El senador y ex guerrillero Antonio Navarro Wolff aseguró que la decisión de la fiscalía de Colombia de investigar a los antiguos jefes de la guerrilla del M-19 afecta el proceso de paz entre el gobierno y las FARC por la inseguridad jurídica que se crearía.
El fiscal general, Eduardo Montealegre, dijo que se investigará si los integrantes del M-19 (Movimiento 19 de Abril) que fueron indultados y amnistiados en el marco del proceso con el gobierno en 1990 incurrieron en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Según Montealegre, puede que la Fiscalía pida levantar esos beneficios si el M-19 incurrió en esas conductas en el asalto al Palacio de Justicia, ocurrido el 6 de noviembre de 1985. Un comando del grupo guerrillero ocupó a la fuerza la sede de los principales tribunales de justicia del país para tomar a numerosos rehenes. En la acción y respuesta militar, que según una Comisión de la Verdad se caracterizó por el exceso de fuerza, murieron 11 jueces, 35 guerrilleros y otras 52 personas, mientras que 11 fueron declaradas desaparecidas.
Navarro Wolff, que integró la cúpula de mando del M-19, aseguró que el anuncio del fiscal complica el proceso de paz entre el gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) porque muestra un probable incumplimiento por parte del Estado.
«Eso suena como que el Estado no tiene la capacidad de cumplir con la palabra empeñada», dijo el senador del partido Alianza Verde a la cadena de radio RCN.
«Es muy inconveniente porque lo vi con mis ojos y lo oí con mis oídos que el gobierno le dijo a las FARC: `mire que el proceso con el M-19 funcionó y demuestra que sí se puede (firmar la paz)´, y ahora vienen a revisar porque creen que no quedó bien», añadió el político. ¿Cómo le vamos a decir a las FARC hoy que si firman los acuerdos no van a quedar blindados esos acuerdos y en algunos años van a revisar lo acordado?», se preguntó Navarro Wolff.
Además, el senador recordó que la imposibilidad de amnistiar o indultar a los autores de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra data de 2001 a raíz del Estatuto de Roma, una década después de la firma del proceso de paz que permitió el desarme y desmovilización del M-19.
Otro ex jefe del M-19, Otty Patiño, criticó que la Fiscalía vaya a abrir una investigación sobre una «cosa juzgada» y dijo que incluso habría que revisar la actitud de la Corte Suprema de Justicia, que en su momento avaló el indulto y la amnistía para los miembros de ese grupo.
«Sorprende la incoherencia con la que actúa el fiscal», dijo a su vez el senador y ex guerrillero del M-19 Everth Bustamante, que ahora milita en el partido de derecha radical Centro Democrático.
A pesar de haber ocurrido hace 30 años, la investigación del asalto al Palacio de Justicia ha estado muy activa en los últimos días. La Fiscalía anunció hace tres semanas que logró la identificación de los restos de tres mujeres que estaban en el grupo de desaparecidos, tras lo cual llamó a declarar a 14 oficiales del Ejército por presuntas torturas a dos personas que estaban en el palacio.
Asimismo, el organismo llamó a declarar a Jaime Castro, Enrique Parejo y Noemí Sanín, quienes eran ministros de Gobierno (Interior), Justicia y de Comunicaciones, respectivamente, en el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur, que gobernó desde 1982 a 1986.
Betancur, de 92 años y retirado de la actividad política pidió dos veces perdón al país por los errores que pudo haber cometido en ese caso al pronunciarse la semana pasada sobre el llamado «Holocausto de la Justicia».
