Se trata de “medidas humanitarias inmediatas” para buscar a decenas de miles de desaparecidos oficialmente en Colombia.
Ambas partes anunciaron que la tarea se realizará a través de una unidad especial que tendrá el apoyo de la Cruz Roja.
Esa búsqueda se realizará mediante la creación de una “unidad especial de alto nivel con carácter excepcional y transitorio”, que contará con apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), se informó en un comunicado conjunto divulgado en La Habana.
La primera parte de esas medidas, que procuran realizar la “búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas”, se pondrá en marcha “antes de la firma del acuerdo final” de paz, que ambas partes se comprometieron a alcanzar antes del 23 de marzo próximo.
Mediante la decisión, las partes procuran “aliviar el sufrimiento de las familias de las personas dadas por desaparecidas y, de esta manera, contribuir a la satisfacción de sus derechos”, señala la nota, que fue leída por los representantes de Cuba y Noruega, los países garantes del diálogo iniciado el 19 de noviembre de 2012.
Según datos de la fiscalía colombiana, la cantidad de desaparecidos puede ser superior a 45.000 e incluye tanto víctimas de las organizaciones guerrilleras como de grupos paramilitares y fuerzas del Estado.
De acuerdo con el texto del comunicado, las FARC se comprometieron a suministrar la información que tengan para facilitar la búsqueda, la ubicación, la identificación y la entrega de los restos de personas que hayan muerto durante el conflicto armado y aún estén consideradas como desaparecidas.
Paralelamente, el gobierno aseguró que acelerará la identificación y la entrega de los restos de personas que hayan muerto en acciones de las fuerzas públicas y todavía estén registradas como no identificadas.
La nota precisó que una vez que se obtengan todos los datos necesarios, se “definirá un plan de trabajo para que el CICR y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses diseñen y pongan en marcha”, con apoyo de la fiscalía, los protocolos para concretar la tarea.
Además, podrá solicitarse la colaboración de otras organizaciones o instituciones especializadas, agregaron los negociadores.
La segunda etapa, que se pondrá en marcha luego de la firma del acuerdo definitivo de paz, será la creación de la “unidad especial”, en la que las víctimas tendrán una “fuerte participación” y que formará parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Ese grupo coordinará e impulsará las acciones necesarias para localizar a desaparecidos “que se encuentren con vida” o, en los casos de fallecimiento, procurar “la identificación y entrega digna de los restos”.
En todos los casos, el equipo entregará a los familiares de las víctimas un informe en el que reunirán todos los datos que hayan podido hallar.
Todos los procesos que realice la unidad especial “tendrán carácter humanitario y extrajudicial”, y el grupo deberá informar sobre sus progresos “periódica y públicamente”, así como elaborar “un registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas”.
El acuerdo fue saludado por el presidente Juan Manuel Santos y por el propio CICR, que se declaró “listo” para ponerlo en marcha.
“Otro paso por la paz: acuerdo sobre desaparecidos garantiza a víctimas cumplimiento de derechos a verdad, justicia, reparación”, escribió el mandatario en su cuenta de la red social Twitter.
“El CICR está listo para apoyar la implementación del documento; lo haremos con el fin humanitario que guía siempre nuestra acción: aliviar el sufrimiento de las víctimas”, afirmó en un comunicado el jefe de delegación del organismo en Colombia, Christoph Harnisch.
El gobierno de Colombia y las FARC anunciaron el 23 de septiembre pasado un acuerdo clave para juzgar los crímenes y delitos del conflicto, considerado un paso fundamental para cerrar con éxito las negociaciones de paz.
Ese día, durante un encuentro personal en La Habana, Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, convinieron también que las negociaciones de paz deben terminar a más tardar en un plazo de seis meses, es decir, en marzo de 2016.