El titular del bloque del FPV, Miguel Ángel Pichetto, anunció que se tomaron «aportes hechos por el CELS y por el diputado Marcelo Saín» para algunas modificaciones realizadas en el proyecto que crea la Agencia Federal de Inteligencia. Confirmó que las escuchas telefónicas estarán en la órbita del Ministerio Público Fiscal, tal como estaba previsto en el texto enviado por el Ejecutivo. La oposición volvió a ausentarse y anunció que hará una audiencia pública el miércoles.
En el marco del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, el oficialismo firmó el dictamen a favor del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que prevé la creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
El jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, ratificó que las escuchas telefónicas pasarán a la órbita del Ministerio Público Fiscal, tal como establecía el proyecto enviado por el Ejecutivo, lo que fue uno de los puntos más cuestionados por la oposición. «Hay que mirar más allá de quienes ocupan los cargos, acá estamos hablando de una institución y no de nombres particulares”, afirmó Pichetto.
«Este debate lamentablemente no se ha dado en un marco plural por la decisión de la oposición de no participar del mismo. Pero esa es la realidad», dijo el titular del bloque oficialista en referencia a la ausencia de las fuerzas opositoras.
Mientras se reunía la comisión, los legisladores de la oposición realizaron una conferencia de prensa en la que anunciaron que el próximo miércoles realizarán una audiencia pública en la que buscarán «debatir el esclarecimiento» de la muerte de Alberto Nisman y analizar la denuncia que el fiscal impulsó contra la presidenta Cristina Kirchner por presunto «encubrimiento» de Irán en la causa AMIA. Del anuncio participaron los senadores Gerardo Morales (UCR) y Fernando «Pino» Solanas (Proyecto Sur), y los diputados Mario Negri (UCR), Darío Giustozzi (Frente Renovador) y Federico Pinedo (Unión PRO).
Durante la mañana de ayer, el debate en el plenario de comisiones comenzó con la exposición de Marcelo Saín, diputado provincial y especialista en Seguridad, quien respaldó la iniciativa al sostener que se trata de “una reforma profunda, posible y tangible”, y consideró que “no sólo se cambia el nombre sino que tiene una anatomía funcional diferente”. Por otro lado, Saín propuso mejorar la redacción del proyecto y sugirió, por ejemplo, abandonar el concepto de inteligencia interior, entre otras cuestiones técnicas de “prosa legislativa”.
Por su parte, Horacio Verbitsky, presidente del CELS, exhortó a la oposición a revisar «su decisión de desertar» del debate porque «hay que estar en esta discusión» y recomendó «al partido de gobierno, la necesidad de tomarse más tiempo para el debate de este proyecto tan importante».
El CELS consideró que la reforma del aparato de inteligencia «se puede tornar ineficaz si se aumentan las competencias de la Agencia Federal de Inteligencia» y recomendó «no superponer» en el nuevo organismo «las tareas de investigación e inteligencia criminal». Además sostuvo que «los mecanismos de control de fondos de la AFI y de acceso a la información, demandan un fuerte control parlamentario» e indicó que «el proyecto tiene que definir mecanismos de control» porque «no se puede dejar a cargo del decreto reglamentario».
Tras un cuarto intermedio, los senadores del Frente para la Victoria volvieron al plenario, pasadas las 17 y firmaron el despacho con algunas modificaciones, que no fueron precisadas. Pichetto recordó que el debate continuará hoy en la bicameral de seguimiento de los servicios de Inteligencia, donde podrían surgir nuevos cambios relacionados con «los gastos reservados de estos organismos”.
Entre los cambios introducidos se precisa la descripción de la actividad de inteligencia y se deja explicitada la diferencia entre inteligencia militar o de defensa y la inteligencia de seguridad interior. Se establece que en caso de que un agente decida iniciar una actividad por la premura del caso, la misma debe ser informada inmediatamente a sus superiores y no con un plazo de 72 horas, como establecía el texto original.