El Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis aprobó darle el nombre del ex Intendente José Rafael Dopazo al Centro Cultural recientemente inaugurado en la ex Estación de Trenes; decisión que ha despertado buena polémica. Aquella carta.
Polémica que surge en que Dopazo fue uno de los firmantes de aquella carta dirigida a Massera por la que se denunció, en plena dictadura de Videla, a tres hombres de la política sanluiseña. Dos de ellos sufrieron cárcel y torturas, el otro fue asesinado aunque su muerte fuera presentada como accidente.
Esa carta tuvo más de 25 firmantes, entre ellos Dopazo y Alberto Rodríguez Saá. Está la sospecha de que una firma sin aclaratoria sea de su hermano Adolfo.
El original de esa carta fue entregado a uno de los denunciados por un firmante arrepentido y una copia autenticada por escribano fue aceptada como prueba en los juicios por delitos de lesa humanidad realizados por la Justicia Federal en San Luis. Otra prueba la dio unos años antes, otro de los firmantes, ya fallecido, que reconoció su participación y su firma. Se mostró arrepentido por haberlo hecho y se disculpó públicamente.
Estos datos permiten afirmar con certeza que la carta existió y no fue un invento como algunos dicen para protegerse.
A ninguno de los autores se les denunció formalmente, ni nunca se impugnó a aquellos que supieron ocupar cargos en democracia. Sólo la imputación verbal, que se fue diluyendo con los años.
Nunca ningún otro firmante hizo algo más allá de la simple negativa, para vindicarse. Tampoco sus familiares.
Los homenajes
La polémica que despierta hoy la decisión del Concejo Deliberante viene bien para analizar qué significa el dar el nombre de una persona a un edificio, calle o lugar público.
Hacerlo constituye simultáneamente un homenaje a la persona y decirle al pueblo que esa persona es un ejemplo de vida a imitar.
De ahí la necesidad de definir los parámetros a exigir en el momento de hacerlo. Incluso hacer audiencias públicas para escuchar las opiniones fundadas que existan sobre el caso.
Y no aprovecharse de circunstanciales situaciones favorables en lo político para generar homenajes y recuerdos para propios o amigos.
Otro caso
Esta polémica actual, recuerda otro caso, que denuncié sin éxito y sin adhesión alguna hace ya varios años.
El Gobernador Adolfo Rodríguez Saá al inaugurar un nuevo edificio escolar en El Volcán, abandona el nombre de Carolina Tobar García que tenía la anterior escuela y lo bautiza Centro Educativo Nº 6 Subsecretario Carlos Sadoc San Martín.
Éste señor así homenajeado, tuvo una larga trayectoria docente llegando a jubilarse como inspector. Hasta ahí bien, pero más tarde fue Subsecretario de Cultura y Educación en los gobiernos provinciales de las dictaduras de Onganía y Videla. En ambas ocasiones este subsecretario persiguió y cesanteó a docentes. Y permaneció en su cargo durante las detenciones, torturas, asesinatos y desapariciones ocurridas en San Luis.
¿Es correcto que quien haya sido partícipe destacado en las dictaduras sea homenajeado dándole su nombre a una Escuela? ¿Qué mensaje reciben los estudiantes a quienes se les enseña de las atrocidades de las dictaduras, ocurridas merced a la ruptura de la vida democrática, mientras que su escuela lleva el nombre de uno de los integrantes de esas dictaduras?
El artículo 64 de nuestra Constitución Provincial señala la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos a aquellas personas que se desempeñaron en gobiernos de facto. Y está bien. Pero qué contradicción flagrante el que sí puedan dar sus nombres a lugares públicos. Peor aún, si eso ocurre con escuelas, porque así los jóvenes reciben un doble mensaje muy peligroso.
Las denuncias
Hice públicas varias denuncias, incluso ante el por entonces Ministro de Educación del gobernador Adolfo Rodríguez Saá, Dr. Guillermo L´Huillier. También un proyecto de ley para que a ese Centro Educativo se le dé el nombre de Mauricio López; el proyecto fue entregado en mayo del 2006 a diputados de la oposición.
El ministro L´Huillier pasó el tema a la misma escuela en donde se le perdió el rastro. Nunca tuve una respuesta.
Los diputados opositores tampoco tuvieron en cuenta mi proyecto.
Más allá del peso del “lobby” familiar que todos ellos recibieron al igual que yo; surge que una cuestión de influencia de familias amigas es más importante que el doble mensaje que se da a la sociedad.
¿Y ahora?
Sostengo que quien haya participado en las atrocidades cometidas por las dictaduras debe ser juzgado con la fuerza de las pruebas que existan de sus delitos. Y si el ser informante no configura delito, al menos esas personas no pueden ser recordadas y presentadas al pueblo todo como un modelo a seguir.
Pero como corresponde en democracia, con las pruebas en la mano.
En caso de dudas que se resuelva a favor del pueblo, porque éste debe recibir ejemplo claro e inobjetable de sus gobernantes y legisladores.
Si el nombre de Dopazo no es correcto para un Centro Cultural, mucho menos lo es el de Carlos Sadoc San Martín para un Centro Educativo.