San Luis (LaNoticia) 14-10-15. El sábado 10 de octubre, la siesta del Parque Industrial de Villa Mercedes se perturbó escandalosamente por la intervención de grupos de la División Criminalística y del grupo COE de la Policía de la Provincia, que reprimieron a los trabajadores que permanecían en los accesos a Tubhier. Con la excusa de cumplir un oficio judicial, dictaminado por el Juez Sergio Ortiz, las fuerzas policiales sometieron ferozmente a los trabajadores y sus familias, que se hallaban en las puertas de la planta, con balas de goma y pintura y golpes de bastones. El responsable del operativo y, fundamentalmente el jefe político de las fuerzas de seguridad provinciales, el gobernador Claudio Poggi, vulneran profundamente los derechos constitucionales.
El derecho de protesta está expresamente reconocido por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales universales y regionales de Derechos Humanos, pues necesariamente está implícito, en la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. También la libertad de opinión y de expresión en el artículo 19 y la libertad de reunión y de asociación pacífica, en su artículo 20. Estos dispositivos imponen a todos los Estados, Nacional, Provincial y Local, el deber de respetar el derecho a disentir y a reclamar públicamente por estos derechos. No sólo reservados al fuero interno, sino a expresar públicamente sus disensos y reclamos. No sólo está reconocido el derecho de protesta, sino el propio derecho de reclamo de derechos ante la justicia, en el artículo 8.
¿Hay desconocimiento por parte de los funcionarios provinciales de esta legislación?
Sería grave, pero más grave aún, es que hay una Política Estatal Provincial que avala la metodología represiva utilizada contra los trabajadores, que lejos está de pertenecer a un gobierno que se denomina democrático. Porque es una práctica habitual de las fuerzas de seguridad de esta provincia que se asemeja y mucho, a los operativos llevados a cabo durante la Dictadura Cívico Militar frente a las protestas sociales.
A más de treinta y dos años de la recuperación definitiva de la Democracia en nuestro país, es indispensable que el poder político asuma responsablemente el Deber de respetar el Derecho a la Protesta, protegido por las legislaciones provincial, nacional e internacional.