De acuerdo con los datos del «Informe Anual Brasileño de Seguridad Pública», en total se registraron 58.559 casos de muertes violentas intencionadas el año pasado, lo que supuso un aumento del 4,8 % frente a 2013, cuando fueron 55.878 las víctimas.
Brasil registró una media de 160 muertes violentas intencionadas al día en 2014, a pesar de que se reforzaron las medidas de seguridad pública en todo el país por la celebración del Mundial de Fútbol, según un informe presentado por el Foro Brasileño de Seguridad Pública.
Este dato implica que en 2014 la tasa de muertes violentas subió a 28,9 casos, frente a los 27,8 de hace dos años, por cada 100.000 habitantes.
La mayor parte de esas muertes fue registrada como homicidio intencionado. Con un incremento del 4,26 %, estos casos pasaron de ser 50.167 en 2013, a 53.305 en 2014.
Las fuerzas del orden aparecen en el informe como la segunda causa principal de muertes violentas, como responsable de un total de 3.022 casos, es decir, de la muerte de ocho personas al día.
Ello supone un notable aumento del 37,2 % respecto a 2013, cuando 2.203 personas murieron por acciones policiales en Brasil.
A su vez, el número de policías asesinados bajó de los 408 casos registrados en 2013 a 398 ocurridos el año pasado.
Los robos violentos provocaron 2.061 muertes en 2014, frente a 1.928 del año anterior en Brasil.
La región nordeste destacó por ser la más violenta del país, con el Estado Alagoas al frente en el registro de tasa de muertes violentas, con 66,5 casos por cada 100.000 habitantes, y el de Bahía a la cabeza del total de asesinatos cometidos, con 6.265 víctimas.
Río de Janeiro fue el segundo Estado en número total de muertes violentas, con 5.714 casos el año pasado, frente a los 5.348 de 2013, lo que supone una tasa de 34,7 casos por cada 100.000 habitantes.
Por su parte, pese a ser el tercer Estado en el total de muertes violentas registradas, con 5.612, San Pablo tuvo la menor tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes, con 12,7 casos.
El Foro Brasileño de Seguridad Pública realizó el estudio con datos obtenidos de las distintas secretarías estatales de Seguridad Pública y Defensa Social.