopolios mediáticos intentan instalar un “cambio” político, y es verdadero, pero el sentido profundo de esta modificación es, fue y será cultural. La fuerza política vencedora en los últimos comicios así lo reconoce y lo practica. Los embates sobre el AFSCA y la AFTIC, empeñándose en violar una ley de la Democracia, el amedrentamiento y presión sobre la Procuradora General de la Nación, son sólo algunos ejemplos.
En coherencia, la Ministra de Seguridad de la Nación, la misma del recorte del 13 % a los jubilados, es la responsable de la muerte de los gendarmes en Salta, a quienes envió a reprimir a Jujuy manifestaciones pacíficas. Ella es la que actualmente pide la filiación política de los trabajadores de su Ministerio.
¿Comenzó la caza de brujas? ¿El macarthismo, otra vez en superficie?
Por otro lado, el artículo 23 del DNU sobre el rol del ministerio de Educación de la Nación plantea que se debe hacer cargo en todo lo referente a la educación conforme a las leyes nros. 24.195, 24.521, y el Pacto Federal Educativo (Ley N° 24.856) y a las demás leyes y reglamentaciones vigentes y que se dicten en consecuencia. Estas leyes fueron aprobadas en los años 1993, 1995 y 1997 y corresponden a la ley Federal de Educación, aquella que establecía la obligatoriedad del inicio de escolaridad a partir de los 5 años, y la división entre los niveles E.G.B y Polimodal. Se estructuraron durante la década de 1990 y fueron el origen de la Carpa Blanca Docente. En el decreto se obvian las nuevas leyes que se sancionaron y organizaron el sistema educativo en la última década, como la de Financiamiento educativo (26.075), Educación Nacional (26.206), Educación sexual integral (26.150), fondo Nacional de incentivo docente (25.864), Educación Técnico-Profesional (26.058), ley de 180 días de clase y de garantía del salario docente (25.864). ¿Qué pasará con los Derechos de los docentes, de los estudiantes y su familia? ¿Retrocederá el país a la educación expulsiva, cerrada, sin escuelas técnicas ni artísticas? ¿Volverá el salario docente al nivel de la década del 90?
Y la coronación de todos estos actos antidemocráticos e inconstitucionales, es la designación, por el Decreto 83/2015, de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como jueces “en comisión” de la Corte Suprema de la Nación. Y es inconstitucional porque el inciso 19 del artículo 99 de la Constitución Nacional dice que pueden designar en comisión empleos sin acuerdos del Senado, son los empleos del Ejecutivo como embajadores o altos oficiales de las FF.AA., de ninguna manera la cabeza de otro poder. A menos que el presidente conciba a los jueces de la Corte como “empleados”!
Un gobierno que beneficia económicamente a las corporaciones rurales e industriales importadoras, que perjudica a las clases populares, necesita de estas medidas represivas, persecutorias e inconstitucionales para sostener la “apertura al mundo”, esa que llevó a la Argentina a una crisis profunda que, hay que recordar, costó la vida de muchos compatriotas.
Rápidamente se ha caído la careta, pero posee un blindaje mediático que pretende perpetuar la primavera y la revolución de la alegría que inventaron. La misma alegría, dijo el presidente, con que hay que continuar pagando el impuesto a las ganancias.